María Corina Machado sostiene que la estabilidad de Colombia y de toda la región depende de que Venezuela recupere la democracia. En una entrevista con EL TIEMPO, la líder opositora afirmó que no habrá una paz duradera al otro lado de la frontera mientras el sistema venezolano siga permitiendo la presencia de grupos armados, redes criminales y economías ilegales. Su conclusión política es directa: la transición debe comenzar con la designación de nuevas autoridades electorales y la fijación de una fecha para las elecciones presidenciales.
Machado habló desde Ciudad de Panamá, donde se preparaba para regresar a Caracas después de siete intentos bloqueados. Presentó ese retorno como una decisión vinculada menos a su trayectoria personal que a la necesidad de canalizar el descontento social mediante mecanismos cívicos. Según su lectura, la escasez de electricidad, alimentos y medicinas, junto con el deterioro de los servicios públicos, ha creado una urgencia que el poder ya no puede contener indefinidamente.
El regreso como respuesta a una presión acumulada
La dirigente asegura que el régimen enfrenta una situación especialmente precaria. Venezuela, pese a contar con grandes reservas de petróleo y gas, mantiene a millones de ciudadanos sometidos a cortes eléctricos que pueden alcanzar doce horas diarias. Para Machado, esa contradicción ha transformado la crisis económica en una cuestión de supervivencia y ha reducido el margen para pedir paciencia a una población que, en muchos casos, no puede trabajar, estudiar o alimentar a sus hijos con normalidad.
Su apuesta consiste en convertir esa presión en organización política. Cita como antecedente la movilización del 28 de julio de 2024, cuando más de un millón de voluntarios participaron en la defensa del voto, según su relato. También reivindica las primarias opositoras de 2023 como el momento en que partidos tradicionales, nuevas organizaciones y sectores sociales reconstruyeron una confianza común que después se expresó en torno a Edmundo González Urrutia.
Una transición que no quiere dejar en manos de las élites
Machado plantea que el cambio no debe limitarse a un acuerdo entre dirigentes políticos. Propone decenas de miles de asambleas ciudadanas en escuelas, fábricas, campos y comunidades, con el propósito de convertir un eventual pacto nacional en una decisión social amplia. La idea busca responder a una de las debilidades históricas de las transiciones: que los acuerdos institucionales no consigan legitimidad suficiente entre quienes han soportado la crisis.
El primer paso, sin embargo, es institucional y concreto. La opositora exige un Consejo Nacional Electoral integrado por personas sin vínculos partidistas, un Tribunal Supremo de Justicia renovado y un calendario presidencial definido con rapidez. En su opinión, la fecha electoral no sería un trámite administrativo, sino la señal capaz de ofrecer una expectativa verificable a una sociedad sometida a una angustia prolongada.
Entre las propuestas que menciona está la celebración de los comicios el 24 de julio de 2027, fecha asociada al nacimiento de Simón Bolívar y promovida por legisladores estadounidenses. Machado reconoce que algunos consideran lejano ese plazo, pero lo presenta como una referencia capaz de ordenar el proceso. Su lenguaje revela la dimensión que atribuye a la disputa: no la describe como una contienda convencional, sino como una lucha por la vida, la verdad y la justicia.
La frontera colombiana, el punto donde la crisis se vuelve regional
La relación con Colombia ocupa un lugar central en su diagnóstico. Machado recuerda que en 2013, después de ser agredida en la Asamblea Nacional venezolana, afirmó ante el Senado colombiano que no habría paz duradera en Colombia sin democracia en Venezuela. Ahora considera que la expansión de grupos como el Eln y las disidencias de las Farc demuestra la conexión entre ambos problemas.
La líder opositora acusa al poder venezolano de haber convertido el territorio en un santuario para organizaciones armadas, redes de narcotráfico, minería ilegal y trata de personas. Al mismo tiempo, distingue entre las estructuras que, según ella, han colaborado con el régimen y los miembros de las Fuerzas Armadas que todavía conservarían un sentido constitucional de su deber. Su propuesta es depurar a quienes estén vinculados con delitos graves y reconstruir una fuerza militar subordinada a la República, capaz de cooperar con Colombia en la frontera.
Ese planteamiento tiene una consecuencia estratégica: la transición venezolana dejaría de ser un asunto exclusivamente nacional. Una reducción de la presión migratoria, un mayor control fronterizo y el debilitamiento de economías criminales afectarían directamente a Colombia. Machado estima que más de 2,8 millones de venezolanos viven actualmente en ese país y que muchos podrían regresar si encuentran condiciones democráticas y económicas mínimas.
Del corredor criminal al proyecto energético
La dirigente también propone redefinir la relación bilateral desde la energía. Defiende reparar el gasoducto Antonio Ricaurte, de 225 kilómetros, pero considera insuficiente reactivar la infraestructura sin aumentar la producción venezolana. Según sus cifras, Venezuela produce unos 4.000 millones de pies cúbicos de gas al día, aunque la mitad se quema y no llega al mercado. Ese volumen desperdiciado, sostiene, supera el consumo diario de Colombia.
Para atraer inversiones, Machado menciona una agencia de hidrocarburos independiente, reglas fiscales competitivas, arbitraje internacional y licitaciones transparentes. El objetivo sería transformar a Venezuela en un centro energético regional, pero la condición previa es restablecer el Estado de derecho. Sin instituciones confiables, advierte, no habrá capital suficiente para reconstruir una industria que requeriría inversiones de cientos de miles de millones de dólares.
Su respaldo al presidente colombiano Abelardo de la Espriella se explica dentro de esa visión. Machado lo considera un aliado del pueblo venezolano porque, a su juicio, la recuperación democrática de Venezuela también favorecería la seguridad, el crecimiento y la planificación económica de Colombia. La relación entre ambos países, por tanto, no se limitaría a resolver una emergencia fronteriza: podría convertirse en una plataforma de integración energética y comercial para un mercado cercano a 90 millones de consumidores.
Machado asegura que una transición democrática no será un proceso de revancha, aunque sí deberá incluir justicia para quienes participaron en torturas, corrupción, narcotráfico o violaciones de derechos humanos. Reconoce la liberación de más de 700 presos políticos, pero afirma que la represión continúa. Su desafío será convertir una demanda social extendida en instituciones capaces de sostener el cambio, impedir nuevas capturas del Estado y ofrecer seguridad a quienes hoy esperan regresar a Venezuela. En esa tarea, la frontera con Colombia funcionará como la primera prueba de si la promesa de libertad puede traducirse en estabilidad regional.
