Al menos 31 personas fueron detenidas tras los disturbios registrados al término de la quinta Marcha Federal Universitaria en Buenos Aires, una movilización contra el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La Policía de la Ciudad arrestó a seis personas y las autoridades nacionales, a otras 25 en los accesos a la estación de Constitución. Los incidentes dejaron ocho agentes heridos y daños estimados por la administración porteña en 90 millones de pesos argentinos, mientras organizaciones convocantes denunciaron la represión y calcularon que más de un millón de personas participaron en las protestas de todo el país.
La jornada, celebrada el jueves en la capital y replicada en otras ciudades, terminó con enfrentamientos en los que las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos y camiones hidrantes. La disputa sobre lo ocurrido se convirtió en un segundo foco de tensión: el Gobierno anunció acciones penales contra participantes de los disturbios, mientras entidades universitarias y sindicales responsabilizaron a las autoridades nacionales por el despliegue policial.
Detenciones y denuncias penales
Según La Nación, entre los detenidos por la Policía porteña había un adolescente de 14 años, señalado por arrojar piedras contra un vehículo policial, y otros cinco manifestantes arrestados después de que concluyera la marcha. Cuatro de estos últimos fueron imputados por atentado y resistencia a la autoridad; el quinto era un menor de 17 años. Las otras 25 detenciones se realizaron en los accesos a la estación de tren de Constitución, de acuerdo con el Ministerio de Seguridad.
La cartera informó de cuatro agentes de Gendarmería, dos de la Policía Federal y dos de Prefectura Naval heridos. Por separado, la administración de Buenos Aires calculó en 90 millones de pesos —unos 53.000 euros— los daños materiales, según Clarín. Las cifras describen consecuencias distintas de los disturbios y fueron atribuidas a las respectivas autoridades, sin que el balance disponible detalle cómo se calcularon los daños.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó en redes sociales que quienes agredan a efectivos, dañen bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia. Su ministerio dijo que prepara una denuncia penal contra los implicados y mencionó posibles delitos de resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado, informó La Nación. Se trata de imputaciones anunciadas por el Gobierno, no de responsabilidades establecidas judicialmente.
Dos relatos sobre el final de la protesta
El Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina y el Consejo Interuniversitario Nacional repudiaron la intervención policial. En un comunicado conjunto sostuvieron que los gases y la violencia obligaron a interrumpir el acto central antes de que terminara y afirmaron que las movilizaciones anteriores habían transcurrido sin episodios de ese tipo. También aseguraron que la protesta reunió a decenas de miles de personas en Buenos Aires y a más de un millón en todo el país; esas cifras corresponden a las organizaciones convocantes.
Las entidades calificaron la manifestación de pacífica hasta la actuación de las fuerzas de seguridad y acusaron al Gobierno de Javier Milei de haber decidido reprimirla. La respuesta policial también alcanzó a los diputados Cecilia Moreau, Agustina Propato y Carlos Castagneto, que estaban cerca del edificio anexo de la Cámara de Diputados. Moreau recibió atención médica después de que los proyectiles lanzados por las fuerzas de seguridad llegaran a la zona.
El conflicto de fondo
La marcha reclama que el Poder Ejecutivo cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y respaldada en distintas instancias judiciales, según las organizaciones firmantes. Estas sostienen que el Gobierno lleva casi un año sin aplicarla y consideran que la respuesta represiva refleja una falta de voluntad política, no una carencia de recursos. El texto no detalla las partidas presupuestarias ni las decisiones judiciales en cuestión, por lo que ese argumento forma parte de la posición de los convocantes.
El balance inmediato combina detenciones, heridos y daños materiales con versiones enfrentadas sobre el origen y la gestión de los incidentes. La investigación penal anunciada por el Gobierno deberá determinar la conducta de las personas detenidas; al mismo tiempo, el reclamo por el financiamiento mantiene abierto el conflicto entre el Ejecutivo y las universidades. Las organizaciones dijeron que continuarán movilizándose hasta que la ley se cumpla.
