Los consulados españoles han empezado a reunir en hojas de cálculo los datos de quienes obtuvieron la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática. Deben identificar qué solicitantes acreditaron ser descendientes de exiliados y cuáles se acogieron a una instrucción de Justicia que presumía el exilio para quienes emigraron entre 1936 y 1955. La aplicación informática anunciada para elaborar el listado todavía no ha llegado.
El Tribunal Supremo rechazó revocar la suspensión cautelar del voto para parte de estos nuevos españoles, inscritos en el censo de residentes en el extranjero. La Abogacía del Estado calcula que la medida afecta a 163.020 personas. Con las elecciones generales adelantadas al 29 de noviembre, sostiene que no hay tiempo suficiente para confeccionar una lista individualizada; los consulados, mientras tanto, deben cotejar expedientes y preparar los certificados requeridos.
Plazos y garantías en disputa
El Gobierno afirma que aplica la resolución judicial, aunque reconoce las dificultades operativas y advierte de que algunos ciudadanos que votaron en 2023 podrían quedar excluidos ahora. El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior ha pedido al Defensor del Pueblo que acuda al Constitucional. Sus críticas se centran en el plazo de cinco días para alegar y en que la suspensión afecta a residentes fuera de España, pero no a nacionalizados inscritos en el censo de residentes en el país. El retraso del sistema informático y la magnitud del recuento convierten la gestión administrativa en un factor decisivo para aplicar la medida antes de los comicios.
