Pacientes del Hospital General de Zona número 194 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantienen este 22 de octubre un bloqueo sobre la Avenida Gustavo Baz, en Naucalpan, Estado de México. La protesta ocurre afuera del nosocomio y está relacionada con el servicio de hemodiálisis que reciben usuarios de la institución.
El punto central del reclamo es el traslado de pacientes desde Naucalpan hasta Tlalnepantla para recibir sus tratamientos de diálisis. Los inconformes cuestionan que deban desplazarse fuera de su municipio para acceder a una atención indispensable, una situación que, por la naturaleza de la enfermedad renal, no puede resolverse simplemente posponiendo una cita o eligiendo otro servicio médico.
Una protesta que llegó a la principal vía de acceso
El bloqueo coloca el conflicto dentro de la vida cotidiana de Naucalpan y no únicamente en el ámbito administrativo del IMSS. La Avenida Gustavo Baz es una vía de circulación relevante para la zona metropolitana, por lo que la movilización puede generar afectaciones viales y hacer visible una inconformidad que comenzó alrededor de la organización de los tratamientos médicos.
La protesta no se limita a una disputa por la ubicación de las consultas. Para quienes requieren hemodiálisis, el tratamiento forma parte de una rutina clínica regular y de alta dependencia. La posibilidad de recibirlo en una unidad cercana influye en los tiempos de traslado, los gastos de transporte y el desgaste físico que implica acudir de manera recurrente a una instalación distante.
El traslado modifica el costo real de la atención
La distancia entre el domicilio de un paciente y el centro donde recibe la terapia puede convertirse en una barrera médica. Cada desplazamiento exige organizar transporte, acompañamiento y horarios, especialmente cuando la persona presenta debilidad, movilidad reducida u otras complicaciones asociadas con la insuficiencia renal. En ese contexto, un cambio de sede no representa únicamente una modificación logística: altera las condiciones bajo las cuales el paciente puede sostener su tratamiento.
Los usuarios del Hospital General de Zona número 194 señalan precisamente ese punto al cuestionar el traslado a Tlalnepantla. Aunque la atención pueda continuar en otra unidad, la continuidad formal del servicio no necesariamente equivale a una atención accesible. La diferencia entre contar con una cita y poder llegar a ella de forma regular es decisiva para pacientes cuyo estado depende de sesiones programadas.
La información disponible sobre la protesta no precisa cuántos pacientes son trasladados, durante cuánto tiempo se mantendrá esta medida ni cuál fue la razón operativa para canalizarlos a Tlalnepantla. Tampoco se ha informado, hasta el momento de este reporte, una respuesta pública del IMSS sobre el bloqueo, las condiciones del servicio o una eventual alternativa para los usuarios afectados.
La pregunta pendiente es cómo garantizar la continuidad
El conflicto plantea una responsabilidad que rebasa la apertura de espacios para atender la demanda. Cuando una institución reorganiza un servicio especializado, debe considerar no solo su capacidad instalada, sino también la accesibilidad territorial y la posibilidad de que los pacientes cumplan el calendario terapéutico. En hemodiálisis, esos factores están estrechamente vinculados con la seguridad y la permanencia del tratamiento.
La inconformidad también revela la vulnerabilidad de una red de atención que depende de unidades limitadas para cubrir necesidades complejas. Si una sede deja de atender a determinados pacientes o resulta insuficiente, el impacto se distribuye de inmediato entre quienes tienen menos margen para absorber nuevos costos y desplazamientos. La saturación o la reorganización de un servicio especializado puede terminar trasladando la carga operativa de la institución a las familias.
El bloqueo busca una respuesta, no solo visibilidad
La presencia de los pacientes en Gustavo Baz convierte una dificultad interna del sistema de salud en un asunto público. Sin embargo, el retiro de la protesta dependerá de que exista información clara sobre el servicio y una respuesta concreta a las objeciones planteadas. Explicar el motivo de los traslados, establecer condiciones de transporte y comunicar los tiempos de atención serían elementos básicos para evaluar si la medida es viable.
Mientras no se aclare el alcance de la reubicación, el problema seguirá siendo percibido por los usuarios como una pérdida de cercanía y certidumbre. El reclamo de los pacientes del Hospital General de Zona número 194 pone en primer plano una exigencia elemental: que cualquier ajuste en la prestación de hemodiálisis preserve tanto la continuidad clínica como la posibilidad real de llegar al tratamiento. En este caso, la distancia entre Naucalpan y Tlalnepantla se ha convertido en el indicador visible de esa tensión.
