Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) intensificaron este viernes sus movilizaciones en distintos estados del país para exigir un aumento salarial de 10 por ciento, mayor disponibilidad de medicamentos e insumos médicos y condiciones laborales adecuadas. Las protestas incluyeron bloqueos viales, concentraciones frente a hospitales y cierres de calles en Chihuahua, Baja California Sur, Puebla y Nuevo León, mientras el conflicto se extendía a otras entidades.
Una jornada nacional con efectos visibles en las calles
En Ciudad Juárez y Chihuahua, personal médico y trabajadores de clínicas del IMSS mantuvieron manifestaciones que habían comenzado desde la noche del jueves. En Ciudad Juárez, los inconformes permanecieron en instalaciones sindicales durante la madrugada y posteriormente cerraron algunas vialidades cercanas. En la capital del estado, la protesta se concentró también en el Hospital Morelos.
Los trabajadores afirmaron que varias unidades médicas carecen incluso de recursos básicos para realizar procedimientos sencillos, como una curación. Su demanda no se limitó a la revisión salarial: plantearon que el instituto garantice los materiales indispensables para trabajar y atender a los derechohabientes sin trasladarles las consecuencias de la falta de abasto.
En La Paz, Baja California Sur, el personal de salud bloqueó durante aproximadamente tres horas el puente Mano Amiga, sobre el bulevar Forjadores. La interrupción afectó el tránsito en una de las principales vialidades de la ciudad y obligó a las autoridades municipales a habilitar rutas alternas. La protesta se sumó a una concentración realizada la noche anterior frente a instalaciones del IMSS sobre el bulevar 5 de Febrero.
El porcentaje salarial se convirtió en el punto de quiebre
El desacuerdo central se relaciona con el incremento de 2.9 por ciento al sueldo tabular acordado en las negociaciones sindicales. Los manifestantes consideran que ese ajuste resulta insuficiente frente al aumento del costo de vida y reclaman que la mejora sea de 10 por ciento. La diferencia no es únicamente numérica: para los trabajadores, refleja la distancia entre las condiciones económicas que enfrentan y la valoración institucional de sus responsabilidades.
En Puebla, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social se manifestaron en calles del Centro Histórico. Parte de los inconformes corresponde a personal incorporado al esquema del IMSS-Bienestar, que aprovechó la jornada nacional para cuestionar tanto el resultado de las negociaciones contractuales como la falta de medicamentos y materiales básicos en clínicas y hospitales del estado.
En Monterrey, trabajadores sindicalizados bloquearon los carriles laterales de la avenida Lincoln, a la altura de la Clínica 25 y cerca de la avenida Gonzalitos. Además del reclamo salarial, denunciaron falta de medicamentos, equipo médico y personal suficiente. Según su planteamiento, estas carencias afectan simultáneamente el desempeño de los empleados y la atención que reciben los derechohabientes.
Las carencias operativas amplían el alcance de la inconformidad
Las denuncias recogidas en los estados comparten una misma secuencia: plantillas insuficientes, espacios inadecuados y escasez de materiales terminan convirtiendo tareas ordinarias en problemas cotidianos. En ese contexto, el aumento salarial dejó de ser una demanda aislada y pasó a formar parte de una inconformidad más amplia sobre la capacidad del sistema para sostener sus servicios.
En Baja California Sur, los trabajadores también señalaron falta de personal, medicamentos y materiales, además de áreas poco apropiadas para desempeñar sus funciones. En Cabo San Lucas se convocaron concentraciones frente a la delegación municipal y la Clínica 26, mientras que en otros municipios se anunciaron movilizaciones durante la tarde. Algunas convocatorias plantearon suspender servicios no prioritarios como medida de presión, aunque no se informó de una interrupción general de la atención médica.
La magnitud de las protestas también revela una tensión entre la operación formal de las unidades y la experiencia diaria de quienes trabajan en ellas. La representación estatal del IMSS en Nuevo León aseguró que consultas programadas y servicios de urgencias continuaron con normalidad. Sin embargo, esa afirmación no elimina el problema denunciado por el personal: una unidad puede permanecer abierta y, al mismo tiempo, operar con restricciones que deterioren la calidad del servicio.
El conflicto pone a prueba la respuesta del instituto
El movimiento nacional coloca al IMSS ante una doble exigencia. Por un lado, debe responder a una demanda salarial que los trabajadores consideran desproporcionadamente atendida con el 2.9 por ciento. Por otro, tiene que demostrar que cuenta con medicamentos, insumos, espacios y personal suficientes para sostener la atención. Resolver solo uno de esos frentes dejaría intacta la causa principal de la inconformidad.
La continuidad de los bloqueos dependerá de la capacidad de las autoridades y de la representación sindical para establecer acuerdos verificables. Una respuesta limitada a llamados a mantener abiertas las unidades podría contener temporalmente la protesta, pero no corregiría los déficits señalados. Del mismo modo, un ajuste salarial sin mejoras operativas mantendría la presión dentro de hospitales y clínicas.
Más allá de las afectaciones viales registradas este viernes, el alcance de la movilización se medirá por su impacto en la relación entre trabajadores, sindicato y autoridades. Las demandas expuestas apuntan a un problema estructural: la calidad de la atención depende no solo de que los servicios permanezcan disponibles, sino de que el personal tenga condiciones materiales y económicas para prestarlos de manera adecuada.
