La nueva normativa de disciplina escolar anunciada por la presidenta peruana Keiko Fujimori busca responder a dos problemas que suelen avanzar juntos dentro de las aulas: la violencia entre estudiantes y la percepción de que los docentes han perdido herramientas para intervenir. El Gobierno plantea sanciones graduales, amonestaciones y la posibilidad de expulsar a quienes incurran en faltas graves o persistentes. También propone recuperar la calificación de conducta y fijar reglas sobre presentación personal. El alcance real de la reforma, sin embargo, dependerá menos de su tono de firmeza que de cómo se aplique en cada centro educativo.
La medida se presenta en un contexto en el que las escuelas no solo enseñan contenidos: también deben gestionar conflictos, proteger a menores y sostener condiciones mínimas de convivencia. Cuando una agresión, el acoso o el uso indebido de dispositivos interrumpen las clases, el perjuicio alcanza a víctimas y compañeros. Pero una política centrada en castigos puede dejar intactas las causas de esos comportamientos si no se acompaña de prevención, apoyo psicológico y procedimientos claros.
De la convivencia al restablecimiento de la autoridad
Los lineamientos anunciados por Fujimori responden a conductas diversas: desde retrasos reiterados y faltas leves hasta agresiones, hostigamiento sexual o posesión y consumo de sustancias prohibidas. La presidenta defendió una escala de sanciones, con la intención de corregir primero las conductas menos graves y reservar medidas más severas para situaciones de mayor riesgo o reincidencia. En ese diseño, la suspensión definitiva vuelve a ocupar un lugar explícito, mientras que los maestros recuperarían la facultad de orientar el comportamiento y asignar una nota de conducta.
La secuencia importa. Una sanción gradual puede ser más justa y eficaz que una respuesta idéntica ante incidentes muy distintos, siempre que existan criterios compartidos para determinar la gravedad, registrar los hechos y escuchar a las partes. Sin esas garantías, la gradualidad puede convertirse en discrecionalidad: dos estudiantes que cometen faltas semejantes podrían recibir consecuencias distintas según el criterio del centro o la presión de las familias.
La promesa de devolver autoridad a los docentes también apunta a una experiencia concreta descrita por la mandataria: profesores que se sentían arrinconados y sin margen para llamar la atención. Restituir capacidad de intervención puede ayudar a detener conflictos antes de que escalen. No obstante, autoridad profesional no equivale a poder ilimitado. Si una nota de conducta influye en la trayectoria escolar, deben aclararse sus criterios y mecanismos de revisión para evitar que se use de forma arbitraria o como castigo a la discrepancia.
El reto de proteger sin expulsar el problema
La expulsión plantea una tensión especialmente delicada. Puede apartar temporalmente a un alumno que representa un peligro inmediato, pero no resuelve por sí misma la violencia ni garantiza que la víctima quede protegida. Si el estudiante expulsado pierde continuidad educativa sin recibir orientación ni una vía de reinserción, el conflicto puede desplazarse a otro espacio y agravarse. Por eso, una respuesta firme necesita distinguir entre separar para proteger, sancionar para establecer límites y acompañar para reducir la posibilidad de repetición.
El caso de una agresión física leve, incluida entre las faltas graves, muestra por qué esa distinción es esencial. La escuela tendría que establecer qué ocurrió, valorar si hubo lesiones, escuchar a quienes participaron y activar medidas de protección. Una sanción aislada no sustituye la atención a la víctima ni permite comprender si existe acoso sostenido, una disputa puntual o una situación que exige intervención externa. El Gobierno ha señalado que ante bullying, violencia o acoso sexual se debe avisar a docentes y directivos, y que ciertos casos serán puestos en conocimiento del Ministerio Público y la Policía Nacional. La coordinación debe evitar tanto la inacción como una derivación automática que ignore las necesidades de los menores.
La reforma también pone a prueba la capacidad de los centros. Para aplicar protocolos de manera consistente hacen falta personal disponible, canales confidenciales de denuncia, formación para identificar riesgos y comunicación con las familias. Sin esos recursos, la norma puede generar expectativas que cada escuela no está en condiciones de cumplir, con resultados desiguales entre instituciones. La carga administrativa, además, puede recaer sobre docentes que ya deben atender clases y documentar incidentes sin apoyo especializado.
Reglas de apariencia y equidad en el aula
Las restricciones anunciadas sobre maquillaje, uñas pintadas, cabello largo o teñido y longitud de las faldas abren otra discusión: qué relación tienen esas reglas con la seguridad y el aprendizaje. Un código de presentación puede ofrecer pautas comunes, pero no debe confundirse con la prevención de la violencia. Si la aplicación de estas disposiciones ocupa el tiempo de docentes y directivos mientras faltan recursos para atender el acoso, la prioridad educativa queda invertida.
También importa cómo se vigilan. Una regla ambigua sobre el cabello «excesivamente largo» o una medida «adecuada» para las faldas deja amplio margen de interpretación. Ese margen puede traducirse en controles desiguales o afectar con mayor intensidad a determinados estudiantes por su apariencia, género o situación económica. La legitimidad de una norma depende de que sus razones sean comprensibles, sus límites estén definidos y su aplicación no humille ni excluya.
Una política cuya eficacia se medirá en resultados
El cambio podría influir en la cultura escolar si logra combinar límites claros con confianza para denunciar. La exhortación a informar sobre agresiones solo producirá protección efectiva cuando el estudiante crea que será escuchado y que la escuela actuará sin exponerlo a represalias. A su vez, los profesores necesitan respaldo institucional, no únicamente la autorización formal para sancionar. La formación en manejo de conflictos y el acceso a equipos de orientación son parte de esa autoridad práctica.
La evaluación de la política debería observar más que el número de amonestaciones o expulsiones. Importa saber si disminuyen las agresiones reiteradas, cuánto tardan los centros en atender una denuncia, si las víctimas reciben apoyo y si los alumnos sancionados logran retomar sus estudios. Esos indicadores permitirían distinguir una mejora de convivencia de un simple aumento de castigos.
La reforma coloca sobre la mesa una demanda legítima: que aprender no implique soportar violencia y que los docentes puedan intervenir. Su efecto duradero dependerá de que la disciplina no se reduzca a obediencia o apariencia. Si las sanciones se aplican con criterios transparentes y se combinan con prevención y acompañamiento, pueden contribuir a aulas más seguras; sin esas condiciones, existe el riesgo de que la autoridad se restablezca en el papel mientras los problemas se desplazan, se silencian o recaen de manera desigual sobre los estudiantes.
