A pocos meses de las elecciones presidenciales, Emmanuel Macron afronta el tramo final de su mandato con una pérdida de apoyo que resume una década de desgaste político. El barómetro de Ifop publicado el 19 de octubre de 2026 sitúa en apenas el 17% la proporción de franceses satisfechos con su actuación, mientras que el 56% se declara muy descontento. La cifra no convierte automáticamente a la derecha conservadora en vencedora, pero confirma que el presidente deja a su sucesor un legado difícil de defender.
La crisis no se limita a la impopularidad personal de Macron. Francia llega a esta nueva cita electoral con el coste de vida elevado, los servicios públicos bajo presión y unas cuentas estatales deterioradas. La dificultad para mantener el nivel de vida se ha convertido en el hilo conductor de las protestas que han marcado su presidencia, desde los chalecos amarillos hasta las recientes movilizaciones en el sector educativo.
La última revuelta empezó en las aulas
El episodio más reciente nació en un pequeño instituto de Saint-Denis, en las afueras de París, a partir de reclamaciones relacionadas con la precariedad educativa. La protesta se extendió después a otras ciudades, provocó disturbios y obligó a confinar a la población durante una semana. Más allá de la dimensión inmediata del conflicto, su expansión revela hasta qué punto las tensiones acumuladas pueden transformarse rápidamente en una crisis nacional.
La educación se ha convertido así en otro escenario de una disputa más amplia: salarios que pierden capacidad de compra, ayudas sociales que no evolucionan al ritmo de los precios y ciudadanos que perciben un deterioro visible de los servicios públicos. El malestar ya no procede de un único grupo social. Profesores, trabajadores rurales, agricultores, pensionistas y empleados urbanos han encontrado motivos distintos para cuestionar la orientación del Gobierno.
Una presidencia marcada por el conflicto
Macron llegó al Palacio del Elíseo en 2017, con 39 años y la promesa de modernizar Francia. Su juventud representaba una ruptura con las élites políticas tradicionales y alimentó la expectativa de que el país podía recuperar dinamismo económico sin renunciar a la protección social. Sin embargo, la primera gran fractura apareció apenas un año después, cuando miles de personas salieron a la calle contra el aumento de los impuestos sobre la gasolina y el diésel.
La medida se presentó como parte de la transición ecológica, pero afectaba especialmente a quienes dependían del automóvil para acudir al trabajo, sobre todo en zonas rurales y ciudades secundarias. Durante 18 meses, el movimiento de los chalecos amarillos mostró que una política ambiental puede perder legitimidad cuando sus costes recaen de forma desigual. Los enfrentamientos con la policía y la violencia de algunas jornadas dañaron profundamente la imagen presidencial.
Después llegó la Ley de Seguridad Global, que ampliaba las facultades policiales y restringía la difusión de imágenes de las protestas. La norma provocó nuevas movilizaciones y reforzó la percepción de que el Ejecutivo respondía al descontento con más control institucional. La reforma de las pensiones agravó todavía más la ruptura. En 2023, el Gobierno elevó la edad de jubilación de 62 a 64 años pese a semanas de huelgas y manifestaciones en las principales ciudades.
El precio de vivir en Francia
Las protestas no pueden entenderse únicamente como una reacción contra Macron. La pandemia de covid-19, la guerra de Ucrania y la crisis energética alteraron los precios en toda Europa. En Francia, la inflación anual pasó de alrededor del 1% en 2017 al 5,3% en 2022. Aunque posteriormente se moderó hasta el 3,1%, según los últimos datos citados de septiembre de 2025, el descenso de la tasa no ha devuelto los precios al nivel anterior.
El índice anual de precios al consumo del Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos francés calcula que los precios aumentaron aproximadamente un 19,6% entre 2017 y 2025. En términos cotidianos, una cesta de la compra que costaba unos 100 euros al inicio del mandato pasó a ser, de media, 20 euros más cara. La inflación puede tener causas internacionales, pero sus efectos se convierten en una responsabilidad política cuando los salarios y las ayudas no acompañan la evolución del gasto familiar.
La herencia que espera a Édouard Philippe
El deterioro económico limita además el margen de maniobra del próximo candidato de la mayoría presidencial, Édouard Philippe. En 2024, el déficit fiscal superó el 6% del producto interior bruto, aproximadamente el doble del límite europeo. Para 2025, el Ejecutivo planteó un ajuste cercano a 60.000 millones de euros mediante recortes del gasto y aumentos de ingresos, mientras la deuda pública alcanzaba el 115,7% a finales de año.
El problema es político tanto como financiero. Reducir el déficit exige contener el gasto precisamente cuando la ciudadanía reclama más protección, mejores servicios y una recuperación salarial. Aumentar la presión fiscal puede estabilizar las cuentas, pero también alimentar la sensación de que la factura de la crisis recae sobre quienes ya han perdido poder adquisitivo. Esa contradicción explica por qué las reformas concebidas para modernizar el Estado terminaron ampliando la distancia entre el Gobierno y una parte importante de la sociedad.
El desgaste de Macron no garantiza una victoria de Marine Le Pen, pero facilita el avance de la extrema derecha al ofrecerle un argumento sencillo: los partidos tradicionales prometieron renovación y entregaron más inseguridad económica. La sucesión presidencial se decidirá, por tanto, no solo en torno a la figura de Macron, sino sobre la capacidad de sus adversarios para explicar quién pagará el coste de corregir los desequilibrios acumulados. Francia no parece haber perdido toda posibilidad de recuperación, pero sí la confianza en que las reformas puedan hacerse sin profundizar sus fracturas.
