En el suroccidente de Asturias, Soto de la Barca resume una de las contradicciones más difíciles de la transición energética española. El poblado nació para sostener una central térmica, llegó a reunir a unas 500 personas y dispuso de escuela, cine, iglesia, piscina, economato, instalaciones deportivas y consultorio médico. Hoy conserva viviendas vacías, edificios deteriorados y una población reducida, mientras la instalación industrial que justificó su existencia ha desaparecido por completo.
Una comunidad planificada alrededor del carbón
Soto de la Barca no fue un asentamiento improvisado. Su construcción respondió a una estrategia empresarial concreta: acercar a los trabajadores y a sus familias a una central térmica que comenzó sus operaciones comerciales en 1965 junto al río Narcea. El poblado fue diseñado por el arquitecto Ramón Vázquez Molezún y concebido como una comunidad con servicios propios, capaz de cubrir buena parte de las necesidades cotidianas de sus residentes.
La escala del proyecto refleja la importancia que llegó a tener la central. En sus mejores años empleó aproximadamente a 250 trabajadores y amplió su capacidad hasta contar con tres grupos generadores. El carbón procedente de Asturias y León alimentaba una infraestructura relevante para el suministro eléctrico regional, pero también articulaba una forma de vida: las viviendas, los equipamientos y las relaciones sociales dependían de una misma actividad económica.
Ese modelo funcionó mientras la central mantuvo su papel dentro del sistema energético. El problema de Soto de la Barca no fue únicamente el cierre de una fábrica. Fue la desaparición simultánea del empleo, de la demanda residencial y de los servicios que daban sentido al lugar. Cuando una comunidad se diseña alrededor de una sola industria, la clausura de esa industria no deja un vacío puntual: altera toda la estructura que la mantenía viva.
El cierre de 2020 convirtió el poblado en un problema pendiente
La transformación del sector energético aceleró el declive. Las exigencias ambientales, la pérdida de competitividad del carbón y los compromisos de descarbonización fueron reduciendo el margen de las centrales térmicas españolas. Naturgy solicitó en diciembre de 2018 el cierre definitivo de las unidades que seguían operativas, y Soto de la Barca dejó de producir electricidad con carbón en junio de 2020. La clausura administrativa se autorizó ese mismo año.
La central dejó entonces de ser un motor económico y el poblado pasó a depender de una decisión política: definir un nuevo uso para un conjunto residencial que ya no tenía una función industrial. Naturgy cedió el complejo al Ayuntamiento de Tineo, pero la transferencia no resolvía el problema financiero. El municipio heredaba edificios con valor histórico y arquitectónico, aunque también estructuras necesitadas de mantenimiento, rehabilitación y vigilancia.
El desmantelamiento de la instalación energética avanzó con rapidez. La torre de refrigeración fue demolida en diciembre de 2023 y Naturgy confirmó posteriormente que el desmontaje había alcanzado el 100%. La paradoja es evidente: la parte industrial, considerada obsoleta, pudo desaparecer mediante un proceso planificado; las viviendas y los equipamientos sociales, en cambio, quedaron sin una hoja de ruta equivalente.
Los 3,5 millones que no llegaron a convertirse en viviendas
En 2023 apareció una oportunidad excepcional. El Instituto para la Transición Justa concedió 3,5 millones de euros para transformar el antiguo poblado en un proyecto de viviendas colaborativas. La propuesta contemplaba recuperar 14 viviendas unifamiliares, mejorar los accesos, acondicionar los espacios públicos y crear instalaciones comunitarias. El proyecto obtuvo la máxima valoración nacional en su convocatoria, una señal de que respondía, al menos sobre el papel, a los objetivos de revitalización de las zonas afectadas por el abandono del carbón.
Sin embargo, la financiación no bastó para poner en marcha la obra. El nuevo gobierno municipal, constituido en junio de 2023, aseguró que había recibido expedientes con plazos comprometidos. Además, uno de los trabajos técnicos necesarios para urbanizar el poblado no llegó a completarse. La falta de ejecución dentro del calendario establecido obligó finalmente al Ayuntamiento a devolver los 3,5 millones de euros en 2025.
El caso revela una debilidad frecuente de las políticas de transición justa: conseguir fondos es solo el primer paso. Los proyectos requieren suelo regularizado, informes técnicos, capacidad administrativa, coordinación entre instituciones y un calendario realista. Cuando alguno de esos elementos falla, una subvención diseñada para reparar los efectos del cierre industrial puede terminar agravando la frustración local. El concejal de Urbanismo Pablo Fernández calificó la herencia como un «regalo envenenado», porque la cesión ofrecía una oportunidad, pero también imponía costes difíciles de asumir.
Más energía para la comarca, pero sin solución para las casas
Soto de la Barca aún no está completamente deshabitado. Mantiene una pequeña población censada, aunque muy lejos de los cientos de vecinos de su etapa industrial. Las viviendas vacías han sufrido robos, vandalismo y deterioro, mientras la vegetación avanza sobre calles y parcelas. El apodo de «Chernóbil asturiano» funciona como una imagen periodística de abandono, pero puede inducir a error: aquí no hubo accidente nuclear ni evacuación masiva. La causa fue económica y política, no radiológica.
La mayor ironía llegó cuando la zona volvió a aparecer en los planes energéticos. En julio, el Gobierno español adjudicó a La Barca Energía un proyecto hidroeléctrico de bombeo de 320 megavatios, con una inversión comprometida superior a 400 millones de euros. La iniciativa puede devolver actividad e infraestructuras a la comarca, pero no constituye un programa específico para recuperar las viviendas ni garantiza la reconstrucción de la comunidad original.
Ahí se encuentra el verdadero desafío. La transición energética puede sustituir una tecnología por otra y movilizar inversiones millonarias, pero una comarca no se recupera únicamente con megavatios. También necesita residentes, servicios, vivienda, patrimonio protegido y una administración capaz de convertir los recursos disponibles en proyectos ejecutables. Soto de la Barca permanece como recordatorio de que cerrar una industria contaminante puede ser técnicamente posible; decidir qué futuro ofrecer a quienes vivían de ella sigue siendo la parte más compleja.
