Ivan Giesen, profesor de inglés de 69 años, afronta el riesgo de perder el piso en el que vive desde hace 27 años en el barrio barcelonés de Poblenou. Aunque continúa trabajando, afirma que el alquiler absorbe más del 50% de sus ingresos y que algunos meses alcanza el 70%. Para él, dejar de trabajar no es una opción pese a haber completado la cotización necesaria para jubilarse.
El conflicto se originó tras una reforma del edificio de la calle de Ramon Turró. La propiedad pretende redistribuir las plantas, transformar dos viviendas en tres y sustituir los pisos de unos 85 metros cuadrados por unidades de entre 45 y 55. Los nuevos alquileres podrían situarse entre 1.700 y 1.800 euros mensuales, mientras que algunas viviendas reformadas ya se han ofrecido por hasta 1.900 euros.
Un desahucio aplazado, pero no resuelto
El contrato de Giesen debía terminar en 2020. Tras acogerse a dos prórrogas extraordinarias de seis meses durante la pandemia, recibió la demanda en 2021. La justicia dio por extinguido el arrendamiento en primera instancia, una decisión que la Audiencia Provincial confirmó en 2024. Desde entonces, los 730 euros que sigue abonando tienen la consideración de indemnización vinculada a la renta anterior.
Con el respaldo del Sindicat de Llogateres y del Sindicat d’Habitatge del Poblenou, logró frenar dos lanzamientos, previstos en enero de 2025 y junio de 2026. El segundo quedó suspendido por posibles defectos de procedimiento. Ahora espera una mediación con la propiedad antes de que se fije una nueva fecha.
El caso también plantea dudas sobre las obligaciones de vivienda protegida asociadas al proyecto del 22@. El Ayuntamiento confirmó que el aumento del número de viviendas estaba condicionado a crear pisos protegidos y que cuatro habían iniciado la calificación provisional. Giesen sostiene además que la entidad propietaria posee 34 inmuebles y es un gran tenedor, un factor que contribuyó a aplazar los lanzamientos.
Su situación refleja una tensión estructural del mercado barcelonés: incluso quienes conservan empleo e ingresos regulares pueden quedar excluidos cuando la vivienda supera ampliamente su capacidad económica. La mediación aún no se ha celebrado y su objetivo sigue siendo renovar el alquiler para permanecer en el piso donde ha vivido casi tres décadas.
