Estados Unidos defendió el martes el balance de su plan de paz para Gaza al cumplirse un año de su puesta en marcha, aunque los datos disponibles muestran que la tregua no puso fin a la violencia: al menos 1.493 palestinos murieron y 5.299 resultaron heridos desde que comenzó el alto el fuego, según el Ministerio de Salud de Gaza. Washington presentó como avances la liberación de los rehenes israelíes y la creación de nuevas estructuras de gobierno, mientras la reconstrucción y varias obligaciones militares y políticas siguen sin concretarse.
El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, atribuyó a la mediación del presidente Donald Trump la consolidación de un alto el fuego que calificó de “duradero”. También mencionó el regreso de todos los rehenes israelíes, tanto vivos como fallecidos, la creación de la Junta de Paz y el establecimiento de una administración tecnocrática palestina. El Gobierno estadounidense sostuvo además que aumentó la ayuda humanitaria y disminuyó su desvío por parte de Hamás, pero no ofreció cifras para medir esa reducción.
El Departamento de Estado reconoció que los logros son apenas el comienzo y que quedan dificultades para afianzar el acuerdo alcanzado en octubre de 2025. La distancia entre esa valoración y el recuento de víctimas expone el principal límite del aniversario: un alto el fuego puede reducir la intensidad de los combates sin garantizar que cesen los ataques ni proteger de forma sostenida a la población civil.
Un alto el fuego con víctimas y desplazamientos
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió el 12 de octubre que los ataques israelíes continuaron durante el primer año del acuerdo, con nuevas muertes y desplazamientos. Las cifras del Ministerio de Salud de Gaza, difundidas hasta esa fecha, sitúan en 74.382 el total de palestinos muertos desde el inicio de la guerra, el 7 de octubre de 2023.
La ONU documentó ataques tanto cerca como lejos de la llamada línea amarilla, que delimitó las posiciones militares israelíes después del acuerdo, y alertó sobre posibles violaciones del derecho internacional humanitario. Israel afirmó que sus operaciones se dirigieron contra combatientes de Hamás y otros grupos armados, a quienes acusó de quebrantar la tregua. Hamás rechazó esas acusaciones y responsabilizó a Israel de obstaculizar el proceso de paz.
Las versiones enfrentadas dificultan establecer el alcance y las circunstancias de cada incidente, pero no alteran el saldo registrado por las autoridades sanitarias palestinas ni la preocupación expresada por Naciones Unidas. La continuidad de muertes y desplazamientos también pone en cuestión cuánto puede sostenerse un acuerdo si la población no percibe una mejora concreta en su seguridad cotidiana.
Gobierno y reconstrucción sin avances suficientes
El plan de 20 puntos impulsado por Trump empezó a tomar forma el 9 de octubre de 2025, cuando Israel y Hamás aceptaron su primera fase. Cuatro días después, una cumbre internacional se celebró en Sharm el-Sheikh, Egipto. Esa etapa permitió liberar a los rehenes israelíes y a cientos de presos y detenidos palestinos, pero los compromisos siguientes avanzaron de forma limitada.
El desarme de Hamás, la retirada de las tropas israelíes y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización siguen pendientes. Según Reuters, Israel conserva el control de aproximadamente dos tercios de Gaza. La administración tecnocrática palestina, designada en enero de 2026, aún no había logrado entrar en el territorio para asumir sus funciones, lo que deja sin resolver quién ejercerá el gobierno efectivo y en qué condiciones.
La brecha financiera ofrece otra medida de la escala del desafío. La Junta de Paz anunció un programa inicial de 2.450 millones de dólares, frente a los 71.400 millones que, de acuerdo con estimaciones de organismos internacionales, serían necesarios para la reconstrucción durante la próxima década. Sin avances en seguridad, acceso y administración, la distancia entre los fondos anunciados y las necesidades estimadas amenaza con prolongar el deterioro de las condiciones de vida.
Así, el aniversario reúne dos balances que no se excluyen, pero sí describen resultados distintos: Washington destaca la liberación de los rehenes y la reducción de las operaciones militares a gran escala; los organismos humanitarios señalan que la tregua no detuvo la violencia ni el desplazamiento. La prueba decisiva del plan será si sus mecanismos políticos y financieros consiguen convertir ese alto el fuego en protección estable y una reconstrucción que llegue a la población.
