Protesta por el agua en Guadalajara escala frente a Casa Jalisco

Protesta por el agua en Guadalajara escala frente a Casa Jalisco

Miles de habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara marcharon este domingo desde la Glorieta de La Minerva hasta Casa Jalisco para exigir agua limpia y una explicación sobre el suministro turbio, con malos olores y sedimentos reportado durante meses. Familias, estudiantes, vecinos y colectivos unieron sus reclamos bajo consignas como “Queremos agua limpia” y “Fuera Lemus”.

La movilización refleja que el problema dejó de ser una serie de quejas aisladas y se convirtió en una crisis de confianza hacia el Gobierno de Jalisco y el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). Los habitantes piden conocer los resultados de los análisis, las zonas afectadas y las medidas concretas para garantizar que el líquido sea seguro para los usos correspondientes.

Protesta por el agua en Guadalajara escala frente a Casa Jalisco

La tensión terminó frente a Casa Jalisco

Al llegar a la residencia oficial del gobernador Pablo Lemus, algunos manifestantes derribaron vallas metálicas. La Policía desplegó elementos antimotines y, según reportes de La Jornada, El Informador y N+, utilizó gas lacrimógeno y chorros de agua a presión para replegar a los participantes. Entre las personas afectadas habría reporteros.

Después de los enfrentamientos circularon versiones sobre detenciones, incluida la de un supuesto profesor del ITESO, pero los primeros informes no ofrecían una lista oficial ni un balance confirmado de arrestos y personas lesionadas. Esa falta de datos impide establecer todavía el alcance de la intervención policial.

El siguiente desafío para las autoridades es doble: aclarar de inmediato lo ocurrido durante la protesta y responder con evidencia al deterioro del servicio denunciado por los vecinos. Mientras no se publiquen análisis verificables, un calendario de correcciones y alternativas para las zonas afectadas, la controversia seguirá alimentando costos adicionales para las familias y una presión política creciente sobre el Gobierno estatal.

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