El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó que una investigación contra una amplia estructura de narcotráfico y lavado de activos incluiría al expresidente colombiano Gustavo Petro. La declaración fue entregada a SEMANA después de la captura de Luisa González, excandidata presidencial y dirigente del movimiento Revolución Ciudadana, ocurrida durante la madrugada del jueves 22 de octubre.
La detención de González se produce en el marco de una investigación de la Fiscalía ecuatoriana sobre presuntas irregularidades en la financiación política y en el gasto de publicidad de la campaña presidencial de 2023. Las autoridades indagan inconsistencias relacionadas con los aportes recibidos y con el origen lícito de los recursos utilizados durante ese proceso electoral.
González perdió aquella elección en segunda vuelta frente a Noboa, con el 48 % de los votos. En enero, las autoridades habían allanado su vivienda. En ese momento, la excandidata negó haber recibido dinero procedente de Venezuela y rechazó cualquier vínculo irregular con fondos extranjeros.
Una acusación directa en medio de la disputa política
La captura provocó una reacción inmediata del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, líder político cercano a González. “Apresaron a Luisa González. ¡¡¡YA BASTAAA!!!”, escribió Correa en la red social X. El exmandatario, condenado por corrupción y prófugo de la justicia ecuatoriana, reside en Bélgica desde que dejó el poder en 2017.
Petro comentó la publicación de Correa y cuestionó con dureza al gobierno ecuatoriano. Según el presidente colombiano, en Ecuador se desarrolla “una verdadera dictadura” que habría comenzado con un fraude electoral. También sostuvo que el denominado escudo de seguridad no estaría dirigido exclusivamente contra el narcotráfico, sino contra la democracia.
Noboa respondió vinculando las declaraciones de Petro con una investigación criminal en curso. “Estamos desbaratando una estructura grande de narcotráfico y lavado de activos que incluye al expresidente Petro, por eso se enloquece y hace comentarios así”, aseguró el mandatario ecuatoriano a SEMANA.
La afirmación representa una acusación política y judicial de máxima gravedad. Sin embargo, la información divulgada no incluye detalles públicos sobre las pruebas específicas que sustentarían la supuesta inclusión de Petro en esa estructura, ni precisa si existe una investigación formal abierta contra el expresidente colombiano en Ecuador o en otra jurisdicción. Esa diferencia resulta central para separar una denuncia presidencial de una imputación respaldada por actuaciones fiscales o decisiones judiciales.
El caso González y el financiamiento electoral
La investigación contra González se concentra en el origen y la utilización de los recursos de su campaña presidencial de 2023. Este tipo de pesquisas busca establecer si los aportes fueron reportados de manera completa, si provinieron de fuentes permitidas por la legislación y si el gasto en publicidad coincidió con la información entregada a las autoridades electorales.
La revisión del financiamiento político tiene una dimensión que trasciende la disputa entre Noboa y Revolución Ciudadana. Cuando una campaña es investigada por posibles inconsistencias económicas, el proceso puede afectar tanto la legitimidad de sus resultados como la confianza pública en el sistema de partidos. En este caso, además, la detenida pertenece a la principal corriente política vinculada con Correa, un sector que ha denunciado persecución política por parte de las instituciones ecuatorianas.
El gobierno, por su parte, presenta la operación como parte de un esfuerzo más amplio contra redes de narcotráfico, lavado de activos y penetración criminal en la política. La validez de esa explicación dependerá de que las autoridades publiquen decisiones motivadas, evidencias verificables y garantías de debido proceso para los involucrados.
Un antecedente que vuelve a tensar la relación con Colombia
Las acusaciones contra Petro no son nuevas. En una entrevista concedida en abril, Noboa había señalado que el entonces presidente colombiano mantenía vínculos indirectos con personas relacionadas con organizaciones criminales ecuatorianas. Según el mandatario ecuatoriano, Petro se reunió en Manta con integrantes de Revolución Ciudadana, algunos de los cuales tendrían nexos con Adolfo Macías, alias Fito, líder de Los Choneros y actualmente detenido en Estados Unidos.
Noboa también cuestionó la política colombiana de paz total y sostuvo que el gobierno de Petro estaba debilitando la cooperación regional contra el narcotráfico. Aquellas declaraciones profundizaron una crisis diplomática que ya había deteriorado los canales de coordinación entre ambos países.
Ecuador envió entonces una nota de protesta y llamó a consultas a su embajador en Bogotá. Colombia adoptó una medida similar con su representante diplomático. Además, se suspendieron mesas de diálogo y aumentaron las represalias comerciales, con aranceles que llegaron hasta el 100 %. El episodio mostró que las acusaciones sobre seguridad y crimen organizado tienen efectos concretos sobre el comercio, la cooperación fronteriza y la gestión de una frontera compartida.
Las consecuencias de una denuncia sin pruebas públicas
La nueva confrontación ocurre en un contexto regional especialmente sensible. Ecuador enfrenta una violencia criminal sostenida y una disputa por el control de rutas, economías ilícitas y estructuras de lavado. Colombia, por su parte, mantiene una política de diálogo con distintos grupos armados y continúa enfrentando cuestionamientos sobre la capacidad estatal para contener el narcotráfico.
En ese escenario, las declaraciones de Noboa pueden servir para presionar a las instituciones ecuatorianas a acelerar la investigación, pero también pueden aumentar la tensión bilateral y dificultar el intercambio de información. Una acusación presidencial contra un exjefe de Estado extranjero, si no está acompañada de elementos públicos y procedimientos claros, corre el riesgo de ser interpretada como un instrumento de confrontación política.
El desarrollo del caso dependerá ahora de las decisiones de la Fiscalía ecuatoriana, de la situación jurídica de González y de la eventual presentación de evidencias sobre los vínculos mencionados por Noboa. La investigación deberá esclarecer no solo si hubo irregularidades en la campaña de 2023, sino también si existió una conexión comprobable entre redes de financiamiento político, organizaciones criminales y actores internacionales.
