El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el 9 de octubre un acuerdo para comprar inicialmente 300.000 toneladas de diésel ruso, una decisión que introduce una excepción significativa a la política de sanciones que su propio Gobierno había respaldado semanas antes. Washington presenta la operación como una vía para aliviar los precios y reforzar el abastecimiento; sus críticos advierten que puede aportar ingresos a Moscú mientras continúa la guerra en Ucrania.
El anuncio llega en un momento de encarecimiento del combustible y de preocupación republicana ante las elecciones legislativas de medio término. El diésel es esencial para el transporte de mercancías, productos agrícolas, alimentos y otros bienes. Según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), el precio medio alcanzó los 6,28 dólares por galón el 12 de octubre, frente a 3,70 dólares en la misma fecha del año anterior. En septiembre había registrado un máximo de 6,53 dólares; en California, algunos precios superaron los ocho dólares.
Una excepción tras nuevas sanciones
La secuencia política resulta llamativa. El 18 de septiembre, Trump promulgó la Ley Lindsey Graham, que contempla aranceles y sanciones contra países que comercien con productos energéticos y otras exportaciones críticas de Rusia. Menos de tres semanas después, anunció la compra de combustible ruso. La ley debe su nombre al senador republicano que la impulsó, fallecido antes de su aprobación.
La Casa Blanca ha defendido el acuerdo por su posible efecto sobre los precios para agricultores, ganaderos y camioneros. El alza del diésel, sin embargo, no solo repercute en quienes llenan el depósito: eleva los costes de transporte y puede trasladarse a los precios de una amplia variedad de bienes. Ese impacto convierte el combustible en una cuestión económica y electoral para los republicanos, que afrontan una mayoría estrecha en ambas cámaras del Congreso.
El contexto internacional también presiona la oferta. El estrecho de Ormuz está lejos de sus flujos habituales, Bab el-Mandeb afronta amenazas de los hutíes y las instalaciones energéticas rusas y ucranianas han sufrido ataques. A ello se suman rutas marítimas comprometidas y menores inventarios globales. En ese escenario, la administración busca sumar suministro en un mercado ya tensionado.
Un volumen limitado frente a la demanda
La escala inicial del acuerdo restringe su capacidad para modificar el mercado estadounidense. Estados Unidos consume alrededor de 3,6 millones de barriles de diésel al día, equivalentes a unas 482.400 toneladas métricas. Las 300.000 toneladas anunciadas representan poco más de la mitad de un día de consumo nacional. El objetivo final mencionado, tres millones de toneladas, tendría mayor peso comercial, pero seguiría sin resolver por sí solo las dificultades de suministro global.
Nelson Bandeon, consultor en geopolítica energética, describió las primeras entregas como una ayuda puntual, insuficiente para corregir el desequilibrio estructural. La operación podría aliviar tensiones para determinados compradores, pero eso no implica necesariamente que aumente la oferta mundial: el combustible podría redirigirse desde otros mercados, modificando su distribución sin añadir nuevos volúmenes al sistema.
También hay una diferencia entre la capacidad nominal de una refinería y la cantidad que puede producir y exportar efectivamente. Los ataques, el mantenimiento y las restricciones de insumos pueden reducir la producción rusa; además, Moscú debe atender su propia demanda antes de comprometer entregas al exterior. El transporte añade obstáculos: hay disponibilidad limitada de buques, mayores primas de seguro y servicios financieros condicionados por las sanciones.
Costes diplomáticos y dudas sobre el cumplimiento
La dimensión económica no es la única en juego. Bandeon interpreta la decisión como una medida de política interna, orientada a mostrar a los votantes que el Gobierno intenta contener los precios, y también como un posible incentivo para que Moscú retome conversaciones de paz con Kiev. Esa segunda expectativa no garantiza avances diplomáticos: el acuerdo comercial y las negociaciones sobre la guerra son objetivos distintos, con resultados inciertos.
Siete senadores, cuatro de ellos republicanos, cuestionaron el pacto en una declaración conjunta y sostuvieron que ofrece a Vladimir Putin un salvavidas financiero mientras Rusia sigue matando a civiles ucranianos. Las críticas reflejan una tensión entre la urgencia de abaratar el combustible y el coste de flexibilizar las restricciones impuestas a Moscú.
Europa tampoco ha indicado que vaya a seguir el giro estadounidense. El Consejo Europeo aprobó recientemente nuevas medidas contra el sector energético ruso. La autorización de operaciones en Estados Unidos no obliga a los países europeos a cambiar sus propias sanciones, que podrían mantenerse incluso ante una crisis prolongada. Sus opciones incluyen recurrir a reservas, reducir demanda y diversificar proveedores.
La operación puede ofrecer alivio temporal y valor político antes de las elecciones, pero su efecto dependerá de que Rusia cumpla los volúmenes y plazos y de que las entregas aporten combustible adicional, no solo desvíen cargamentos. Para Moscú, incluso antes del primer envío, el acuerdo ya abre una posibilidad: recuperar acceso a un mercado relevante y contribuir a reconfigurar rutas comerciales. Queda por comprobar si ese beneficio se traducirá en más diésel disponible para Estados Unidos y en una reducción sostenida de los precios.
