La decisión anunciada por Clara Brugada de no cobrar multas ni recargos a quienes tengan adeudos de predial durante 2027 ofrece un incentivo concreto para que hogares y propietarios regularicen sus pagos. La medida llega acompañada de la promesa de que el impuesto no aumentará durante su gestión. Su efecto, sin embargo, dependerá de las reglas de aplicación, del alcance de los adeudos incluidos y de que el alivio temporal no debilite la cultura de pago ni los recursos que financian servicios públicos.
Para las personas con pagos pendientes, eliminar los cargos adicionales puede reducir de manera significativa el monto necesario para ponerse al corriente. Esto es especialmente relevante para quienes acumularon deuda por pérdida de ingresos, dificultades administrativas o falta de liquidez, y para propietarios que enfrentan obligaciones de varios ejercicios. Al bajar el costo de regularización, el gobierno podría ampliar la base de contribuyentes al día y recuperar parte de los adeudos que, de otro modo, seguirían sin cobrarse.
Un incentivo que puede ampliar la regularización
El beneficio no equivale a condonar el impuesto principal: la deuda de predial permanece, mientras se eliminan multas y recargos para facilitar el pago. Esa distinción importa tanto para las expectativas de los contribuyentes como para las finanzas locales. Si las condiciones son claras y el trámite accesible, la administración puede obtener ingresos que estaban en riesgo de permanecer rezagados, y los ciudadanos pueden resolver sus adeudos con una carga menor.
Brugada reportó que la recaudación del predial creció 35% en 2026 y que los ingresos locales sumaron 151,000 millones de pesos en 2025. Las cifras, presentadas durante su segundo informe ante el Congreso capitalino, apuntan a una mayor capacidad recaudatoria, pero no bastan por sí solas para determinar qué parte del avance provino de pagos voluntarios, cambios en el cumplimiento o factores económicos. Tampoco permiten anticipar cuánto ingreso adicional generará el programa de regularización en 2027.
La promesa de estabilidad y la presión sobre el catastro
La afirmación de que el predial no aumentará puede dar certidumbre a los hogares y a quienes presupuestan el costo de mantener una propiedad. No obstante, el monto que paga cada contribuyente depende de cómo se calcula el impuesto y de los datos catastrales aplicables. En este contexto, la actualización del registro de predios contemplada en el Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana del Valle de México ha generado inquietud entre sectores privados. Una actualización administrativa no supone automáticamente un alza tributaria, pero puede influir en la información empleada para determinar obligaciones, por lo que su alcance y metodología serán decisivos para valorar el efecto real.
Para evitar que la promesa política se perciba como incompatible con cambios en los recibos, las autoridades tendrán que explicar con precisión qué significa que el impuesto no suba: si se refiere a la tasa, a la actualización de valores o al pago final de cada inmueble. Sin ese detalle, pueden crecer las dudas cuando los contribuyentes comparen montos anuales, aun si el gobierno sostiene que no modificó el impuesto. La transparencia de los criterios y la posibilidad de revisar datos incorrectos serán importantes para preservar la confianza.
El costo fiscal de aplazar los cargos
La eliminación temporal de multas y recargos puede tener un costo de oportunidad: el gobierno dejará de percibir esos conceptos de quienes habrían pagado sin incentivo. Si la regularización genera suficientes pagos de principal, la renuncia podría compensarse; si el beneficio se concentra en contribuyentes que ya estaban dispuestos a cubrir sus adeudos, el efecto neto sería menor. La información disponible no permite estimar ese balance. También será relevante saber si habrá límites por ejercicio, requisitos, mecanismos de pago y fechas de vigencia, aspectos que el anuncio no detalló.
Existe además un riesgo de conducta a futuro. Si algunos propietarios interpretan que las sanciones se eliminan periódicamente, podrían posponer pagos a la espera de otro programa. Esa expectativa erosionaría los incentivos para cumplir en tiempo y reduciría la previsibilidad de la recaudación. El riesgo no es inevitable: depende de que el gobierno presente la medida como una oportunidad excepcional, comunique sus condiciones con claridad y mantenga opciones de atención para quienes tengan dificultades sin convertir la morosidad en una estrategia conveniente.
Lo que determinará el resultado
La capacidad de recuperar adeudos también dependerá de la operación. Trámites confusos, errores en cuentas prediales o canales de pago limitados pueden impedir que el incentivo llegue a quienes más lo necesitan. Una difusión oportuna, atención para resolver discrepancias y datos públicos sobre solicitudes, pagos recuperados y costo fiscal permitirían evaluar si el programa cumple su objetivo. Esos indicadores ayudarían a distinguir entre un alivio efectivo para los contribuyentes y una medida cuya principal consecuencia sea reducir ingresos por sanciones.
El reto de fondo será sostener la inversión pública que Brugada vincula con la recaudación en infraestructura, seguridad, vivienda y servicios, sin trasladar una carga inesperada a los habitantes. El alivio puede mejorar la regularización y fortalecer la relación entre contribuyentes y gobierno si se acompaña de reglas previsibles. Su balance final dependerá de la respuesta de los deudores, de la claridad sobre la política catastral y de que los ingresos recuperados compensen, al menos en parte, los recargos y multas que dejarán de cobrarse.
