Meta ha sido condenada en Nuevo México a pagar 25.000 millones de dólares por engañar al público sobre la protección de los datos personales. El caso está vinculado a Cambridge Analytica, la consultora británica que obtuvo sin consentimiento información de millones de usuarios de Facebook para dirigir publicidad política durante la campaña presidencial de Donald Trump en 2016.
El juez Francis Mathew había calculado inicialmente una sanción superior a 219.000 millones, pero redujo la cuantía final. La cantidad seguirá generando un interés anual del 15 % hasta que sea abonada. Más allá del importe, el fallo refuerza la presión judicial sobre el modelo de negocio de Meta, basado en la recopilación de datos y la personalización masiva de contenidos y anuncios.
La presión se extiende a la protección de los menores
En Australia, un tribunal ha registrado una demanda colectiva contra Facebook e Instagram por exponer presuntamente a niños y adolescentes a contenido dañino y utilizar algoritmos que favorecen un uso adictivo. Ocho demandantes, representados por el bufete MinterEllison, sostienen que sufrieron perjuicios antes de cumplir los 18 años y reclaman una compensación. El tribunal ha protegido su identidad y mantiene reservados los detalles de sus exigencias.
El proceso australiano llega después de que Meta aceptara en Estados Unidos un acuerdo de 18.000 millones de dólares con casi todos los estados para cerrar otra causa relacionada con la adicción de menores a sus plataformas. La coincidencia de ambos litigios muestra un cambio de foco: la responsabilidad de las grandes tecnológicas ya no se limita a la privacidad, sino que alcanza también al diseño algorítmico y sus efectos sobre usuarios vulnerables. El debate cobra especial relevancia en Australia, donde se ha aprobado una prohibición pionera del acceso de menores de 16 años a las redes sociales.
