El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, solicitó este domingo investigar y procesar a los participantes del documental NAZA, que recoge testimonios de 24 militares y oficiales de inteligencia israelíes sobre la muerte masiva de civiles en Gaza. Netanyahu sostiene que la película incurre en delitos graves contra la seguridad de Israel, difamación penal y perjuicio a los intereses diplomáticos del país, mientras sus responsables defienden una investigación periodística basada en declaraciones de fuentes anónimas, documentos filtrados y la reconstrucción de operaciones militares.
La petición fue dirigida al jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, teniente general Eyal Zamir; al director del Shin Bet, David Zini, y a la fiscal general del Estado, Gali Baharav-Miara, según un comunicado difundido por la oficina del primer ministro. El Gobierno deberá determinar ahora si los testimonios y materiales empleados en el documental constituyen una filtración de información clasificada o si forman parte de una investigación periodística protegida, una disputa que puede ampliar la presión sobre medios, denunciantes y organismos de seguridad.
La acusación del primer ministro
Netanyahu afirmó que NAZA presenta una narrativa “falsa, engañosa y sesgada” que difama al Estado de Israel y a las Fuerzas de Defensa de Israel a escala internacional. En su comunicado, expresó además preocupación por la posible divulgación de información de alto secreto vinculada con una unidad de inteligencia considerada extremadamente sensible.
El argumento oficial combina dos acusaciones de naturaleza distinta. La primera se refiere a la seguridad: la difusión de datos reservados podría haber expuesto capacidades, procedimientos o fuentes de inteligencia. La segunda es política y reputacional: el primer ministro considera que el documental daña la imagen internacional de Israel y sus intereses diplomáticos. La eventual investigación tendrá que establecer si ambas dimensiones pueden sostenerse con pruebas concretas o si se está utilizando la legislación de seguridad para responder a una denuncia periodística incómoda.
Qué describe el documental
La película toma su nombre del acrónimo utilizado por la inteligencia israelí para estimar cuántos civiles podrían morir en una operación. Una expresión como “20 NAZA”, según la explicación difundida sobre el documental, indicaría una previsión de veinte víctimas civiles asociadas a un ataque.
La investigación describe una práctica consistente en bombardear viviendas palestinas cuando el presunto integrante de Hamás regresaba a dormir, incluso con familias enteras dentro. También expone el supuesto uso de modelos de inteligencia artificial que, a partir de patrones de llamadas telefónicas y con un margen de error del 15 %, intentarían calcular la probabilidad de que una persona en Gaza fuera o no un miliciano y generar listas de posibles objetivos.
Los militares entrevistados aparecen bajo condición de anonimato por temor a represalias. Según sus testimonios, el Ejército habría atacado zonas incluidas en órdenes de evacuación aun sabiendo que parte de la población civil permanecía allí. De confirmarse, estas prácticas plantearían preguntas sobre la cadena de mando, los criterios empleados para evaluar el riesgo de víctimas y la responsabilidad de los oficiales que autorizaron o ejecutaron las operaciones.
La respuesta del Ejército y el conflicto sobre las fuentes
El Ejército israelí rechaza la idea de que sus procedimientos permitan ataques deliberados contra civiles. Sostiene que sus normas prohíben ese tipo de acciones y obligan a los mandos a adoptar medidas destinadas a reducir los daños a la población. También afirma que las decisiones finales sobre cada ataque y la evaluación del riesgo de víctimas corresponden a oficiales concretos.
Esa respuesta desplaza el debate desde la existencia de normas formales hacia su aplicación efectiva. La cuestión central no es únicamente qué ordenan los reglamentos, sino cómo se calculan los daños previsibles, qué nivel de riesgo se considera aceptable y qué ocurre cuando las órdenes de evacuación no garantizan que los civiles puedan abandonar una zona. La diferencia entre una política oficial y las prácticas descritas por los testimonios será uno de los puntos decisivos de cualquier investigación.
Gran parte del material de NAZA procede de trabajos publicados desde 2023 por el periodista israelí Yuval Abraham, codirector del filme. Esas investigaciones aparecieron en la revista israelí-palestina +972 y en el diario británico The Guardian, que también produce el documental.
Una investigación respaldada por años de trabajo
The Guardian defendió el pasado 2 de octubre la investigación y aseguró haber consultado durante tres años a más de un centenar de fuentes familiarizadas con los sistemas militares israelíes empleados durante la guerra. Entre ellas, según el periódico, había altos mandos implicados en la autorización de ataques. El medio afirmó además que contrastó los testimonios con documentos clasificados filtrados y con la verificación de operaciones concretas.
La existencia de múltiples fuentes y documentos no elimina la necesidad de comprobar cada acusación, pero sí modifica el alcance del caso. Ya no se trata únicamente de declaraciones aisladas de antiguos o actuales miembros de las fuerzas armadas, sino de una disputa sobre procedimientos institucionales, herramientas tecnológicas y criterios operativos aplicados durante el conflicto. La investigación oficial deberá preservar la posibilidad de examinar esos hechos sin convertir automáticamente a los denunciantes en el principal objeto del proceso.
Implicaciones para Israel y para la cobertura de la guerra
La solicitud de Netanyahu puede abrir un nuevo frente entre las autoridades de seguridad y los medios que investigan la conducción de la guerra en Gaza. Si se inicia un procedimiento penal, el caso podría afectar la disposición de militares y funcionarios a proporcionar información, especialmente cuando las fuentes temen consecuencias profesionales o judiciales. Al mismo tiempo, una revisión formal e independiente podría ofrecer un mecanismo para esclarecer si hubo violaciones de normas militares o filtraciones que realmente comprometieron operaciones sensibles.
El caso también tiene una dimensión internacional. Las acusaciones sobre ataques contra viviendas, uso de sistemas automatizados para identificar objetivos y bombardeos en zonas evacuadas pueden influir en la evaluación de la conducta israelí durante la guerra. Por eso, la disputa no se limita a la reputación del Gobierno: afecta la credibilidad de las explicaciones oficiales, la protección de los civiles y la posibilidad de exigir responsabilidades cuando las decisiones militares producen un elevado número de víctimas.
