La protesta por agua potable de calidad frente a Casa Jalisco, en Guadalajara, desembocó en denuncias de detenciones arbitrarias, lesiones e incomunicación. Las cifras siguen enfrentadas: la Fiscalía estatal reportó 39 arrestos y 21 personas bajo custodia; organizaciones civiles contabilizaron 52 detenciones y afirmaron que 31 personas permanecían privadas de la libertad.
Familiares y defensores exigieron conocer el paradero y la situación jurídica de los detenidos, además de atención médica para los heridos. Entre los testimonios hay denuncias de golpes y de uso de gases lacrimógenos y chorros de agua; las acusaciones aún deben investigarse y contrastarse con los registros oficiales.
Exigen esclarecer el operativo
La presidenta Claudia Sheinbaum condenó la represión y pidió al gobernador Jesús Pablo Lemus explicar el uso de la fuerza y hacer públicos los nombres de las personas detenidas. La CNDH también reclamó una investigación. La discrepancia en los registros y la falta de información denunciada por las familias hacen urgente transparentar las detenciones y verificar posibles abusos; la demanda que originó la protesta, el acceso a agua limpia, quedó relegada por la crisis de derechos humanos.
