La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (Ofac) retiró a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana y hermano de la mandataria interina Delcy Rodríguez, de su lista de sancionados. El aviso no explica los motivos ni fija condiciones para la decisión, que marca otro paso en el acercamiento de Washington al gobierno que asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro.
El cambio contrasta con la posición adoptada en 2018, cuando la primera administración de Donald Trump sancionó a ambos hermanos por su papel en el círculo de Maduro. En abril de este año, el Tesoro estadounidense había levantado las sanciones contra Delcy Rodríguez. La nueva medida amplía ese giro, pero no aclara qué criterios de conducta considera cumplidos: Washington había señalado previamente que las sanciones podían retirarse ante avances democráticos, respeto a los derechos humanos y acciones contra la corrupción.
Las entregas judiciales, un resultado tangible
La cooperación en casos financieros ofrece una señal concreta del nuevo vínculo. En mayo, el gobierno de Delcy Rodríguez entregó a Estados Unidos a Alex Saab, empresario que durante años fue defendido por el chavismo como diplomático. Extraditado desde Cabo Verde en 2021 y liberado en 2023 en un intercambio de prisioneros, Saab se declaró culpable en septiembre de conspiración para lavar dinero. Aceptó colaborar con los fiscales y entregar 195 millones de dólares, un acuerdo que podría aportar información sobre otros participantes en las redes investigadas.
El domingo, el Departamento de Justicia anunció la llegada a Estados Unidos de Álvaro Pulido, socio colombiano de Saab. Pulido enfrenta dos causas federales por presuntas operaciones de lavado vinculadas a sobornos y contratos venezolanos, incluidos negocios del programa de alimentos Clap y de viviendas subsidiadas. Los fiscales alegan que se emplearon documentos de importación falsos y cuentas estadounidenses para mover ganancias ilícitas. Aunque Washington no detalló cómo fue trasladado, diversos reportes atribuyen las entregas a gestiones de los hermanos Rodríguez con colaboración de Diosdado Cabello.
Estos casos pueden debilitar la protección de antiguos operadores financieros y ampliar el acceso de los fiscales a información sobre negocios del madurismo. No demuestran, por sí solos, una transformación del aparato estatal: las principales instituciones venezolanas continúan bajo control chavista. La diferencia entre cooperación judicial selectiva y cambio político general es central para medir el alcance real del acercamiento.
Petróleo y negociación política
La relación también avanza en el terreno económico. Reuters informó que Caracas y Washington acordaron dar a Estados Unidos acceso a 17 campos petroleros, mientras compañías internacionales se comprometieron a ampliar proyectos. Según la agencia, Jorge Rodríguez y su hermana tendrían un papel central en cambios a la legislación petrolera que permitirían la participación de más empresas extranjeras. Desde la presidencia del Legislativo, Rodríguez puede ser decisivo para tramitar esas reformas.
Su función se extiende a las conversaciones políticas con sectores opositores respaldados por Washington. Rodríguez representa al gobierno interino frente a Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015. Figuera se reunió el 9 de octubre en Washington con el secretario de Estado, Marco Rubio, quien reiteró el apoyo de su administración a un proceso que, según dijo, debe conducir a un cambio democrático duradero y a instituciones capaces de garantizar elecciones libres.
Las delegaciones negocian la renovación de organismos como el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral. The Washington Post informó que desde mediados de agosto han alcanzado acuerdos sobre liberación de presos políticos, apertura para medios independientes y reformas judiciales. La existencia de acuerdos no equivale a su cumplimiento: siguen pendientes las condiciones de participación política y los pasos concretos hacia una elección.
El respaldo tiene límites y costos políticos
El canal de diálogo tampoco incluye a toda la oposición. María Corina Machado permanece al margen de las conversaciones, una limitación señalada por analistas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Esa exclusión plantea una cuestión práctica: un proceso negociado con interlocutores parciales puede facilitar acuerdos inmediatos, pero también dificultar su legitimidad y aceptación más amplia.
La estrategia de Washington busca gestionar las estructuras que quedaron tras la salida de Maduro y plantea las elecciones presidenciales como objetivo final, con etapas de estabilización, recuperación y transición. Conservar parte del aparato estatal y militar puede reducir el riesgo de un colapso, pero mantener la cooperación sin garantías públicas también alimenta dudas sobre la rendición de cuentas.
En agosto, siete senadores demócratas, entre ellos Adam Schiff y Tim Kaine, escribieron a Rubio para expresar preocupación por abusos de derechos humanos bajo el gobierno de Delcy Rodríguez. Cuestionaron que se levantaran sus sanciones sin explicación y pidieron evaluar la situación desde enero y prevenir que la cooperación estadounidense contribuya a la represión. La decisión sobre Jorge Rodríguez vuelve a poner ese dilema en primer plano: Washington obtiene interlocución, acceso económico y colaboración judicial, mientras aún debe demostrar cómo esos avances se traducen en garantías políticas y de derechos.
