La presidenta peruana, Keiko Fujimori, presentó nuevos lineamientos para la gestión de la disciplina escolar con una promesa central: recuperar la autoridad de los docentes y responder con mayor firmeza a la violencia en los centros educativos. El reglamento combina sanciones graduales, la posibilidad de expulsar a estudiantes y medidas para reportar agresiones; su alcance también abre un debate sobre cómo equilibrar la convivencia, la protección de las víctimas y el derecho a la educación.
La autoridad docente vuelve al centro del aula
Uno de los cambios destacados por Fujimori es que los maestros podrán corregir y orientar la conducta de sus alumnos, incluida la asignación de una nota de conducta. La mandataria describió a los docentes como “arrinconados” y sostuvo que el nuevo marco les permitirá intervenir de nuevo. La medida busca reforzar su capacidad para gestionar conflictos cotidianos, aunque su eficacia dependerá de que las reglas sean claras y se apliquen de manera consistente, sin convertir la disciplina en una respuesta arbitraria.
La decisión se presenta ante conductas que, según el Gobierno, afectan la convivencia y la seguridad de los estudiantes. Para recuperar la confianza en la autoridad escolar, no bastará con habilitar sanciones: también será necesario que los centros expliquen los criterios, documenten sus decisiones y distingan las faltas leves de las agresiones que ponen en riesgo la integridad de la comunidad educativa.
La expulsión, una respuesta reservada a los casos más graves
Fujimori anunció que se reinstalarán las suspensiones definitivas, es decir, las expulsiones, para apartar del aula a quienes alteren gravemente la tranquilidad de sus compañeros. A la vez, señaló que el régimen contempla una escala de amonestaciones y sanciones leves para dar al estudiante la oportunidad de corregir su comportamiento. Esa gradualidad constituye el principal contrapeso a la medida más severa: la respuesta debe variar según la falta y no tratar del mismo modo una infracción corregible y una agresión de mayor entidad.
Entre las faltas graves enumeradas figuran el uso indebido de teléfonos y otros dispositivos, la repetición de tres o más infracciones leves durante el año, las tardanzas injustificadas reiteradas, las agresiones físicas sin lesión o psicológicas y la posesión o consumo de sustancias prohibidas. La lista delimita el tipo de conductas que pueden activar medidas más estrictas, pero el comunicado no detalla en qué circunstancias se impondrá la expulsión ni cómo se garantizará que cada caso sea evaluado individualmente.
Denunciar la violencia y proteger a quien la sufre
El reglamento aborda también el acoso escolar, la violencia y el acoso sexual. Fujimori instó a los alumnos a informar a sus profesores o al director y afirmó que el agresor será puesto a disposición del Ministerio Público y de la Policía Nacional. La derivación a las autoridades traslada ciertos casos más allá de la disciplina interna, una diferencia relevante cuando los hechos pueden constituir delitos o requieren protección inmediata de la víctima.
El desafío práctico será que denunciar no exponga a los estudiantes a represalias ni quede reducido a una instrucción pública. La respuesta escolar tendrá que atender a la seguridad de quienes reportan los hechos y asegurar que las alertas se tramiten con oportunidad. En paralelo, la presidenta defendió reglas sobre aseo e imagen personal, como limitar el maquillaje, las uñas pintadas, el cabello largo o teñido y regular el largo de las faldas. Esas disposiciones amplían el alcance del orden escolar más allá de la violencia y plantean una exigencia distinta: que las normas de presentación sean aplicadas con criterios precisos y proporcionales, sin desplazar la prioridad de proteger a los estudiantes.
