La CNDH y la relatora especial de la ONU Gina Romero pidieron investigar el uso de la fuerza y las detenciones durante la protesta por la calidad del agua en Guadalajara, celebrada el 11 de octubre. Ambas instancias reclamaron proteger el derecho a manifestarse y garantizar la integridad de las personas detenidas.
Según reportes difundidos, policías habrían empleado gases lacrimógenos, chorros de agua y balas de goma; también se denunciaron lesiones y detenciones arbitrarias. La movilización, que partió de la Glorieta de La Minerva y llegó a Casa Jalisco, reunió cerca de 10,000 personas, de acuerdo con el gobernador Pablo Lemus. Las autoridades reportaron 39 detenidos y 28 policías lesionados; la Fiscalía estatal informó el lunes que 18 arrestados habían sido liberados.
Investigación y garantías pendientes
La CNDH pidió que se esclarezcan los hechos y que cualquier intervención policial cumpla los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Romero solicitó una investigación independiente y medidas para evitar la estigmatización de los manifestantes. La comisión estatal abrió el acta de investigación 41 y dictó medidas cautelares para asegurar atención médica y respeto a los derechos de las personas detenidas.
Las demandas de rendición de cuentas surgen mientras persisten las quejas por agua turbia, mal olor y posibles contaminantes en colonias de la zona metropolitana. La respuesta a la protesta y la investigación policial son ahora inseparables de la obligación de las autoridades de atender una crisis que mantiene movilizada a la población.
