Las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre de 2026 podrían convertirse en algo más que un referéndum sobre la economía estadounidense. Para Robert Rubin, ex secretario del Tesoro entre 1995 y 1999, el riesgo central es que una eventual interferencia política de la administración de Donald Trump termine afectando la confianza sobre la que se sostiene el sistema económico. Su advertencia parte de una idea precisa: la integridad electoral no es solo una cuestión institucional, sino también un activo financiero.
La economía vuelve a ser el eje electoral
El contexto hace que la advertencia tenga un peso adicional. La economía fue el principal asunto para los votantes en cuatro de las seis elecciones de mitad de mandato celebradas este siglo, y todo indica que volverá a ocupar ese lugar en 2026. El costo de vida, la guerra en Irán, los aranceles y la creciente deuda federal ya presionan sobre las expectativas de hogares y empresas. A esos factores se suman los efectos todavía inciertos de la inteligencia artificial sobre el empleo, la productividad y la inversión.
Rubin sostiene que la incertidumbre política podría convertirse en un nuevo freno justo cuando la actividad privada muestra señales de debilidad. La Federación Nacional de Empresas Independientes calcula que la incertidumbre de las pequeñas empresas se encuentra un 32 % por encima de su promedio histórico. El sector de la inteligencia artificial mantiene un fuerte dinamismo, pero no alcanza para compensar la cautela general de las compañías. Una elección disputada introduciría un riesgo difícil de cuantificar y, por ello, especialmente dañino para las decisiones de inversión.
El temor no se limita al día de la votación
El segundo punto de preocupación es la posibilidad de que la disputa electoral se extienda más allá de los tribunales. Según el análisis de Rubin, la administración Trump ya habría creado obstáculos para unas elecciones competitivas mediante la difusión de acusaciones falsas de fraude, el debilitamiento de defensas frente a la injerencia extranjera y la presión sobre los estados para utilizar una base de datos susceptible de errores en la depuración de los registros de votantes.
El escenario más grave incluiría el envío de agentes federales armados a centros de votación, la confiscación de urnas o el uso de una ambigüedad legal vinculada con el secretario de la Cámara de Representantes para impedir la incorporación de legisladores demócratas elegidos legítimamente. Trump tampoco ha descartado invocar la Ley de Insurrección en relación con los comicios. No se trata de afirmar que todas esas medidas vayan a producirse, sino de reconocer que su mera consideración eleva la prima de incertidumbre y obliga a empresas, inversores y gobiernos locales a prepararse para una crisis institucional.
Rubin utiliza como referencia el despliegue masivo de agentes de inmigración en Minneapolis desde finales de 2025, cuyo costo para la ciudad, sus empresas y sus residentes estimó en unos 700 millones de dólares. La comparación no implica que ambos episodios tengan la misma naturaleza, pero sí muestra cómo una operación federal prolongada puede alterar rápidamente la actividad comercial, la movilidad, el consumo y las cuentas públicas. Un conflicto electoral de alcance nacional tendría un radio de impacto mucho mayor.
El mercado todavía no refleja el riesgo
El tercer anclaje está en los mercados financieros. Rubin considera que muchos dirigentes empresariales y políticos reconocen en privado la amenaza, pero siguen tratándola como una posibilidad remota. Esa percepción explica, a su juicio, que los precios no incorporen plenamente el riesgo de una elección impugnada o de una transición bloqueada. La aparente calma no demostraría que el peligro sea reducido, sino que podría reflejar una confianza excesiva en la capacidad de las instituciones para contenerlo.
El rendimiento del bono del Tesoro a diez años alcanzó recientemente el 5,36 %, un nivel superior al registrado después de la crisis financiera de 2008. Parte de ese aumento responde a la preocupación por la trayectoria política y fiscal del país. Si una controversia electoral debilitara aún más la confianza en la capacidad del Congreso y del Ejecutivo para resolver los problemas presupuestarios, los inversores podrían exigir rendimientos mayores para mantener deuda estadounidense.
El mecanismo de transmisión sería directo. Mayores rendimientos elevarían el costo de servicio de la deuda para el Gobierno, dificultarían la financiación de empresas y presionarían sobre las tasas hipotecarias y las tarjetas de crédito. La crisis política, por tanto, no quedaría confinada a Washington: llegaría a los balances familiares y a las decisiones de contratación e inversión. El deterioro podría persistir incluso después de que se resolviera formalmente la disputa electoral.
La confianza jurídica como ventaja económica
El argumento más profundo de Rubin se refiere al Estado de derecho. Las elecciones libres y la transferencia pacífica del poder permiten que las empresas planifiquen con horizontes largos, atraen capital extranjero y refuerzan la confianza en la solvencia del país. También sostienen la posición del dólar como moneda de reserva mundial. Esa ventaja no aparece en una sola estadística, pero reduce el riesgo que los inversores asignan a Estados Unidos y contribuye a mantener más bajos los costos de financiación.
La experiencia internacional muestra qué ocurre cuando esa confianza se erosiona. Un ejecutivo turco citado por el Financial Times resumió el problema al señalar que su país podía convivir con una inflación elevada, pero no con la falta de Estado de derecho. Un informe del Departamento de Estado publicado en 2024 identificó problemas similares en China, entre ellos la inseguridad sobre los derechos de propiedad, la represión de la crítica y las detenciones arbitrarias, como obstáculos para el clima de negocios.
Estados Unidos no necesita llegar a esos extremos para sufrir consecuencias. Bastaría con que empresas e inversores empezaran a considerar menos segura la protección de los contratos, la continuidad institucional o la transferencia del poder. El llamado “espíritu animal” descrito por John Maynard Keynes depende también de una convicción colectiva: que el país ofrece un entorno confiable para emprender, invertir y competir.
Por eso Rubin pide una respuesta pública antes de la votación. Los dirigentes empresariales, las autoridades estatales y locales y las organizaciones de la sociedad civil podrían defender la integridad electoral con declaraciones imparciales, apoyo a entidades no partidistas y presión discreta sobre quienes evalúen medidas capaces de perturbar o anular los resultados. Después de más de seis décadas dedicadas a la política económica, el ex secretario del Tesoro admite que nunca imaginó tener que escribir una advertencia semejante. Su conclusión es también económica: proteger el proceso electoral significa preservar una de las bases menos visibles, pero más decisivas, de la prosperidad estadounidense.
