Siete personas migrantes de origen extranjero que habían sido reportadas como desaparecidas en el estado mexicano de Chiapas entre 2016 y 2023 fueron localizadas en Estados Unidos, informó este sábado el fiscal general de la entidad, Jorge Luis Llaven Abarca. El hallazgo fue confirmado a la Fiscalía de Chiapas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), aunque las autoridades mexicanas no detallaron cuándo fueron encontradas ni cuál es actualmente su situación migratoria.
De acuerdo con la información proporcionada por el fiscal, el grupo está integrado por tres ciudadanos hondureños, dos salvadoreños, un colombiano y un guatemalteco. Los siete figuraban en el registro estatal de personas desaparecidas, después de que sus familiares o representantes presentaran denuncias durante un periodo marcado por el tránsito constante de personas extranjeras por el sur de México.
La confirmación llegó desde Estados Unidos
Llaven Abarca explicó ante medios de comunicación que la CBP notificó a la Fiscalía que las siete personas ingresaron a territorio estadounidense de manera irregular y que existen registros de su entrada en ese país. “Ellos confirman que estas personas ingresaron a su país, ingresaron de forma irregular, tienen el registro allá, allá están en Estados Unidos”, declaró el funcionario.
La Fiscalía no precisó si los migrantes fueron detenidos durante un cruce fronterizo, si permanecen bajo custodia de autoridades migratorias o si alguno de ellos ha iniciado un proceso de solicitud de asilo u otro procedimiento legal. Medios mexicanos señalaron que podrían encontrarse recluidos en centros de detención estadounidenses, pero esa versión no ha sido confirmada públicamente por las autoridades de ambos países.
La localización administrativa de una persona no equivale necesariamente a su reunificación con la familia ni permite conocer, por sí sola, las condiciones en que se encuentra. Por ello, además de retirar los nombres del registro estatal, el caso plantea la necesidad de establecer mecanismos para comunicar formalmente la ubicación y el estado de los migrantes a sus familiares y a quienes interpusieron las denuncias.
Revisión de expedientes atrasados
El fiscal informó que la institución retomó expedientes antiguos relacionados con denuncias de desaparición, principalmente las correspondientes a personas extranjeras. La decisión busca actualizar investigaciones que permanecían pendientes y determinar si algunos casos registrados como desapariciones corresponden en realidad a personas que continuaron su trayecto migratorio hacia el norte.
Esta tarea enfrenta dificultades específicas. Muchas personas migrantes cambian de teléfono, carecen de documentos o se desplazan sin informar su ruta a sus familiares. A ello se suman los distintos sistemas de registro entre México y Estados Unidos, las barreras de idioma y la falta de comunicación regular entre fiscalías, autoridades migratorias y consulados. Una coincidencia en una base de datos puede orientar una investigación, pero requiere verificación individual para evitar errores de identidad o cierres prematuros.
Llaven Abarca también señaló que desde hace seis meses se reforzó la colaboración con el Centro Transnacional Antipandillas. Según su explicación, el objetivo es localizar en Chiapas a personas con antecedentes penales u órdenes de captura en sus países de origen. La cooperación busca atender tanto la identificación de personas desaparecidas como el intercambio de información sobre individuos buscados por autoridades de otras naciones.
Una cifra oficial que no refleja toda la dimensión
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabiliza más de 130.000 personas que aún no han sido localizadas en México desde 1950. De ese total, 1.954 corresponden a Chiapas. Sin embargo, el mismo registro identifica únicamente a 317 personas migrantes desaparecidas en todo el país, de las cuales 19 corresponden a ese estado fronterizo con Guatemala.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos consideran que esas cifras pueden estar subestimadas. Amnistía Internacional ha advertido sobre un “importante subregistro” de desapariciones de migrantes, debido a que muchas familias no presentan denuncias en México, desconocen las instituciones responsables o no cuentan con información suficiente sobre el último punto en que fueron vistos sus parientes.
La condición de tránsito también dificulta la investigación. Chiapas es una de las principales puertas de entrada para personas procedentes de Centroamérica, Sudamérica y otros países que buscan avanzar hacia el norte. En ese recorrido, los migrantes están expuestos a redes de tráfico, secuestros, extorsiones, violencia criminal y accidentes, además de los riesgos derivados de operativos y desplazamientos por rutas informales.
Menos cruces en la frontera, pero persisten los riesgos
La noticia se conoce mientras México mantiene una política de mayor contención del tránsito migratorio hacia Estados Unidos, con un reforzamiento de la presencia militar y de los operativos en las fronteras norte y sur. Según datos de la Patrulla Fronteriza estadounidense, los encuentros con migrantes en la frontera con México disminuyeron más de 84 % entre 2024 y el año fiscal 2025, al pasar de más de 1,5 millones a 237.538.
La reducción de los encuentros en la frontera no significa necesariamente que hayan desaparecido las causas de la migración ni que los trayectos sean más seguros. Puede reflejar cambios en las rutas, mayores controles, expulsiones, acuerdos de contención y un desplazamiento de los cruces hacia zonas menos visibles y potencialmente más peligrosas. En ese contexto, la identificación de los siete migrantes representa un avance concreto para sus expedientes, pero también evidencia la necesidad de mejorar los registros y la coordinación transfronteriza.
La Fiscalía de Chiapas deberá precisar ahora cómo se verificó la identidad de cada persona, cuándo se notificará formalmente a sus familiares y bajo qué condición permanecen en Estados Unidos. Esos datos serán determinantes para que la actualización de los registros no se limite a corregir una estadística, sino que permita cerrar las investigaciones con información comprobable y garantizar el derecho de las familias a conocer el paradero de sus seres queridos.
