La administración de Donald Trump retiró este miércoles a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, de la lista de sancionados de Estados Unidos. La decisión se suma al levantamiento de las sanciones contra su hermana, la mandataria interina Delcy Rodríguez, en abril, y confirma un cambio de política hacia dirigentes que formaron parte del gobierno de Nicolás Maduro. Washington mantiene ahora una relación de trabajo con Caracas, aunque no ha explicado qué condiciones concretas motivaron la medida.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) anunció la exclusión de Rodríguez de su lista de nacionales especialmente designados, sin detallar razones ni imponer públicamente condiciones. Ambos hermanos habían sido sancionados en septiembre de 2018, durante el primer mandato de Trump, por su cercanía al poder de Maduro. Entonces, el Tesoro estadounidense afirmó que ocupaban altos cargos que ayudaban a consolidar el dominio autoritario del mandatario.
Entregas judiciales y cooperación
Uno de los resultados más tangibles de la nueva relación ha sido la cooperación en investigaciones financieras. En mayo, el gobierno de Delcy Rodríguez entregó a Estados Unidos a Alex Saab, empresario que el chavismo había defendido como diplomático. Saab había sido extraditado desde Cabo Verde en 2021 y liberado en diciembre de 2023, en un intercambio de prisioneros entre los gobiernos de Joe Biden y Maduro. El 15 de septiembre se declaró culpable de conspiración para lavar dinero ante un tribunal de Miami y aceptó cooperar con los fiscales y entregar 195 millones de dólares.
El domingo, el Departamento de Justicia anunció la llegada a Estados Unidos de Álvaro Pulido, socio colombiano de Saab. Pulido enfrenta dos causas federales por presunto lavado de dinero relacionado con sobornos y contratos venezolanos. Una se refiere a operaciones del programa de alimentos Clap; la otra, a un esquema de viviendas subsidiadas y control cambiario. Los fiscales sostienen que se usaron documentos de importación falsos y cuentas estadounidenses para mover ganancias ilícitas. Washington reconoció la colaboración de socios internacionales, pero no describió cómo se efectuó el traslado.
Según diversos reportes, los hermanos Rodríguez, con la colaboración de Diosdado Cabello, habrían facilitado las entregas. La cooperación apunta a la pérdida de protección de operadores vinculados a las finanzas del antiguo gobierno, pero no demuestra por sí sola una transformación de las instituciones: las principales estructuras estatales siguen bajo control chavista. Tampoco hay confirmación oficial de que las entregas expliquen el levantamiento de las sanciones a Jorge Rodríguez.
El petróleo y las conversaciones políticas
La interlocución también tiene una dimensión económica. Reuters informó que Caracas y Washington acordaron dar a Estados Unidos acceso a 17 campos petroleros, mientras compañías internacionales asumieron compromisos para ampliar sus proyectos. Jorge Rodríguez tendría un papel central en cambios a la legislación petrolera que permitirían la participación de más empresas extranjeras. Como presidente de la Asamblea, puede ser clave para tramitar esas reformas.
En el plano político, Rodríguez representa al gobierno interino en conversaciones con sectores de la oposición respaldados por Washington. Su contraparte es Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015, quien se reunió el 9 de octubre en Washington con el secretario de Estado, Marco Rubio. Rubio respaldó el diálogo y planteó como objetivo un cambio democrático duradero, con instituciones capaces de garantizar elecciones libres. La agenda incluye renovar organismos como el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral.
The Washington Post informó que, desde mediados de agosto, las delegaciones han alcanzado acuerdos sobre liberación de presos políticos, desbloqueo de medios independientes y reformas judiciales. Su cumplimiento, sin embargo, sigue siendo una cuestión distinta de los entendimientos anunciados. Una nueva ronda estaba prevista para este miércoles en Caracas, con asuntos pendientes sobre participación política y condiciones electorales.
El proceso tampoco incorpora a todos los sectores opositores: María Corina Machado, fuera del país, ha quedado al margen. En septiembre, analistas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales describieron la estrategia estadounidense como una gestión de las estructuras que permanecieron tras la salida de Maduro, con elecciones presidenciales como meta. El plan de Rubio contempla estabilización, recuperación y transición, y busca evitar un colapso manteniendo buena parte del aparato estatal y militar.
Ese enfoque suscita críticas en Washington. En una carta del 6 de agosto, siete senadores demócratas, entre ellos Adam Schiff y Tim Kaine, cuestionaron el levantamiento de las sanciones a Delcy Rodríguez sin una explicación pública y expresaron preocupación por los abusos de derechos humanos. También pidieron evaluar la situación desde enero y las medidas para evitar que la cooperación estadounidense contribuya a la represión. La retirada de sanciones a Jorge Rodríguez amplía así la relación con Caracas, mientras deja abiertas preguntas sobre las condiciones del acercamiento y sus efectos democráticos.
