El fiscal general del Estado, José Armando Urioste Viera, puso en marcha una renovación casi completa de las fiscalías departamentales durante los primeros quince días de su gestión, iniciada tras la salida de Róger Mariaca. Siete de los nueve fiscales departamentales prestaron juramento ayer y quedaron a cargo de una etapa de transición en la que el Ministerio Público deberá recomponer su conducción, recuperar credibilidad y preparar un nuevo sistema de designación.
La renovación no se limita al relevo de autoridades. Urioste anunció que en un plazo de 90 días pretende avanzar hacia una reestructuración institucionalizada, para lo cual elaboró un nuevo reglamento de convocatoria. El mecanismo, según explicó durante el acto de posesión, se apoyará en cinco criterios: transparencia, examen de competencia, meritocracia, experiencia e independencia en la designación, sin intervención directa del fiscal general.
Una transición con calendario y objetivos definidos
El plazo anunciado introduce una presión concreta sobre la nueva administración. Urioste cuenta con menos de 80 días para mostrar resultados iniciales en la gestión cotidiana del Ministerio Público, mientras el proceso de institucionalización deberá diseñarse y comenzar a ejecutarse dentro de los 90 días comprometidos. La combinación de ambos tiempos revela una doble exigencia: atender la crisis de imagen de la Fiscalía y, al mismo tiempo, modificar las reglas que han permitido sucesivos nombramientos cuestionados por su posible dependencia política.
La nueva estructura departamental quedó integrada por Williams Ariel Sandy Copa, en Chuquisaca; Eddy Ordóñez Tapia, en Cochabamba; Fernando López Rojas, en Santa Cruz; Pablo Daniel Manrique Videla, en Potosí; Aníbal Giovanni Cabezas Flores, en Tarija; Franz Zulmer Villegas Chávez, en Oruro; y Orlando Aramayo Chávez, en Beni. Gabriel Quiroga Vargas, designado para La Paz, y Adriana Rodríguez Melena, para Pando, no asistieron al acto debido a que no pudieron trasladarse, según la explicación ofrecida por Urioste.
El perfil de los nuevos fiscales combina trayectoria académica, experiencia profesional y conocimiento previo de la carrera fiscal. Las autoridades de Santa Cruz, Cochabamba y Oruro cuentan con antecedentes reconocidos en el Derecho y la docencia universitaria, mientras que el nuevo fiscal de Beni ejerció antes como fiscal superior. Esa mezcla puede aportar capacidad técnica, aunque por sí sola no garantiza independencia ni una mejora inmediata en la atención de los casos.
El desafío de convertir los anuncios en reglas verificables
El punto más sensible de la propuesta será demostrar que los criterios anunciados pueden aplicarse de manera objetiva. La transparencia exige publicar convocatorias, requisitos, calificaciones y resultados; la meritocracia requiere parámetros comparables entre postulantes; y el examen de competencia debe medir conocimientos relevantes para la función, no convertirse en un trámite formal. Sin información pública sobre cada etapa, la promesa de institucionalización corre el riesgo de quedar reducida a un cambio de nombres.
La independencia también plantea una cuestión práctica. Si el fiscal general deja de intervenir directamente en la elección, será necesario definir qué órgano o instancia asumirá esa responsabilidad, cómo se evitarán conflictos de interés y qué mecanismos permitirán impugnar una designación irregular. La ausencia de una explicación detallada sobre estos puntos mantiene abierta la principal interrogante del proceso: quién controlará a quienes seleccionen a los fiscales departamentales.
Un mandato marcado por la demanda de imparcialidad
Durante la posesión, Urioste pidió a los nuevos fiscales que entreguen un Ministerio Público operativo y capaz de garantizar el acceso a la justicia tanto para las personas de menores recursos como para los empresarios con mayor capacidad económica. El mensaje apunta a uno de los problemas estructurales de la institución: la percepción de que la respuesta fiscal puede variar según la influencia, los recursos o la posición política de los involucrados.
El vicepresidente Edmand Lara reforzó esa advertencia con una instrucción de contenido político explícito. Les pidió no perseguir a quienes piensan diferente, no responder a intereses partidarios ni utilizar la Fiscalía para cobrar cuentas pendientes. En su lugar, les encomendó defender a las víctimas e investigar con responsabilidad. La presencia de esta demanda en un acto institucional muestra hasta qué punto la nueva conducción debe convencer a la ciudadanía de que la Fiscalía actuará con criterios jurídicos y no como instrumento de confrontación.
La disputa por el modelo de elección
El Comité pro Santa Cruz planteó que la designación de fiscales regionales pase a las asambleas legislativas departamentales, mediante un procedimiento similar al utilizado para elegir al fiscal general del Estado. La propuesta busca descentralizar la decisión y dar a los departamentos una participación directa, pero también abre un debate sobre el riesgo de trasladar la influencia política desde el nivel nacional hacia las estructuras regionales.
La gobernadora en ejercicio de Santa Cruz, Paola Aguirre, sostuvo además que la Asamblea Legislativa debe avanzar en la elección del nuevo fiscal general para evitar las prórrogas. Esta demanda incorpora una dimensión institucional adicional: mientras no se resuelva de manera definitiva la titularidad de la Fiscalía, cualquier proceso de renovación departamental seguirá bajo la sombra de la transitoriedad. El problema no es únicamente quién ocupa cada despacho, sino si las reglas permiten construir autoridades con mandato claro, controles efectivos y legitimidad suficiente para sostener decisiones sensibles.
La primera evaluación de la gestión de Urioste dependerá menos de la cantidad de fiscales reemplazados que de la trazabilidad de sus decisiones. La publicación del reglamento, la apertura real de las convocatorias, la calidad de los exámenes y la ausencia de interferencias serán indicadores más relevantes que el acto de posesión. En los próximos tres meses, la Fiscalía deberá demostrar que la transición no es solo una renovación administrativa, sino el comienzo de un sistema capaz de proteger a las víctimas, investigar sin selectividad y recuperar confianza pública.
