La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó de “muy irresponsable” el operativo antidrogas realizado en abril en Chihuahua con participación de agentes estadounidenses sin la autorización exigida por la legislación mexicana. La operación terminó con la muerte de dos agentes de la CIA y dos funcionarios mexicanos, cuyo vehículo cayó a un barranco durante el regreso.
Investigación contra el exfiscal
El principal señalado es César Gustavo Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, detenido el sábado por presuntas irregularidades vinculadas con el operativo. La Fiscalía estatal obtuvo una orden de aprehensión por delitos relacionados con el ejercicio del servicio público, mientras que la Fiscalía General de la República consiguió otra por presunta traición a la patria.
Según la investigación federal, Jáuregui habría permitido que agentes extranjeros intervinieran directamente en un operativo terrestre contra un laboratorio clandestino de drogas sintéticas, pese a que esa clase de acciones corresponde a las autoridades federales mexicanas y requiere autorización específica para la colaboración internacional.
Un problema de soberanía y control
Sheinbaum cuestionó que un responsable de procurar justicia hubiera incumplido precisamente las normas que debía hacer respetar. Jáuregui renunció el 27 de abril, tras reconocer fallos de información y supervisión, pero la presidenta anticipó que aún existen otras investigaciones en su contra.
El caso trasciende el accidente y expone fallas de coordinación, mando y control sobre la cooperación de seguridad con Washington. También adquiere una dimensión política en un momento de tensión bilateral, marcado por las afirmaciones de Donald Trump de que el crimen organizado controla partes de México. Para el Gobierno mexicano, la investigación deberá determinar responsabilidades sin permitir que la cooperación contra el narcotráfico se convierta en una vía para eludir la soberanía y las competencias nacionales.
