Las elecciones del 27 de octubre llegan a Israel con un significado que excede la disputa entre Benjamín Netanyahu y sus adversarios. Serán los primeros comicios desde la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023 y funcionarán, al mismo tiempo, como un referéndum sobre la larga etapa de Netanyahu, sobre el fallo de seguridad que permitió el ataque y sobre el modelo de Estado que se ha ido consolidando durante las últimas décadas. El resultado puede cambiar el Gobierno, pero difícilmente cambiará por sí solo el país que acudirá a las urnas.
El número decisivo no es quién gana, sino quién alcanza los 61
Las encuestas dibujan una carrera estrecha. Yashar!, el partido del exjefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot, obtiene alrededor de 22 escaños, ligeramente por delante del Likud, situado en torno a 20. Eisenkot aparece además como el candidato mejor valorado para ocupar el cargo de primer ministro, reforzado por la muerte de su hijo y su sobrino en Gaza, una circunstancia que le concede autoridad moral en una sociedad profundamente militarizada.
Sin embargo, la ventaja de un partido no equivale a una mayoría de Gobierno. El bloque de Netanyahu ronda los 51 escaños y la oposición, los 52, mientras que los partidos que representan a los ciudadanos palestinos de Israel podrían sumar 14. La Knéset exige 61 diputados para investir un Ejecutivo, de modo que el desenlace dependerá de formaciones pequeñas, de los ultraortodoxos no sionistas y de los partidos que hasta ahora han sido tratados como socios ilegítimos.
La aritmética anticipa un periodo de inestabilidad. Puede producirse un bloqueo que obligue a convocar nuevas elecciones, un Gobierno minoritario de Eisenkot sostenido desde fuera por Ra’am, una coalición que incorpore a los ultraortodoxos o incluso una alianza de unidad con Netanyahu. También cabe que diputados descontentos cambien de bloque, aunque ese movimiento tendría un coste político elevado. La votación, por tanto, no resolverá necesariamente la polarización: podría convertirla en una negociación prolongada y más áspera.
La crisis ya no es solo Netanyahu: es el Estado que su bloque ha construido
La campaña se desarrolla sobre una fractura institucional que no comenzó con la guerra. Durante años, una élite de derecha religiosa radical ha trabajado para desplazar a Israel de sus referencias democráticas liberales hacia una visión etnonacionalista. Su proyecto combina la expansión territorial, el fortalecimiento de la ley judía frente a los controles liberales y una concepción de la seguridad que concede prioridad permanente a la fuerza.
El relato del “Estado profundo” y del supuesto “golpe de Estado” de los izquierdistas contra Netanyahu ha convertido la desconfianza hacia jueces, medios y cuerpos de seguridad en una herramienta política central. Al mismo tiempo, los partidos de ciudadanos palestinos han sido demonizados por la derecha y marginados por buena parte del centro y la izquierda, lo que estrecha deliberadamente las opciones de coalición. La cuestión no es solo quién gobernará, sino quién será considerado un interlocutor legítimo dentro de la democracia israelí.
Un Ejecutivo dirigido por Eisenkot podría detener la reforma judicial, crear una comisión estatal de investigación sobre el 7 de octubre y aprobar una ley de reclutamiento para los ultraortodoxos. Esas medidas corregirían abusos concretos y responderían a una demanda creciente de los reservistas, que soportan una carga excepcional desde el inicio de la guerra. Pero no restaurarían el antiguo equilibrio liberal. La expansión de los asentamientos, el control sobre los palestinos y la pérdida de apoyo a la creación de un Estado palestino se han normalizado en gran parte del electorado judío.
Un cambio de Gobierno modificaría el tono, no la doctrina de seguridad
La diferencia entre Netanyahu y Eisenkot sería más visible en la política interna que en la exterior. La doctrina posterior al 7 de octubre, basada en anticiparse a las amenazas, actuar mucho más allá de las fronteras y mantener zonas de amortiguación en territorios vecinos, ha sido asumida por casi todos los partidos judíos relevantes. Por eso, un nuevo primer ministro no implicaría una ruptura estratégica inmediata.
En Gaza, la oposición podría adoptar exigencias menos maximalistas sobre el desarme y facilitar el avance hacia la segunda fase del alto el fuego. En Cisjordania, probablemente actuaría contra algunos puestos avanzados de los colonos, limitaría su violencia y aliviaría la presión sobre la Autoridad Palestina. Pero seguiría ampliando asentamientos y mantendría la creación de un Estado palestino fuera del centro de su agenda. La contención de los excesos más radicales no equivaldría a aceptar una solución política para el conflicto.
Una repetición de la coalición de extrema derecha tendría efectos más profundos: reactivaría la reforma judicial, aceleraría la expansión de los asentamientos, aproximaría la anexión formal de Cisjordania y complicaría el alto el fuego en Gaza. Incluso un Gobierno alternativo, si fuera frágil y dependiente de socios contradictorios, tendría dificultades para alterar la trayectoria regional. La normalización con Arabia Saudí seguiría bloqueada sin una vía diplomática para los palestinos, y los nuevos estallidos en Gaza o Cisjordania continuarían amenazando la estabilidad de Oriente Medio.
Europa deberá relacionarse con un Israel menos reconocible
Un Gobierno posterior a Netanyahu intentaría reparar las relaciones con Europa y reconstruir vínculos con los dos grandes partidos estadounidenses, más allá del respaldo de Donald Trump al primer ministro. Pero el cambio de rostros no eliminaría los desacuerdos sobre la solución de dos Estados, la expansión territorial y el uso de la fuerza. Para los europeos, el problema no consiste únicamente en esperar el resultado electoral, sino en ajustar su política a una transformación israelí que ya está avanzada.
La respuesta europea debería combinar diálogo y condiciones explícitas. En privado, los gobiernos tendrían que señalar qué pasos permitirían recomponer las relaciones bilaterales: contención de la violencia de los colonos, protección de la Autoridad Palestina, retorno a la diplomacia regional y cumplimiento de los compromisos sobre Gaza. En público, deberían hacer visibles los beneficios de esa vía y los costes de mantener la expansión territorial y la agresión militar, tanto en legitimidad internacional como en términos políticos y económicos.
Si Israel no modifica el rumbo, Europa necesitará utilizar con mayor determinación su influencia política y económica, incluida la intensificación de las medidas contra el proyecto de asentamientos. No se trata de dar la espalda al país, sino de reconocer que la relación ya no puede descansar en la expectativa de que una alternancia electoral restaure automáticamente el pasado. Netanyahu puede abandonar el poder; la estructura política e ideológica que ayudó a consolidar permanecerá como el verdadero resultado de estas elecciones.
