Un decreto firmado por el presidente Yamandú Orsi permitirá que migrantes que ya viven en Uruguay soliciten residencia por arraigo. La medida ofrece una alternativa a 30.715 personas con pedidos de refugio pendientes; 27.337 son cubanas, según las cifras difundidas sobre el programa.
La vía está dirigida a quienes ingresaron regularmente por un paso migratorio habilitado antes del 1 de enero de 2026. También podrán acogerse quienes recibieron una denegación de su solicitud de refugio. En cambio, quienes aún tengan el trámite abierto deberán renunciar a ese procedimiento para iniciar la regularización por arraigo.
Requisitos y el costo de cambiar de trámite
Las personas interesadas deberán presentar ante la Dirección Nacional de Migración una fotografía tamaño carné, un documento de identidad vigente, antecedentes penales de los últimos cinco años del país de residencia anterior y un certificado de vacunación. También tendrán que acreditar medios de vida propios. Entre las opciones mencionadas figuran los comprobantes de aportes salariales al Banco de Previsión Social.
La exigencia de demostrar ingresos vincula el acceso a la residencia con la inserción laboral formal. Puede facilitar la comprobación de que una persona trabaja y contribuye al sistema, pero también plantea una dificultad para quienes tienen empleos informales o trayectorias laborales discontinuas. El decreto abre una alternativa administrativa; el cumplimiento de sus requisitos determinará a cuántas personas alcanza en la práctica.
Para quienes esperan una decisión sobre refugio, la renuncia requerida añade otra consideración: optar por una vía de residencia implica abandonar el procedimiento pendiente. Por eso, el alcance real de la medida dependerá tanto de la documentación exigida como de la evaluación individual de las consecuencias de cambiar de trámite.
Una medida que amplía el precedente de 2024
La diputada cubana Leydis Aguilera señaló que el decreto da continuidad a una iniciativa aprobada en 2024 durante la Administración de Luis Lacalle Pou. Según explicó, aquella opción estaba limitada a quienes habían ingresado al país antes del 23 de mayo de ese año. La nueva fecha de corte, el 1 de enero de 2026, extiende el período de ingreso contemplado por el mecanismo.
Aguilera defendió la regularización de personas que, en sus palabras, ya residen, trabajan y aportan al desarrollo del país, y afirmó que muchos migrantes tienen formación universitaria o de posgrado. También anticipó que seguirá promoviendo en el Parlamento el respeto de los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes. La medida, sin embargo, no elimina los filtros: establece condiciones de ingreso, identidad, antecedentes y sustento económico.
Las cifras laborales y el flujo desde Brasil
El peso de la migración en el mercado laboral aparece en los registros citados por Aguilera: en enero de 2026 había más de 104.000 cotizantes migrantes en el Banco de Previsión Social, cerca del 7% del total de trabajadores registrados. El dato sitúa la regularización dentro de una realidad económica más amplia, aunque no permite establecer cuántas de esas personas podrán acogerse al nuevo decreto.
Los movimientos desde Brasil ayudan a dimensionar la llegada de cubanos. Un análisis de inteligencia de la Agencia Brasileña de Inteligencia y la Organización Internacional para las Migraciones indicó que 11.000 cubanos cruzaron entre enero y octubre por la frontera de Sant’Ana do Livramento y Rivera, un promedio de 30 al día. Por su parte, cifras del diario uruguayo El País señalan que el año pasado ingresaron más de 22.000 cubanos y que 14.900 permanecieron en Uruguay. La regularización busca responder a una población ya asentada, pero su efecto dependerá de que el procedimiento sea accesible y de que las personas elegibles puedan completar cada etapa.
