El Ayuntamiento de Tarragona ha activado un sistema de identificación genética para combatir los excrementos de perro abandonados en la vía pública. Las muestras recogidas en las calles se compararán con el perfil de los animales inscritos en un censo obligatorio, lo que permitirá vincular una deposición con su propietario y tramitar una multa de 100 euros.
Un censo todavía parcial
La base genética comenzó a funcionar en febrero y reúne ya a unos 2.500 perros, cerca de una cuarta parte de los animales que, según las estimaciones municipales, viven en la ciudad. Esa cobertura limita inicialmente el alcance de las sanciones: solo podrán identificarse los casos relacionados con animales registrados. Sin embargo, el sistema crea un incentivo adicional para cumplir el censo y convierte la obligación de recoger los excrementos en una responsabilidad verificable.
La toma de muestras la realizan conjuntamente un técnico de la empresa ADN Canino y un agente de la Guardia Urbana. El procedimiento incluye un bastoncillo, un tubo con líquido conservante, una fotografía y un acta policial con la fecha, la hora y el lugar. En el laboratorio, las técnicas de PCR y electroforesis capilar permiten obtener el perfil genético, aunque el análisis suele prolongarse unos 21 días.
Más allá de la multa
Cuando no exista coincidencia con un perro censado, la muestra no se descarta: servirá para elaborar un mapa de calor de las zonas con mayor concentración de deposiciones. La medida puede aportar información para reforzar la limpieza y orientar la vigilancia, pero su eficacia dependerá de ampliar el registro y mantener una cadena de recogida y análisis suficientemente rigurosa. Tarragona plantea así una política que combina sanción individual, planificación urbana y presión para elevar el cumplimiento entre los propietarios.
