El Partido Comunista de China (PCCh) abrirá este lunes en Pekín una reunión de cuatro días que revela un cambio significativo en las prioridades de la dirección: el quinto pleno del XX Comité Central no estará dedicado principalmente a la planificación económica, sino al control interno, la supervisión de los dirigentes y el cumplimiento efectivo de las órdenes centrales. La decisión llega después de años de concentración de poder en torno a Xi Jinping, pero también en un momento en que las purgas dentro de la cúpula política y militar han expuesto las dificultades para convertir la autoridad formal en obediencia operativa.
Un pleno excepcional para corregir la cadena de mando
La reunión, que se celebrará a puerta cerrada hasta el jueves, examinará un proyecto de decisión sobre la disciplina interna del partido. El cambio de agenda tiene un valor político evidente. El quinto pleno suele asociarse con las grandes líneas económicas, pero esa materia ya fue abordada en octubre de 2025. En esta ocasión, la dirección ha reservado el encuentro para una cuestión más básica: cómo garantizar que las decisiones tomadas en la cúspide se transmitan sin distorsiones a los niveles inferiores del partido y de la administración.
El problema no es menor para una organización con más de cien millones de militantes y una estructura que atraviesa todos los ámbitos del Estado y de la sociedad. Una orden central puede ser aceptada públicamente y, sin embargo, aplicarse de manera parcial, lenta o selectiva. La convocatoria del pleno sugiere que Pekín percibe esa brecha como un riesgo de gobernanza, no solo como una falta disciplinaria. La obediencia declarada ya no basta: la dirección busca mecanismos que permitan medir y sancionar el cumplimiento real.
La advertencia de Xi: lealtad pública, autonomía práctica
Xi reconoció en un discurso pronunciado en enero, publicado el 15 de octubre por la revista oficial Qiushi, que algunas decisiones de la cúpula “no se aplican o se aplican de forma incorrecta”. También criticó a los funcionarios que proclaman lealtad política, pero que en la práctica acatan las órdenes solo en apariencia y continúan actuando según sus propios criterios. La formulación apunta a una contradicción central de su mandato: cuanto más se concentra el poder en el líder, mayor es la expectativa de disciplina; pero esa concentración no elimina los incentivos de los cuadros locales para proteger sus intereses, retrasar decisiones o interpretar las directrices de forma conveniente.
El investigador Neil Thomas, del Asia Society Policy Institute, ha advertido que no debe confundirse el dominio de Xi con la omnipotencia. La observación delimita el alcance de las purgas y de la centralización. Xi puede controlar los nombramientos, imponer campañas políticas y castigar a altos cargos, pero la ejecución cotidiana depende de una burocracia extensa, desigual y capaz de absorber las órdenes sin traducirlas plenamente en resultados. Por eso, el pleno probablemente tratará tanto de castigos como de supervisión, evaluación y responsabilidad administrativa.
La purga militar reduce el margen de estabilidad
El debate disciplinario se produce después de una depuración especialmente profunda en la cúpula militar. En septiembre, las autoridades anunciaron la expulsión del partido de Zhang Youxia, antiguo vicepresidente de la Comisión Militar Central, y de Liu Zhenli, exjefe del Estado Mayor Conjunto. Ambos fueron acusados de corrupción y otras infracciones disciplinarias, y las medidas aún deben ser ratificadas por el Comité Central.
La caída de los dos generales ha dejado la Comisión Militar Central, máximo órgano de mando de las fuerzas armadas, reducida a solo dos integrantes: Xi y el general Zhang Shengmin. El contraste con los siete miembros con los que comenzó el actual ciclo político en 2022 muestra la magnitud de la reestructuración. La depuración puede reforzar el control personal de Xi sobre el Ejército Popular de Liberación, pero también evidencia que la confianza en la cadena de mando ha sido sometida a una revisión extrema. Un órgano más compacto facilita la supervisión política, aunque concentra sobre el líder una responsabilidad todavía mayor sobre las decisiones militares y los nombramientos.
412.000 sanciones y una sucesión todavía abierta
La campaña anticorrupción no se limita al ámbito militar. Los organismos disciplinarios chinos sancionaron a 412.000 personas durante el primer semestre de 2026, entre ellas 74 funcionarios de rango provincial o ministerial. La cifra confirma que la disciplina continúa siendo una herramienta permanente de control político y administrativo, no una operación puntual contra unos pocos adversarios. Sin embargo, el volumen de sanciones también plantea una cuestión más profunda: si la vigilancia debe ampliarse constantemente para asegurar el cumplimiento, la dirección puede estar enfrentando un problema estructural de incentivos y supervisión, no solo casos individuales de corrupción.
El pleno se celebra aproximadamente un año antes del XXI Congreso del PCCh, previsto para el otoño de 2027. En ese horizonte, el control interno cumple una doble función. Por un lado, busca estabilizar la organización después de las recientes purgas y evitar que las rivalidades se conviertan en resistencia burocrática. Por otro, prepara la renovación de los principales órganos dirigentes sin que haya emergido una figura visible como posible sucesor de Xi. La reunión, por tanto, no solo trata de imponer disciplina: también pretende asegurar que el sistema llegue a la próxima sucesión institucional sin fisuras visibles. Pero una autoridad más concentrada y una cúpula más depurada no garantizan por sí mismas un gobierno más eficaz. El resultado dependerá de si Pekín logra transformar la lealtad formal en decisiones aplicadas de manera coherente en toda la estructura del partido.
