Clara Brugada aseguró ante el Congreso de la Ciudad de México que su gobierno no aumentará el impuesto predial y que analiza eliminar en 2027 multas y recargos para personas con adeudos. La propuesta combina dos señales distintas: mantener estable el gravamen para los contribuyentes al corriente y ofrecer una vía de regularización a quienes acumularon pagos pendientes. Su efecto dependerá menos del anuncio que de las reglas, los plazos y el costo fiscal que finalmente se definan.
La jefa de Gobierno sostuvo que el impuesto no ha subido y no subirá, aunque la recaudación sí ha aumentado. Esa distinción es relevante: los ingresos pueden crecer por cambios en el cumplimiento, la actividad económica, las actualizaciones catastrales o el valor de las propiedades, aun sin modificar la tasa. Sin información desglosada sobre esos componentes, no es posible atribuir el aumento a una sola causa ni concluir que la carga efectiva de todos los hogares se mantendrá igual.
Un alivio que puede ampliar el cumplimiento
La eventual eliminación de multas y recargos podría beneficiar a propietarios que enfrentan dificultades para ponerse al corriente. Al reducir el costo acumulado de la deuda, el gobierno podría incentivar pagos que de otro modo seguirían pendientes y ampliar la base de contribuyentes activos. Para hogares con ingresos irregulares, una regularización clara también puede reducir la incertidumbre sobre obligaciones que crecieron con el paso del tiempo.
El posible efecto distributivo, sin embargo, dependerá de quién pueda acceder al programa. Un beneficio abierto y comprensible puede ayudar a pequeños propietarios y familias con adeudos prolongados; uno diseñado sin criterios precisos podría favorecer también a contribuyentes con capacidad de pago que simplemente pospusieron sus obligaciones. La diferencia importa para la percepción de equidad: quienes pagaron puntualmente podrían considerar injusto que la morosidad termine teniendo un costo menor que el cumplimiento oportuno.
La experiencia recaudatoria reciente ofrece contexto, no una garantía. La administración reportó ingresos de 151,000 millones de pesos en 2025 y señaló que los ingresos de la ciudad superaron 183,000 millones durante el primer semestre de 2026, 12% por encima de lo previsto en la Ley de Ingresos. Son cifras del conjunto de las finanzas capitalinas; no permiten determinar cuánto corresponde al predial ni cuánto margen existe para condonar accesorios sin afectar servicios o inversión pública.
La promesa fiscal frente a la capacidad de gasto
Mantener el impuesto sin aumentos puede dar previsibilidad a propietarios y contribuir a moderar la preocupación ciudadana, que se intensificó tras la discusión del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México. El vínculo entre ese programa y el predial no está establecido en el anuncio, pero la coincidencia ayuda a explicar por qué el gobierno buscó descartar un alza. En un entorno de inquietud sobre el uso del suelo y la vivienda, la certeza tributaria puede reducir temores, aunque no resuelve por sí sola las controversias sobre desarrollo urbano.
La contrapartida es presupuestaria. Si los ingresos propios no crecen al ritmo de las necesidades de la capital, el gobierno tendría que compensar la diferencia con mayor eficiencia recaudatoria, otros ingresos o ajustes en el gasto. El aumento observado en los ingresos totales ofrece cierto margen, pero no elimina la incertidumbre: las cifras semestrales pueden variar y una parte de la recaudación puede depender de factores no recurrentes. La promesa de no elevar el predial será más sólida si se acompaña de proyecciones públicas que aclaren cómo se financiarán las obligaciones de largo plazo.
Reglas claras para evitar efectos contraproducentes
El diseño de la condonación será decisivo. Si el programa se anuncia con demasiada anticipación y no establece fechas, requisitos y consecuencias, algunos contribuyentes podrían retrasar pagos a la espera de nuevos beneficios. Esa expectativa debilitaría el incentivo a cumplir puntualmente y podría convertir una medida excepcional en una práctica que se repite. Para reducir ese riesgo, la autoridad tendría que precisar si la eliminación abarcaría todos los adeudos, qué periodos comprendería y si incluiría mecanismos de pago en parcialidades.
También será importante distinguir la condonación de multas y recargos de la cancelación del impuesto principal. El anuncio se refiere a los accesorios asociados con adeudos, no a eliminar el monto predial pendiente. Comunicar esa diferencia con precisión puede evitar interpretaciones erróneas y permitir que cada persona calcule el beneficio real. La transparencia en el costo presupuestario y en el número de cuentas regularizadas ayudaría, además, a evaluar si la medida mejora el cumplimiento o simplemente reduce ingresos que la ciudad habría recibido de todos modos.
Una señal que deberá probarse en 2027
Brugada informó asimismo que 82% de los 113 compromisos asumidos al inicio de su gobierno se habían cumplido o estaban en proceso, y que el resto comenzaría el próximo año. La meta fiscal se inserta en ese balance político, pero su credibilidad dependerá de resultados verificables: evolución del predial, recuperación de adeudos, costo de las condonaciones y continuidad de los servicios financiados con recursos públicos. El equilibrio no consiste únicamente en evitar un aumento nominal, sino en sostener ingresos suficientes sin trasladar cargas desproporcionadas a quienes cumplen ni premiar de forma reiterada la demora.
