Elon Musk y America PAC alcanzaron acuerdos para cerrar dos demandas civiles por fraude relacionadas con la campaña que, durante las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024, ofreció un millón de dólares diarios a votantes registrados en estados decisivos. Los términos económicos no fueron divulgados y todavía deben recibir aprobación judicial, por lo que el pacto no establece que Musk haya cometido fraude ni determina públicamente si los demandantes recibirán una compensación.
El acuerdo fue comunicado el jueves 15 de octubre de 2026 ante un tribunal federal de Austin, Texas. Según documentos judiciales citados por Reuters, los procesos habían sido promovidos por residentes de Arizona en representación de votantes de siete estados disputados. Las demandas sostenían que Musk y el comité político engañaron a los participantes al presentar como aleatoria una selección que, de acuerdo con la propia defensa de America PAC, respondía a otros criterios.
Una promesa millonaria en plena recta final electoral
La iniciativa comenzó en octubre de 2024, pocas semanas antes de la votación presidencial del 5 de noviembre. America PAC, el comité de acción política creado por Musk para apoyar la candidatura de Donald Trump, anunció que entregaría un millón de dólares cada día a personas registradas para votar en estados como Pensilvania, Arizona y Michigan.
Para participar, los interesados debían firmar una petición en apoyo de la Primera y la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. También debían proporcionar información personal a la organización. Musk describió públicamente el mecanismo como una selección al azar entre quienes hubieran suscrito la petición, una fórmula que contribuyó a presentar los pagos como una oportunidad abierta a cualquier participante elegible.
La estructura de la campaña planteó desde el principio dudas jurídicas. Las autoridades debían determinar si los pagos constituían una lotería ilegal vinculada al proceso electoral o si funcionaban, en la práctica, como un incentivo para registrar datos y movilizar apoyo político. El fiscal de distrito de Filadelfia, Larry Krasner, intentó detener la iniciativa antes de los comicios, pero un juez estatal permitió que continuara.
La audiencia que cambió el centro de la disputa
El punto decisivo llegó el 4 de noviembre de 2024, durante una audiencia judicial. Chris Gober, abogado de America PAC, explicó que los receptores del dinero no eran escogidos mediante un sorteo. Según su exposición, la organización seleccionaba a personas en función de sus historias personales y de su capacidad para actuar como portavoces públicos del comité.
La declaración no resolvió por sí sola la legalidad de los pagos, pero modificó el núcleo del conflicto. La controversia dejó de centrarse exclusivamente en si los beneficiarios podían recibir dinero por apoyar una petición y pasó a incluir la manera en que la oportunidad había sido comunicada. Para los demandantes, la diferencia entre un sorteo auténticamente aleatorio y una selección deliberada afectaba directamente a las condiciones bajo las cuales decidieron participar.
Los votantes alegaron que habían firmado la petición y entregado sus datos personales porque creían que podían ganar el premio mediante un procedimiento aleatorio. En su interpretación, America PAC utilizó una promesa distinta de su mecanismo real para obtener apoyo político y recopilar información que podía emplearse en actividades electorales. La acusación no implicaba que todas las personas que firmaron hubieran sufrido el mismo perjuicio, pero sí planteaba si la presentación pública de la campaña podía considerarse materialmente engañosa.
El litigio avanzó sin una declaración de culpabilidad
Las demandas comenzaron después de las elecciones y fueron rechazadas por Musk y America PAC, que negaron haber incurrido en una conducta fraudulenta. En agosto de 2025, un juez federal permitió que uno de los procesos siguiera adelante. Esa decisión tenía carácter procesal: significaba que las acusaciones, si lograban demostrarse, podían sostener una reclamación por fraude, pero no constituía una conclusión sobre la responsabilidad del empresario o del comité.
El cierre negociado de los dos casos evita ahora un juicio público sobre la evidencia y sobre el alcance legal de las declaraciones realizadas durante la campaña. También mantiene en reserva elementos relevantes para evaluar las consecuencias del episodio. No se conoce cuánto dinero será distribuido, si habrá pagos individuales, qué grupos de participantes estarán cubiertos ni si America PAC asumirá compromisos adicionales como parte del acuerdo.
La aprobación judicial será el siguiente paso. En los procesos colectivos, el tribunal suele revisar si el pacto protege de manera adecuada los intereses de las personas representadas y si las condiciones resultan proporcionales a las reclamaciones. Hasta que esa revisión concluya, el anuncio de los acuerdos no equivale a una resolución definitiva de todos los aspectos procesales.
Una controversia con efectos más allá del caso
El episodio dejó expuesta una tensión creciente en las campañas electorales estadounidenses: la combinación de incentivos económicos, mensajes políticos y grandes volúmenes de datos personales. La iniciativa de Musk no solo buscaba llamar la atención sobre las enmiendas constitucionales respaldadas por America PAC; también vinculaba la participación del votante con una organización capaz de registrar información y utilizarla en su estrategia política.
Ese modelo dificulta separar una acción de comunicación política de una promoción con premio. Si la selección se presenta como aleatoria, los participantes pueden valorar la oportunidad de manera diferente a como lo harían ante una convocatoria para convertirse en representantes públicos. La diferencia resulta especialmente relevante cuando el premio es extraordinario y la decisión se produce en las semanas finales de una elección competitiva.
El acuerdo llega, además, cuando Musk mantiene una intervención política considerable. Associated Press informó que el empresario ha destinado más de 276 millones de dólares desde julio para respaldar a candidatos y organizaciones republicanas de cara a las elecciones legislativas de noviembre de 2026. La resolución de las demandas elimina dos frentes judiciales pendientes, pero no ofrece una respuesta pública definitiva sobre la responsabilidad legal derivada de la campaña de 2024. Lo que permanece documentado es la contradicción entre la imagen de un sorteo abierto y aleatorio y la explicación posterior de los abogados de America PAC, según la cual los beneficiarios eran escogidos deliberadamente.
