El Gobierno de Estados Unidos ha reconocido por primera vez de forma explícita una contradicción central de su política energética hacia Cuba: el combustible vendido a empresarios privados puede terminar también en manos de entidades vinculadas al régimen. La admisión, formulada por un portavoz del Departamento de Estado en respuesta al periodista David Adams y difundida por 14ymedio, no presenta el fenómeno como un fracaso total, sino como el costo de una estrategia que Washington considera capaz de haber quebrado el monopolio estatal sobre el suministro.
La excepción que revela el nuevo mapa del combustible
“No podemos descartar cierto desvío hacia figuras o entidades vinculadas al régimen”, señala la declaración oficial. La frase introduce un límite importante a la narrativa de privatización defendida por la Administración de Donald Trump: aunque los empresarios privados sean los importadores formales, la separación entre el mercado privado y el estatal resulta difícil de mantener en una economía donde las infraestructuras, los servicentros y buena parte de la logística siguen bajo control público o militar.
El Departamento de Estado sostiene que el régimen ya no controla todo el mercado y que debe recurrir al “subterfugio y la ilegalidad” para obtener una pequeña parte del combustible que llega a la Isla. La afirmación parte de una transformación real: los privados importan y venden carburantes a otros negocios, organizaciones humanitarias y establecimientos diplomáticos. Sin embargo, el reconocimiento de posibles desvíos deja abierta una cuestión más compleja: si una empresa privada abastece una estación alquilada por el Estado, o si sus productos pasan por una red administrada por entidades sancionadas, la privatización puede existir en el papel sin alterar por completo el control efectivo del sistema.
La política estadounidense, por tanto, no elimina la intermediación estatal, sino que intenta reducirla y vigilarla mediante sanciones. Su eficacia dependerá menos de quién figure como importador que de quién decide el destino final, quién opera las instalaciones y quién recibe los ingresos.
Los 90 cargamentos confiscados marcan la línea roja de Washington
El segundo anclaje de esta política está en la ofensiva contra el combustible destinado directamente al sector estatal. El 7 de octubre, agencias del Departamento de Seguridad Nacional anunciaron la confiscación de 90 cargamentos de biodiésel: 71 en Port Everglades, Florida, y 19 en Houston, Texas. El valor aproximado era de 2,8 millones de dólares y el destinatario, Enetec, había sido incluido en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros el 13 de julio.
La diferencia que Washington intenta establecer es precisa. Las exportaciones a empresarios privados continúan porque, según la Administración, ayudan a desmontar el monopolio estatal; los envíos dirigidos a empresas sancionadas son bloqueados porque alimentarían de manera directa las fuentes de ingresos del régimen. Esa distinción puede ser jurídicamente defendible, pero en la práctica enfrenta un sistema de distribución entrelazado. Una vez que el combustible entra en Cuba, la existencia de estaciones mixtas, contratos de alquiler y empresas intermediarias dificulta comprobar que el producto permanezca dentro del circuito privado.
La confiscación de los cargamentos no es solo una medida de control comercial. También funciona como una advertencia a los proveedores: la responsabilidad no se limita a vender a una empresa aparentemente privada, sino que puede extenderse a cualquier operación en la que exista conocimiento de que el producto terminará beneficiando al aparato estatal sancionado.
La red de servicentros expone la contradicción sobre el terreno
Las investigaciones citadas por 14ymedio, ADN Cuba y Martí Noticias aportan el tercer punto decisivo: la plataforma Ticket, gestionada por Cimex, continúa vendiendo gasolina y diésel en servicentros estatales, mientras Cimex compra combustible a 21 proveedores, al menos 16 de ellos mipymes. La corporación no aparece necesariamente como importadora directa, sino como compradora del carburante suministrado por empresas privadas cubanas.
Los casos documentados muestran hasta qué punto la frontera regulatoria se vuelve porosa. En la antigua estación Shell de Guanabacoa fueron vistos vehículos de Transmed abasteciéndose en bombas alquiladas por privados. En septiembre, la gasolinera El Eficiente, situada cerca de Villa Marista, suministraba a vehículos de Sepsa, a camiones de brigadas especiales del Ministerio del Interior y a motocicletas de la Seguridad del Estado. Además, una factura fechada el 21 de septiembre registra la entrega de más de 23.000 litros de gasolina desde Cimex-Mariel a un servicentro Oro Negro.
Estos documentos no prueban que cada operación privada esté diseñada para beneficiar al régimen, pero sí evidencian que la arquitectura comercial permite que los productos lleguen a dependencias estatales. El problema no es únicamente la existencia de un desvío clandestino; también puede producirse una transferencia visible, amparada por contratos y por el uso compartido de instalaciones.
231,74 millones de dólares frente a la escasez oficial
El cuarto anclaje es la distancia entre el volumen de las importaciones y el discurso oficial sobre la falta de combustible. De enero a agosto, los productos derivados del petróleo exportados desde Estados Unidos a Cuba alcanzaron 231,74 millones de dólares, una cifra sin precedentes en la historia comercial bilateral. Al mismo tiempo, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, declaró a Reuters que esas entradas ni siquiera cubrían el 3% de las necesidades nacionales y afirmó que ninguna empresa estatal había conseguido contratos de combustible.
La discrepancia no necesariamente implica que ambas afirmaciones sean incompatibles. El valor total exportado puede concentrarse en operaciones privadas, mientras el Estado mantiene dificultades para contratar directamente debido a las sanciones. Pero, si el combustible aparece después en estaciones estatales y abastece vehículos oficiales, la separación entre el mercado permitido y el prohibido queda sometida a una prueba concreta: quién recibe el producto y bajo qué mecanismo.
La caída de los precios en la red de Ticket y la continuidad de las ventas provinciales sugieren que el circuito de suministro se ha estabilizado más de lo que admitiría la escasez pública. La admisión de Washington confirma así una realidad intermedia: el monopolio estatal ha sido parcialmente erosionado, pero no reemplazado por un mercado independiente. Las mipymes han abierto una vía de entrada decisiva para el combustible, mientras las estructuras estatales conservan capacidad para capturarlo, redistribuirlo y utilizarlo.
