La presidenta peruana, Keiko Fujimori, presentó nuevos lineamientos de disciplina escolar que buscan responder a la violencia entre estudiantes y a las agresiones contra integrantes de la comunidad educativa. El cambio combina sanciones proporcionales, medidas correctivas y la posibilidad de expulsar a quienes cometan faltas especialmente graves. El Gobierno sostiene que la meta es restablecer la autoridad docente y proteger la convivencia, sin limitar la respuesta a castigos inmediatos.
Una respuesta escalonada, con una sanción extrema
La propuesta parte de una premisa: las conductas que comprometen la integridad de niños y adolescentes requieren una intervención “firme, oportuna y responsable”. Fujimori afirmó que las sanciones y amonestaciones se aplicarán de manera gradual, de acuerdo con la falta. En esa escala, una infracción leve debería dar lugar primero a una advertencia y a una oportunidad de corregir la conducta; la expulsión quedaría para casos de mayor gravedad, según la explicación ofrecida por la mandataria.
Sin embargo, la posibilidad de restablecer las suspensiones definitivas —que Fujimori describió como expulsiones— ocupa un lugar central en el anuncio. La presidenta argumentó que la conducta de unos pocos estudiantes no debe perturbar el aprendizaje de la mayoría. Esa justificación plantea el principal equilibrio que deberá resolver la norma: preservar la seguridad y la continuidad de las clases sin convertir la exclusión del sistema educativo en una respuesta automática o desproporcionada.
El papel del docente vuelve al centro
Uno de los cambios destacados por Fujimori es devolver a los maestros facultades para orientar y corregir la conducta de sus alumnos. Según la Presidencia, el nuevo reglamento permitirá que vuelvan a asignar una nota de conducta. La mandataria sostuvo que antes algunos docentes se sentían “arrinconados” y no podían llamar la atención a los estudiantes como consideraban necesario.
La medida intenta reforzar la capacidad cotidiana de intervención en el aula, no solo la respuesta ante episodios extremos. En la práctica, su eficacia dependerá de que los criterios sean claros y se apliquen de forma consistente: una autoridad reconocida puede ayudar a prevenir conflictos, pero la discrecionalidad sin pautas comprensibles puede producir decisiones desiguales entre centros o alumnos. El anuncio no detalla cómo se supervisará la aplicación de esas facultades ni qué mecanismos podrán utilizar las familias para revisar una sanción.
Bullying y acoso: la obligación de avisar
La presidenta también se refirió al bullying, la violencia y el acoso sexual. Instó a los estudiantes a comunicar estos hechos a sus profesores o al director y aseguró que los responsables serían puestos a disposición del Ministerio Público y de la Policía Nacional. El énfasis en denunciar busca evitar que las agresiones queden silenciadas dentro de la escuela, especialmente cuando la víctima teme represalias o no confía en que los adultos intervengan.
Ese llamado introduce una dimensión distinta de la disciplina: no se trata únicamente de corregir al alumno que infringe una regla, sino de establecer canales para detectar y atender daños. Para que la denuncia sea una herramienta efectiva, la respuesta escolar debe proteger a quien informa y distinguir entre conflictos de convivencia, agresiones y posibles delitos. La declaración presidencial señala la ruta hacia las autoridades, pero no especifica protocolos de protección ni procedimientos de acompañamiento para las víctimas.
Conductas cotidianas y límites de la regulación
Entre las faltas graves mencionadas figuran el uso indebido de teléfonos móviles y otros dispositivos, la repetición de tres o más infracciones leves durante el año, los retrasos injustificados y reiterados, las agresiones físicas leves sin lesión o psicológicas, y la posesión o consumo de sustancias prohibidas. La acumulación de faltas leves como criterio para agravar una sanción busca dar peso a la reincidencia, aunque hace especialmente importante definir qué se considera una infracción y cómo se registra.
Fujimori añadió reglas sobre aseo e imagen personal. Dijo que no se permitirían el maquillaje, las uñas pintadas ni el cabello “excesivamente largo” o teñido, y que se establecería una medida adecuada para el largo de las faldas escolares. Al incluir estas cuestiones junto con agresiones y consumo de sustancias, los lineamientos abarcan comportamientos de naturaleza muy distinta: unos afectan directamente la seguridad; otros expresan estándares de presentación personal. La proporcionalidad anunciada será decisiva para que las normas de apariencia no reciban el mismo tratamiento que las conductas que dañan a otros.
La prueba estará en la aplicación
El planteamiento oficial presenta el orden escolar como una condición para que todos puedan aprender y, a la vez, defiende que el alumno sancionado conserve oportunidades de corregirse. Esos dos objetivos pueden reforzarse mutuamente si las reglas son previsibles, las medidas guardan relación con la falta y las escuelas intervienen temprano. Pueden entrar en tensión si la expulsión se convierte en una salida frecuente o si criterios subjetivos, como la presentación personal, pesan más que la protección efectiva de los estudiantes.
Por eso, el alcance real de la reforma no se medirá solo por la severidad de las sanciones anunciadas. También dependerá de cómo se definan las faltas, de la capacitación de docentes y directivos, y de la existencia de procedimientos que permitan escuchar a estudiantes y familias. La promesa de recuperar autoridad tendrá que traducirse en decisiones consistentes: una disciplina que proteja a la comunidad escolar y corrija conductas sin renunciar a la responsabilidad educativa de la propia escuela.
