La decisión de Estados Unidos de retirar a Jorge Rodríguez de la lista de sancionados no llega aislada: coincide con entregas de antiguos operadores financieros del madurismo, acuerdos petroleros y conversaciones políticas con la oposición. El movimiento señala una relación pragmática con el gobierno interino de Delcy Rodríguez, aunque Washington no ha explicado qué conducta concreta motivó el levantamiento de las sanciones ni ha anunciado condiciones.
Un giro sin justificación pública
La Oficina de Control de Activos Extranjeros eliminó al presidente de la Asamblea Nacional de su lista de nacionales especialmente designados. Rodríguez había sido sancionado en 2018 junto con su hermana, cuando el Tesoro estadounidense los describía como parte del círculo de Nicolás Maduro. Delcy Rodríguez salió de la misma lista el 1 de abril; Maduro, detenido y a la espera de juicio en Estados Unidos, ya no dirige el gobierno.
El contraste refleja un cambio de estrategia, pero no permite concluir que Washington haya verificado una transformación democrática. En 2018, Estados Unidos indicó que las sanciones podían levantarse ante avances en democracia, derechos humanos y lucha contra la corrupción. El anuncio actual no precisa cuáles de esos criterios considera satisfechos. La retirada es, por tanto, una señal política cuyo alcance todavía no está detallado oficialmente.
Saab y Pulido: cooperación con resultados judiciales
La colaboración con las autoridades estadounidenses ofrece uno de los indicios más concretos de acercamiento. Alex Saab, defendido durante años por el chavismo y presentado como diplomático, fue entregado nuevamente a Estados Unidos en mayo por el gobierno de Delcy Rodríguez. En septiembre se declaró culpable de conspiración para lavar dinero en Miami, aceptó cooperar con los fiscales y entregar 195 millones de dólares.
El domingo, el Departamento de Justicia anunció la llegada de Álvaro Pulido, socio colombiano de Saab. Pulido enfrenta dos causas federales por presunto lavado vinculado a sobornos y contratos venezolanos, incluidos los del programa de alimentos Clap y un esquema de viviendas subsidiadas. Las acusaciones sostienen que se emplearon documentos de importación falsos y cuentas en Estados Unidos. Su traslado amplía la investigación, aunque la información disponible no demuestra qué relación directa tiene con la decisión sobre Rodríguez.
Petróleo y diálogo colocan a Rodríguez en el centro
La cooperación judicial coincide con intereses económicos. Reuters informó que Caracas y Washington acordaron dar a Estados Unidos acceso a 17 campos petroleros y que empresas internacionales asumieron compromisos para ampliar proyectos. Según la agencia, Jorge Rodríguez y su hermana tendrían un papel central en cambios a la legislación que permitirían mayor participación extranjera. Desde la presidencia del Legislativo, él puede ser decisivo para tramitar esas reformas.
También encabeza la interlocución del gobierno interino con sectores opositores respaldados por Washington. Su contraparte, Dinorah Figuera, se reunió el 9 de octubre con el secretario de Estado, Marco Rubio. Las conversaciones incluyen posibles liberaciones de presos políticos, reapertura de medios independientes y reformas judiciales, pero los acuerdos reportados aún deben distinguirse de su cumplimiento. La renovación del Tribunal Supremo y del Consejo Nacional Electoral sigue ligada a condiciones electorales pendientes.
Una transición limitada por quién queda fuera
El canal negociador no incluye a todos los sectores opositores: María Corina Machado permanece al margen. Esa exclusión, junto con la continuidad de instituciones bajo control chavista, limita lo que puede inferirse sobre una transición amplia. La estrategia estadounidense busca gestionar las estructuras que quedaron tras la captura de Maduro y plantea elecciones como objetivo final, pero conservarlas también expone a Washington a críticas.
Siete senadores demócratas ya cuestionaron que Delcy Rodríguez fuera retirada de la lista de sancionados sin una explicación y pidieron evaluar los abusos de derechos humanos desde enero. Así, el levantamiento de las sanciones a Jorge Rodríguez y la cooperación de Caracas pueden facilitar acuerdos concretos; no resuelven por sí solos la pregunta central: si esos avances producirán instituciones abiertas y garantías políticas verificables.
