El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, exigió este jueves a Meta que frene la desinformación y adapte sus prácticas a las normas que, según afirmó, necesita la sociedad, a solo tres días de la segunda vuelta presidencial. La presión del mandatario se produce mientras la Fiscalía Electoral acusa al grupo tecnológico de no haber cumplido dentro del plazo legal varias medidas ordenadas para garantizar la neutralidad de sus plataformas y defiende una multa diaria de 500.000 reales, unos 100.000 dólares, por cada incumplimiento.
“Meta va a tener que reinventarse, porque no puede creer que puede engañar a la humanidad todo el tiempo. Ya ha engañado mucho”, afirmó Lula durante una transmisión en vivo junto a André Janones, diputado electo por Minas Gerais y una de las figuras centrales de la estrategia digital oficialista. El presidente añadió que la empresa, matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, tendrá que “dejar de engañar a la humanidad” y ajustarse a “las buenas costumbres y los buenos modales que necesita la sociedad”.
El conflicto trasciende la disputa entre una campaña política y una compañía tecnológica. En el centro se encuentra la capacidad de las plataformas para distribuir contenidos, influir en las conversaciones electorales y aplicar sus reglas durante una contienda extremadamente ajustada. Lula y el aspirante ultraderechista Flávio Bolsonaro definirán la Presidencia este domingo 25 de octubre, en un escenario en el que las encuestas muestran un empate entre ambos candidatos.
La Fiscalía reclama sanciones
La Fiscalía Electoral brasileña denunció este jueves que Meta no acató dentro del periodo establecido las exigencias formuladas por la Justicia Electoral. Por ello, defendió la aplicación de una sanción diaria de 500.000 reales por cada orden incumplida mientras persistan las irregularidades. La medida busca convertir las obligaciones de neutralidad en un costo inmediato para la empresa y acelerar la corrección de prácticas consideradas incompatibles con la protección del proceso electoral.
Meta ha sostenido en sus descargos que las campañas fueron tratadas de manera igualitaria. Sin embargo, la Justicia Electoral ordenó medidas cautelares para asegurar la neutralidad de las plataformas antes de la votación. El contraste entre la posición de la compañía y las denuncias de las autoridades deja abierta una discusión clave: no basta con que una plataforma declare que aplica las mismas reglas, sino que debe demostrar que sus herramientas de publicidad, moderación y generación de contenidos producen efectos equivalentes para los contendientes.
El equipo de campaña de Lula acusa a Meta de favorecer a Bolsonaro mediante sus servicios publicitarios y sus herramientas de inteligencia artificial. También sostiene que la empresa restringió el alcance y la generación de publicaciones favorables al Gobierno. Estas afirmaciones forman parte de una disputa política y judicial que todavía no prueba, por sí sola, una actuación deliberada de la compañía, pero explican por qué la neutralidad tecnológica se ha convertido en uno de los asuntos más sensibles de los últimos días de campaña.
Una movilización digital de gran escala
Janones coordina el denominado “Ejército de Lula”, un grupo de WhatsApp con más de ocho millones de seguidores que funciona como una red de movilización digital para la segunda vuelta. Desde ese espacio se distribuyen tareas a los simpatizantes, entre ellas la difusión coordinada de contenidos favorables al Gobierno y el posicionamiento de tendencias. El objetivo es disputar la visibilidad dentro de los algoritmos y contrarrestar la presencia de la oposición en las plataformas.
La dimensión de esa red muestra que la campaña no considera las aplicaciones únicamente como canales de comunicación, sino como espacios de organización política. La circulación masiva y coordinada puede ampliar rápidamente un mensaje, pero también dificulta distinguir entre una expresión espontánea de los votantes y una operación centralizada de propaganda. Esa frontera es especialmente relevante cuando las plataformas enfrentan denuncias simultáneas de sesgo, restricciones de alcance y difusión de información falsa.
El grupo llegó a ser suspendido y posteriormente restablecido después de que Flávio Bolsonaro lo denunciara por supuestas noticias falsas. El episodio ilustra la tensión entre dos exigencias que suelen entrar en conflicto durante las elecciones: impedir que la desinformación se propague y evitar que las decisiones privadas de una plataforma terminen alterando de forma opaca la competencia entre candidatos.
El delito digital como delito real
Lula sostuvo que Brasil no puede aceptar que “la mentira venza a la verdad” y reclamó una “actitud muy seria” para discutir que cualquier delito cometido en internet sea tratado como un delito en la vida real. La declaración amplía el alcance de su crítica: el presidente no se limita a pedir cambios en la moderación de contenidos, sino que plantea una responsabilidad jurídica más intensa para las conductas ilícitas que se producen en entornos digitales.
Ese planteamiento tendrá consecuencias más allá de la segunda vuelta. La elección ha convertido a Meta en un actor sometido simultáneamente a presión política, control judicial y escrutinio público. Las decisiones que se adopten en los próximos días pueden fijar un precedente sobre la responsabilidad de las plataformas en campañas electorales, aunque cualquier sanción deberá distinguir entre incumplimientos verificables, errores de moderación y acusaciones de sesgo que aún estén en disputa.
Con la votación a la vista y un resultado incierto, la confrontación entre Lula y Meta añade una nueva dimensión a una elección ya polarizada. El desenlace no dependerá solo de las promesas y del desempeño de los candidatos, sino también de la capacidad de las autoridades para hacer cumplir sus órdenes en un ecosistema digital donde la velocidad de circulación de los mensajes supera con frecuencia la de las respuestas institucionales.
