La solicitud de dibujar un croquis entre la casa y la escuela derivó en una denuncia penal contra un profesor suplente en Martínez de la Torre, Veracruz, y en un debate sobre los límites entre una actividad académica y la privacidad de los estudiantes. La gobernadora Rocío Nahle defendió que el docente continúe en su puesto mientras se revisa el caso; las acusaciones planteadas por algunas alumnas, por su parte, siguen siendo parte de las indagaciones.
El episodio ocurrió el 7 de octubre en el colegio Luis Donaldo Colosio. José, suplente de sexto grado, pidió a sus alumnos representar cómo llegar desde sus hogares hasta el plantel. Una madre cuestionó la tarea en varias ocasiones y sostuvo que no debía solicitarse ese tipo de información. La disputa escaló y Karina, integrante de la Asociación de Padres de Familia, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz al considerar que la actividad podía exponer la privacidad de los menores.
Dos preocupaciones distintas en una misma disputa
La controversia reúne cuestiones que requieren evaluaciones diferentes. Una es si el ejercicio tenía un propósito pedagógico y se ajustaba al programa escolar; otra, si pedir que los alumnos representaran sus recorridos podía revelar información sensible. Que una tarea tenga una finalidad educativa no resuelve por sí solo cómo deben protegerse los datos y la seguridad de quienes la realizan. A la vez, una denuncia no demuestra que el profesor haya cometido una falta: corresponde a las autoridades examinar los hechos y establecer responsabilidades.
El caso adquirió otra dimensión cuando tres alumnas afirmaron haber observado comportamientos que consideraron inapropiados, incluidos miradas y gestos. El profesor respondió que solo se había acercado a ellas con fines académicos y que les llamó la atención por ausentarse durante un ensayo escolar. Estas versiones contrapuestas no aparecen resueltas en la información disponible. Por ello, conviene distinguir los señalamientos de los hechos acreditados y evitar que la difusión viral sustituya una investigación imparcial.
La intervención de la gobernadora y el estatus laboral
Ante la exigencia de algunos padres de que el docente fuera suspendido durante las investigaciones, Nahle dijo que consideraba injusta su suspensión y pidió a la secretaria de Educación que atendiera personalmente el asunto. También afirmó que el profesor no debía ser apartado si no había hecho nada malo y que debía continuar trabajando. La titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, identificada en la información difundida como Roquel Bonilla, quedó a cargo de la revisión del caso.
La postura expresa una defensa de la continuidad laboral ante una medida que la gobernadora considera injustificada, pero no equivale a una conclusión de la Fiscalía ni determina el resultado de las pesquisas. Mantener al maestro en funciones y esclarecer las acusaciones son decisiones relacionadas, pero distintas: la primera concierne a su situación administrativa; la segunda, a la valoración de testimonios y evidencias. La información publicada no detalla si se establecieron medidas preventivas ni cuáles serán los plazos de investigación.
Privacidad, convivencia y debido proceso
La actividad abre una pregunta práctica para las escuelas: cómo enseñar orientación y ubicación sin recolectar más datos de los necesarios. Un croquis puede parecer un ejercicio sencillo, pero el nivel de detalle solicitado y la forma de manejar los trabajos importan cuando participan menores. Alternativas como usar lugares de referencia generales o recorridos ficticios podrían conservar el objetivo didáctico y reducir la exposición de domicilios; no consta que el plantel haya adoptado alguna de ellas.
También está en juego la confianza entre familias y comunidad educativa. La respuesta institucional necesita atender con seriedad tanto la inquietud por la privacidad como los señalamientos de las estudiantes, sin anticipar culpabilidades ni desacreditar a quienes denuncian. El apodo “Lady Croquis” y la viralización del conflicto trasladaron una disputa local a las redes, donde la burla y la indignación pueden amplificar versiones antes de que sean verificadas. La resolución dependerá de una investigación que proteja a las alumnas, escuche a las partes y explique con claridad sus conclusiones.
