Milagros Marileisis Acosta Torres perdió la ciudadanía estadounidense después de que un tribunal federal determinara que la obtuvo ocultando su participación en una operación de lavado de dinero vinculada a un fraude de 5,3 millones de dólares contra el casino Miccosukee Resort & Gaming, en Miami. La decisión, dictada por la jueza federal Cecilia Altonaga, concluye que la naturalización fue obtenida de manera ilegal porque la mujer negó bajo juramento haber cometido delitos que ya formaban parte de su historial criminal.
El caso no se limita a una condena por lavado. La resolución establece que la mentira durante el proceso migratorio afectó directamente la validez de la ciudadanía concedida en noviembre de 2015, apenas tres meses después de que Acosta Torres presentara su solicitud de naturalización. La pérdida de la nacionalidad se produce así como consecuencia de una actuación considerada incompatible con los requisitos legales para convertirse en ciudadana estadounidense.
La ciudadanía fue solicitada mientras el fraude seguía activo
La operación contra el casino se desarrolló entre el 29 de enero de 2011 y el 27 de mayo de 2015, antes de que Acosta Torres presentara el Formulario N-400. Según los documentos judiciales, la trama involucró a cuatro empleados del establecimiento: Michel Aleu, Lester Lavin, Yohander Jorrin Melhen y Leonard Betancourt. Los trabajadores manipulaban máquinas de juegos electrónicos para generar vales de crédito que luego convertían en efectivo mediante cajeros automáticos dentro del propio casino.
Las esposas de los empleados también fueron incorporadas al esquema. En el caso de Acosta Torres, su función consistía en abrir cuentas bancarias en JPMorgan Chase y Bank of America para recibir el dinero que le entregaba su esposo, Yohander Jorrin Melhen. La investigación señala que entre 2011 y 2014 depositó al menos 39.863 dólares en una de las cuentas y 16.830 dólares en la otra.
El mecanismo era similar al utilizado por las otras mujeres relacionadas con los trabajadores del casino: recibir, depositar y movilizar fondos procedentes de una estafa que, en conjunto, superó los cinco millones de dólares. El dinero sirvió para adquirir una vivienda en Miami, tres vehículos y planes de prepago universitario destinados a los hijos de la pareja. Estos bienes muestran que el lavado no consistía únicamente en esconder efectivo, sino en convertir las ganancias del fraude en patrimonio familiar y gastos de largo plazo.
La respuesta negativa que cambió el caso
La jueza puso el foco en las declaraciones realizadas durante la naturalización. En la solicitud firmada bajo pena de perjurio, Acosta Torres respondió “No” a la pregunta que le pedía indicar si había cometido, ayudado a cometer o intentado cometer algún delito por el que no hubiera sido arrestada. También negó delitos durante la entrevista realizada bajo juramento.
La relevancia de esa respuesta radica en que el procedimiento de naturalización exige demostrar buena conducta moral y presentar información completa sobre los antecedentes del solicitante. La decisión judicial no sostiene simplemente que la mujer participó en una actividad criminal, sino que esa participación fue ocultada en un trámite cuya aprobación dependía precisamente de la honestidad de sus respuestas. En términos legales, la omisión convirtió la mentira en un elemento central para establecer que la ciudadanía no había sido concedida legítimamente.
En julio de 2019, las autoridades presentaron una acusación formal contra Acosta Torres por lavado de dinero. Seis meses más tarde, la acusada se declaró culpable y firmó una “Declaración de Hechos Estipulada”. En ese documento reconoció haber lavado 147.970 dólares, sabiendo que procedían del robo cometido contra el casino. Fue condenada a seis meses de prisión, además de 36 meses de libertad supervisada y la restitución del dinero lavado.
La pérdida de nacionalidad no equivale automáticamente a una deportación
La sentencia penal no incluyó una orden de deportación. Sin embargo, la decisión sobre la ciudadanía modifica su situación migratoria: al quedar sin efecto la naturalización, Acosta Torres deja de contar con la protección jurídica asociada a la ciudadanía y su permanencia en Estados Unidos puede quedar sujeta a un procedimiento migratorio separado.
Esta diferencia es importante. La revocación de la ciudadanía y la expulsión del país pertenecen a procesos distintos, aunque puedan estar relacionados. El tribunal federal determinó que la naturalización fue ilegal; cualquier medida posterior sobre su estatus migratorio dependerá de las autoridades competentes y de las circunstancias concretas de su caso. Por eso, la resolución no significa por sí sola que la mujer haya sido deportada ni que esa consecuencia sea automática.
Un caso que expone el riesgo de ocultar delitos durante la naturalización
El expediente también revela cómo una red criminal puede apoyarse en tareas financieras aparentemente ordinarias. Abrir cuentas, depositar efectivo o adquirir bienes a nombre de la familia puede parecer una actividad separada del fraude original, pero en conjunto permite integrar el dinero ilícito en la economía formal. La participación de familiares amplía además la capacidad de la organización para distribuir depósitos y dificultar el seguimiento de los fondos.
La decisión contra Acosta Torres subraya que el proceso de naturalización no termina con la aprobación de la solicitud. Si posteriormente se demuestra que el solicitante ocultó delitos relevantes o proporcionó información falsa, el Gobierno puede pedir que la ciudadanía sea anulada. En este caso, la condena por lavado aportó la base factual, pero la pérdida de la nacionalidad se apoyó en una cuestión adicional: la conclusión de que la ciudadanía fue obtenida mediante declaraciones falsas y no habría sido concedida de haberse conocido la verdadera conducta de la solicitante.
