En Matanzas, el problema del transporte público ha cambiado de forma sin resolver su fondo. En varias paradas ya no escasean necesariamente los triciclos, sino los pasajeros capaces de pagar el precio de un traslado cotidiano. La tarifa oficial de los vehículos estatales es de 10 pesos por persona, pero numerosos usuarios denuncian que algunos dejan de cubrir las rutas asignadas, realizan viajes privados o transportan mercancías durante toda la jornada.
La situación afecta especialmente a quienes deben desplazarse a diario hacia Peñas Altas, el Preuniversitario, el Hospital General Faustino Pérez y otros puntos alejados del centro. Para ellos, la existencia física de vehículos en las calles no equivale a disponer de un servicio accesible. La diferencia entre una tarifa regulada y el costo real del traslado se ha convertido en la principal barrera.
La parada está llena, pero el bolsillo decide quién sube
Una viajera que intenta utilizar la ruta Peñas Altas-Preuniversitario resume la contradicción: los triciclos estatales solo realizan un par de vueltas al día y después comienzan a cobrar como los particulares. En Peñas Altas pueden concentrarse más de diez vehículos, según los testimonios recogidos, pero muchos pasajeros continúan esperando porque no pueden asumir el precio exigido.
La alternativa privada puede llegar a 250 pesos por pasajero. Para una persona que debe hacer dos trayectos diarios, el costo alcanza rápidamente varios cientos de pesos. Indira, estudiante de Medicina residente en el reparto Iglesias, calcula que gasta entre 500 y 1.000 pesos diarios para ir de su casa a la Universidad de Ciencias Médicas. La cifra no representa un gasto ocasional, sino una carga repetida que compite directamente con la alimentación y otras necesidades básicas.
La presencia de un inspector de Transporte, conocido como El Azul, facilita en ocasiones que los pasajeros puedan abordar los triciclos estatales en Peñas Altas. Sin embargo, la propia viajera considera insuficiente que el funcionamiento de una ruta dependa de la vigilancia constante de una sola persona. El dato revela una debilidad institucional: el control puntual puede contener una irregularidad, pero no garantiza que los vehículos cumplan de manera estable su función pública.
Una reorganización que abrió nuevos conflictos
Las denuncias aparecen dos meses después de que las autoridades provinciales anunciaran una transformación del transporte. El gobierno de Matanzas estudiaba cinco nuevas rutas urbanas y tarifas entre un 30% y un 50% inferiores a las del transporte privado, según informó el periódico oficial Girón. El anuncio pretendía ampliar las opciones y reducir la presión económica sobre los usuarios, pero la experiencia descrita en las paradas muestra que una tarifa anunciada pierde utilidad si los vehículos no permanecen disponibles para el servicio regular.
La reorganización también ha enfrentado a distintos operadores. Conductores de camiones particulares aseguran que deben ceder el espacio cuando llegan las guaguas arrendadas por el Estado a los puntos de recogida de pasajeros, con la consiguiente pérdida de clientes. Esos vehículos suelen cobrar algo menos, pero su presencia introduce una competencia desigual en paradas donde la demanda supera ampliamente la oferta efectiva.
Otra fuente de malestar son las guaguas que antes trasladaban trabajadores hacia las instalaciones turísticas de Varadero. Ciudadanos afirman que algunas recorren la ciudad vacías, incluso frente a paradas abarrotadas. Durante un recorrido por el Viaducto, se observó una de esas guaguas sin pasajeros, mientras alrededor permanecían estacionados unos diez ómnibus cerrados. Quienes esperaban allí aseguraron que los vehículos pueden permanecer horas inmóviles y que las salidas hacia Peñas Altas, Varadero o Cárdenas ocurren de manera esporádica.
El transporte disponible no siempre es transporte útil
La escena del Viaducto permite distinguir dos problemas que suelen confundirse: la falta de medios y la mala asignación de los medios existentes. En agosto, una pasajera ya había relatado que un conductor de un Lada con matrícula estatal le pidió 500 pesos para llegar a Peñas Altas. Por la noche, cuando disminuyen las opciones, una carrera en mototaxi puede superar los 2.000 pesos.
El resultado es una red de movilidad fragmentada, en la que el pasajero debe combinar esperas largas, pagos informales y vehículos de disponibilidad incierta. La planificación del servicio pierde eficacia cuando los automotores destinados al transporte de personas se alquilan para mover mercancías o se mantienen fuera de circulación mientras las paradas se llenan. No se trata únicamente de aumentar el número de unidades, sino de asegurar que estén operativas, localizadas donde se concentra la demanda y sometidas a reglas verificables.
Cuando llegar al trabajo se vuelve una decisión económica
Las consecuencias ya alcanzan el empleo y la educación. Algunos trabajadores del sector de los servicios han abandonado sus puestos porque viven en barrios alejados y no pueden pagar el regreso a casa. En el caso de los estudiantes, el costo del transporte puede convertir la asistencia diaria a clases en una carga difícil de sostener, incluso cuando la tarifa oficial es baja.
La paradoja de Matanzas es, por tanto, más profunda que una disputa entre triciclos estatales y particulares. El sistema puede mostrar actividad, vehículos y nuevos anuncios de rutas, pero seguir siendo inaccesible para la mayoría de quienes dependen de él. Mientras el ingreso de los hogares no crezca al ritmo de las tarifas reales, cualquier reorganización que no garantice precios aplicados, frecuencias estables y uso transparente de los vehículos trasladará el problema de una parada a otra. La crisis no desaparece cuando llegan más triciclos: solo cambia de lugar, desde la calle hacia el bolsillo de los pasajeros.
