La administración de Donald Trump retiró este miércoles a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, de la lista de sancionados de Estados Unidos, en una nueva señal de acercamiento al gobierno interino de Delcy Rodríguez. La decisión coincide con la entrega a la justicia estadounidense de antiguos operadores financieros del madurismo y con avances en la cooperación petrolera y política entre Caracas y Washington. Sin embargo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) no explicó los motivos del levantamiento ni anunció condiciones, por lo que no es posible atribuirlo oficialmente a compromisos concretos del gobierno venezolano.
El movimiento consolida una relación pragmática: Washington trabaja con dirigentes que formaron parte del entorno de Nicolás Maduro, ahora detenido en Estados Unidos, mientras busca resultados judiciales, acceso a recursos energéticos y una negociación política que desemboque en una transición democrática. La permanencia de las principales instituciones bajo control chavista, junto con las dudas sobre derechos humanos y participación opositora, limita lo que puede interpretarse como un cambio político más amplio.
Una decisión sin condiciones públicas
El aviso de la Ofac se limitó a retirar a Jorge Rodríguez de su lista de nacionales especialmente designados. No detalló qué criterios se consideraron satisfechos ni vinculó la medida a una concesión determinada. El antecedente más cercano es el de su hermana, Delcy Rodríguez, retirada de la misma lista el 1 de abril. Ambos habían sido sancionados en septiembre de 2018, durante el primer mandato de Trump, cuando el Tesoro los describía como integrantes del círculo que ayudaba a Maduro a conservar el poder.
En aquel momento, Washington sostuvo que los hermanos habían recibido altos cargos para consolidar el dominio autoritario del entonces presidente. Ahora, con Maduro detenido y pendiente de juicio en Estados Unidos, el gobierno de Trump elimina las sanciones personales contra ambos y mantiene una relación de trabajo con la administración interina encabezada por Delcy Rodríguez. El contraste confirma un giro en la política estadounidense, aunque no aclara por sí solo qué compromisos políticos o institucionales podrían sostenerlo.
El comunicado de 2018 contemplaba que las sanciones podían levantarse ante cambios de conducta, como medidas para restaurar el orden democrático, rechazar abusos contra los derechos humanos y combatir la corrupción. El anuncio actual no precisa si Washington considera cumplido alguno de esos criterios. Esa falta de explicación deja sin una medida pública para evaluar el vínculo entre la retirada de sanciones y los objetivos declarados de la política estadounidense.
La cooperación judicial, un resultado tangible
La entrega de antiguos operadores del madurismo ofrece uno de los resultados más concretos de la relación bilateral. Álvaro Pulido, socio colombiano de Alex Saab, llegó a Estados Unidos, según anunció el Departamento de Justicia el domingo. Enfrenta dos acusaciones federales, presentadas en 2019 y 2021, por presuntas operaciones de lavado de dinero relacionadas con sobornos y contratos del gobierno venezolano.
Una de las causas se refiere a contratos de alimentos y medicinas del programa Clap; la otra, a un esquema de viviendas subsidiadas y control cambiario que los fiscales vinculan con Saab. Según el Departamento de Justicia, en esas operaciones se habrían utilizado documentos de importación falsos y cuentas bancarias estadounidenses para mover ganancias ilícitas. La llegada de Pulido amplía el alcance de las investigaciones, aunque las autoridades no detallaron cómo se realizó su traslado desde Venezuela.
Saab también fue enviado nuevamente a Estados Unidos en mayo, después de que el gobierno de Delcy Rodríguez lo entregara. El empresario había sido extraditado desde Cabo Verde en 2021 y liberado en diciembre de 2023 mediante un intercambio de prisioneros entre los gobiernos de Joe Biden y Maduro. El 15 de septiembre se declaró culpable de conspiración para lavar dinero ante un tribunal federal de Miami y aceptó cooperar con los fiscales y entregar 195 millones de dólares.
La entrega de ambos apunta a una retirada de protección a operadores ligados a las redes financieras investigadas y puede facilitar nuevas pesquisas. Reportes atribuyen un papel en estas decisiones a los hermanos Rodríguez y a Diosdado Cabello, aunque el procedimiento de traslado de Pulido no fue aclarado oficialmente. En cualquier caso, la cooperación judicial no equivale a una transformación del aparato estatal: las principales instituciones venezolanas siguen bajo control chavista.
Petróleo y negociación política
La cooperación también tiene una dimensión económica. Reuters informó este miércoles que Caracas y Washington alcanzaron un acuerdo que daría a Estados Unidos acceso a 17 campos petroleros, mientras empresas internacionales asumieron compromisos para ampliar sus proyectos. Según la agencia, Jorge Rodríguez y su hermana tienen un papel central en cambios a la legislación petrolera que permitirían la participación de más compañías extranjeras. Como presidente del Legislativo, Rodríguez puede ser decisivo para tramitar esas reformas.
Además, representa al gobierno interino en conversaciones con sectores de la oposición respaldados por Washington. Su contraparte, Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015, se reunió el 9 de octubre en Washington con el secretario de Estado, Marco Rubio. Rubio expresó el apoyo de la administración a un proceso orientado a un cambio democrático duradero y a instituciones capaces de garantizar elecciones libres.
La agenda incluye renovar organismos como el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral. Según The Washington Post, desde mediados de agosto las delegaciones han alcanzado acuerdos sobre la liberación de presos políticos, el desbloqueo de medios independientes y reformas judiciales. Esos entendimientos no prueban que las medidas se hayan aplicado: siguen pendientes decisiones sobre las condiciones de participación política y el desarrollo electoral. Una nueva ronda de conversaciones estaba prevista para este miércoles en Caracas.
El proceso tampoco incluye a todos los sectores opositores. María Corina Machado, fuera del país, ha quedado al margen, una limitación señalada por analistas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. La estrategia estadounidense, organizada en etapas de estabilización, recuperación y transición, busca conservar buena parte de la estructura estatal y militar para evitar un colapso, con elecciones presidenciales como objetivo final. Esa continuidad explica tanto la utilidad de interlocutores como Rodríguez como los riesgos de que la cooperación avance más rápido que las garantías democráticas.
Las dudas también han llegado al Congreso estadounidense. En una carta del 6 de agosto a Rubio, siete senadores demócratas, entre ellos Adam Schiff y Tim Kaine, cuestionaron el levantamiento de las sanciones a Delcy Rodríguez sin una explicación pública y expresaron preocupación por la persistencia de abusos contra los derechos humanos. Solicitaron una evaluación de la situación desde enero y de las medidas para evitar que la cooperación estadounidense contribuya a la represión. La retirada de las sanciones a Jorge Rodríguez amplía así el acercamiento, pero deja sin respuesta la cuestión central: qué condiciones verificables acompañarán la colaboración y cómo se traducirá en avances políticos.
