La exclusión de Jorge Rodríguez de la lista de sancionados de Estados Unidos marca un nuevo giro en la relación de Washington con el poder venezolano. El presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la mandataria interina, Delcy Rodríguez, había sido sancionado en 2018 como parte del círculo de Nicolás Maduro. Ahora, con Maduro detenido en Estados Unidos y a la espera de juicio, la administración de Donald Trump levanta las restricciones personales y mantiene una relación de trabajo con quienes encabezan el gobierno interino.
El cambio no equivale a una rehabilitación general del chavismo ni prueba por sí solo que Caracas haya cumplido condiciones democráticas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros anunció la retirada sin explicar sus motivos ni fijar compromisos públicos. La distancia entre la medida y la falta de una justificación formal deja abierta una pregunta central: qué resultados concretos está priorizando Washington y qué mecanismos tiene para exigir avances más allá de la cooperación inmediata.
De la presión personal a la cooperación selectiva
En 2018, durante su primer mandato, Trump sancionó a los hermanos Rodríguez. El Tesoro estadounidense los describía entonces como figuras a las que Maduro había confiado cargos de alto nivel para afianzar su poder. La política actual parte de un escenario distinto, pero no de una ruptura completa con el aparato estatal: tras la captura de Maduro, Washington ha optado por negociar con parte de la estructura que permanece en funciones, en vez de intentar sustituirla de golpe.
La cooperación judicial es uno de los resultados más visibles de esa estrategia. Alex Saab, defendido durante años por el chavismo como diplomático, fue devuelto a Estados Unidos en mayo. Tras haber sido extraditado desde Cabo Verde en 2021 y liberado en 2023 mediante un intercambio de prisioneros, se declaró culpable en septiembre de conspiración para lavar dinero. Aceptó cooperar con los fiscales y entregar 195 millones de dólares. Su socio Álvaro Pulido también llegó a Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones relacionadas con presuntas operaciones de lavado y contratos públicos.
Estos casos pueden aportar pruebas y detalles sobre redes financieras vinculadas al poder venezolano, pero no permiten concluir que haya cambiado el funcionamiento de las instituciones. La entrega de operadores cercanos al antiguo gobierno puede servir a Caracas para ganar confianza en Washington y aislar a figuras que ya no resultan útiles. También puede ampliar las investigaciones estadounidenses sobre contratos de alimentos, medicinas y viviendas. El alcance dependerá de la información que los acusados puedan corroborar y de si las pesquisas alcanzan a otros beneficiarios, no solo a intermediarios.
El petróleo y la negociación política avanzan juntos
La agenda económica añade un incentivo concreto para conservar el canal con los Rodríguez. Reuters informó de un acuerdo que daría a Estados Unidos acceso a 17 campos petroleros, mientras compañías internacionales asumían compromisos para ampliar sus proyectos. Según esa información, Jorge y Delcy Rodríguez tendrían un papel central en cambios a la legislación petrolera destinados a facilitar la participación extranjera. Como jefe del Legislativo, Jorge puede influir en la aprobación de esas reformas.
La oportunidad para las empresas depende, sin embargo, de algo más que del acceso formal a los yacimientos. Contratos previsibles, reglas estables y garantías de cumplimiento son condiciones necesarias para sostener inversiones de largo plazo. Si las reformas se aprueban sin controles independientes o sin transparencia sobre ingresos y beneficiarios, el aumento de actividad petrolera podría reforzar redes existentes en lugar de traducirse en una recuperación amplia. Para Washington, el acceso energético puede ser un resultado inmediato; para la población venezolana, el efecto dependerá de cómo se distribuyan los recursos y de si se reactivan servicios e ingresos.
Jorge Rodríguez también encabeza el diálogo del gobierno interino con sectores de la oposición respaldados por Washington. Su contraparte es Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015, quien se reunió el 9 de octubre con el secretario de Estado, Marco Rubio. La agenda incluye la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral. Según The Washington Post, las delegaciones han logrado acuerdos sobre presos políticos, medios independientes y reformas judiciales; alcanzar compromisos, no obstante, no equivale a ejecutarlos.
La legitimidad dependerá de quién participa y de lo que se cumpla
El proceso tiene un límite político significativo: no incorpora a todos los sectores opositores. María Corina Machado permanece fuera del país y al margen de las conversaciones. En septiembre, analistas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales señalaron que la estrategia estadounidense administra las estructuras heredadas tras la salida de Maduro y fija las elecciones presidenciales como objetivo final. El plan de Rubio, organizado en etapas de estabilización, recuperación y transición, busca evitar un colapso manteniendo buena parte de la estructura estatal y militar.
Esa continuidad puede reducir el riesgo de una desarticulación institucional inmediata, pero también entraña un costo: si la negociación se limita a los actores que ya controlan el Estado y a una parte de la oposición, los acuerdos pueden carecer de aceptación suficiente para sostener una transición. La exclusión de sectores relevantes puede debilitar la confianza en futuras elecciones, especialmente si no se acuerdan garantías para competir, acceso a medios y autoridades electorales creíbles.
Las dudas sobre derechos humanos refuerzan ese riesgo. En agosto, siete senadores demócratas pidieron a Rubio evaluar los abusos denunciados bajo el gobierno de Delcy Rodríguez y explicar el levantamiento de sus sanciones. También reclamaron medidas para impedir que la cooperación estadounidense contribuya a la represión. La retirada de sanciones a Jorge sin condiciones públicas puede intensificar el escrutinio legislativo y reducir el margen político de la administración si no va acompañada de señales verificables.
La decisión, por tanto, se entiende mejor como una apuesta por incentivos y canales de negociación que como una declaración de cambio democrático consumado. Washington obtiene interlocutores para las conversaciones políticas, cooperación en casos judiciales y perspectivas de acceso petrolero. El gobierno interino obtiene reconocimiento práctico y alivio de presión personal. La prueba de fondo será si ese intercambio produce liberaciones efectivas, reformas institucionales verificables y una competencia electoral inclusiva. Sin esos avances, la cooperación puede consolidar una nueva relación con quienes heredaron el poder sin transformar las condiciones que hicieron necesaria la transición.
