La excandidata presidencial ecuatoriana Luisa González pasó su primera noche en prisión preventiva en la cárcel de Riobamba, en la provincia andina de Chimborazo, después de ser detenida en una investigación fiscal por un presunto lavado de activos relacionado con el financiamiento de la campaña electoral de 2023. La dirigente del movimiento Revolución Ciudadana (RC), principal figura opositora al presidente Daniel Noboa, ingresó al centro penitenciario el viernes, un día después de su arresto en su domicilio de Canuto, en la provincia costera de Manabí.
La medida cautelar fue dictada por un juez mientras avanzan las diligencias del caso denominado “Laberinto”. González no ha sido condenada y la investigación deberá determinar si existieron operaciones irregulares, el origen de los recursos y el eventual grado de responsabilidad de las personas señaladas. La prisión preventiva, por su naturaleza, busca garantizar la presencia de la procesada durante el proceso, pero no equivale a una declaración de culpabilidad.
Primeras horas en la cárcel de Riobamba
La llegada de González al centro penitenciario se produjo bajo un dispositivo que, según dirigentes correístas, impidió a sus compañeros verla directamente. Ricardo Patiño, exministro de Relaciones Exteriores durante el Gobierno de Rafael Correa, declaró a la agencia EFE que miembros de RC aguardaron en las inmediaciones de la prisión, pero solo observaron el ingreso de vehículos con vidrios polarizados.
“Por ahora no sabemos nada más”, afirmó Patiño, quien señaló que ningún integrante del movimiento había tenido contacto con la excandidata hasta el sábado. La falta de información inmediata sobre sus condiciones y las restricciones de acceso aumentaron la preocupación entre sus seguidores, aunque las autoridades no informaron públicamente de incidentes dentro del centro penitenciario.
Correa, fundador y principal referente del correísmo, expresó en la red social X que González es “un ejemplo de entereza, serenidad y valentía”. La reacción se suma a la posición de RC, que sostiene que las actuaciones contra sus dirigentes forman parte de una persecución política. El Gobierno rechaza esa acusación y defiende la independencia de las investigaciones judiciales.
De “Caja Chica” a “Laberinto”
González ya era investigada en el expediente conocido como “Caja Chica”, relacionado con los fondos recibidos por Revolución Ciudadana para financiar la campaña presidencial de 2023. A comienzos de año, la Fiscalía allanó su vivienda dentro de esas pesquisas. Sin embargo, la detención actual se produjo en el marco de “Laberinto”, un proceso que sigue nuevas líneas derivadas de la investigación inicial.
El caso cobró fuerza después del testimonio del exasambleísta Santiago Díaz, expulsado de RC tras ser acusado de violar a una menor y condenado a 29 años y cuatro meses de prisión. Díaz declaró, sin presentar pruebas adicionales de acuerdo con la información disponible, que había trasladado dinero en efectivo desde Venezuela por disposición de Correa para financiar la campaña correísta. El expresidente negó esa versión.
La Fiscalía busca establecer si los recursos llegaron efectivamente a la estructura electoral de RC, quiénes intervinieron en su traslado y administración, y si fueron registrados conforme a las normas de financiamiento político. Esos elementos serán determinantes para diferenciar una posible infracción administrativa de un delito de lavado de activos, cuya configuración exige demostrar tanto el origen ilícito del dinero como maniobras destinadas a ocultarlo o incorporarlo al sistema financiero.
La investigación alcanza a otros actores políticos
Entre las nuevas líneas de indagación figura el supuesto ingreso irregular de dinero procedente del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, actualmente encarcelado. La Fiscalía intenta determinar si fondos vinculados al funcionario fueron entregados para sostener la campaña del correísmo y cuál fue su recorrido posterior.
Alvarez ha recibido sentencias de primera instancia en dos procesos, uno de ellos relacionado con la presunta comercialización ilícita de combustibles en estaciones de servicio que posee junto con su familia. Al tratarse de decisiones de primera instancia, su situación jurídica puede estar sujeta a recursos y no debe confundirse con una condena firme. Su presunta relación financiera con la campaña también tendrá que ser acreditada dentro del proceso.
José Julio Neira, secretario general de la Administración Pública, afirmó que el Ministerio Público rastrea el origen y el destino de aproximadamente medio millón de dólares. La cifra ofrece una dimensión concreta de la pesquisa, pero por sí sola no prueba que ese dinero haya sido utilizado para fines electorales ni que su procedencia fuera ilícita. Esos extremos deberán respaldarse con documentos bancarios, registros contables, testimonios y otros elementos de convicción.
Impacto político antes de las elecciones locales
La investigación tiene consecuencias que van más allá de la situación individual de González. A petición de la Fiscalía, Revolución Ciudadana fue suspendida, lo que le impide participar en las elecciones locales previstas para el 29 de noviembre. La medida afecta la capacidad del correísmo para presentar candidaturas y reorganizar su estructura territorial en un momento de fuerte confrontación con el Gobierno de Noboa.
Para la oposición, la suspensión y el encarcelamiento de una de sus dirigentes más visibles constituyen señales de una estrategia para limitar su participación política. Para las autoridades, en cambio, las decisiones responden a una investigación sobre posibles delitos financieros y deben resolverse mediante los mecanismos judiciales establecidos. La disputa entre ambas interpretaciones puede intensificarse conforme avance el proceso y se conozcan nuevas pruebas.
González perdió frente a Noboa las elecciones presidenciales de 2023 y 2025, lo que la convirtió en la principal candidata del correísmo en los dos últimos comicios nacionales. Su prisión preventiva introduce un nuevo factor de tensión en la política ecuatoriana y coloca el financiamiento electoral en el centro del debate. El desarrollo de las audiencias, la presentación de evidencias y el respeto a las garantías procesales serán claves para determinar si la acusación fiscal se sostiene o si el caso deriva en responsabilidades distintas.
