El excanciller Álvaro Leyva afirmó que no le sorprendería que Gustavo Petro terminara preso en Estados Unidos, al sostener que en ese país existirían investigaciones relacionadas con presuntos delitos cometidos contra normas estadounidenses. La declaración fue entregada durante una entrevista con El Debate, de SEMANA, en la que Leyva también se refirió a la crisis de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el recorte presupuestal de la entidad y las controversias que han rodeado su actuación casi una década después de la firma del acuerdo de paz con las Farc.
“No me sorprendería que terminara preso”, dijo Leyva al ser consultado por el futuro del expresidente. El exfuncionario no identificó las investigaciones, fiscales o autoridades que supuestamente adelantarían esas pesquisas, tampoco precisó cuáles serían los delitos ni informó si existe una acusación formal, una orden de captura o una actuación judicial conocida públicamente contra Petro en Estados Unidos.
Una advertencia política sin expediente conocido
La importancia de la afirmación radica menos en una novedad judicial verificable que en el peso político de quien la pronunció. Leyva fue uno de los aliados más cercanos de Petro y ocupó la Cancillería durante su gobierno. Desde su salida del cargo, en febrero de 2024, se convirtió en uno de sus críticos más severos. Por eso, sus palabras alimentan un nuevo frente de confrontación alrededor del expresidente, aunque por sí solas no permiten establecer que exista un proceso penal con consecuencias inminentes.
El excanciller sostuvo que en Estados Unidos se adelantan denuncias por conductas que podrían vulnerar normas positivas de ese país y mencionó que el mundo ya registra antecedentes de investigaciones contra dirigentes extranjeros. Sin embargo, también presentó su pronóstico en términos especulativos: habló de posibles sorpresas y pidió esperar los acontecimientos. Esa cautela contrasta con la contundencia de la frase sobre una eventual prisión y deja abierta la diferencia entre una hipótesis política y un hecho judicial confirmado.
El antecedente de las acusaciones sobre consumo de drogas
Las declaraciones se producen después de la fuerte disputa que Leyva protagonizó con Petro en abril de 2025. En una carta divulgada en la red X, el exministro aseguró que el entonces mandatario tenía un problema de drogadicción y relató que, durante una visita oficial a París en octubre de 2023, habría desaparecido durante dos días. Leyva afirmó que en esa ocasión pudo confirmar el supuesto consumo de drogas, pero no presentó pruebas públicas que respaldaran sus señalamientos.
Petro respondió que había sido calumniado. Explicó que durante esos días estuvo con su hija y sus nietos radicados en París, y sostuvo que una visita oficial de un jefe de Estado cuenta con protección permanente del servicio secreto francés. El presidente añadió, en tono irónico, que era “adicto al amor” y posteriormente afirmó que su única adicción era el café.
El episodio tuvo efectos políticos inmediatos. Sectores de la oposición solicitaron al Congreso que Petro se sometiera a exámenes toxicológicos y psiquiátricos para determinar si estaba en condiciones de gobernar. Las llegadas tardías del mandatario a actos públicos también fueron utilizadas como argumento por sus contradictores, aunque esos hechos no constituyen por sí mismos evidencia de consumo de sustancias. En el pasado, cuando era candidato, Petro pidió disculpas por asistir ebrio a un acto público.
La referencia a Armando Benedetti y el debate antidrogas
En la misma carta, Leyva aludió a un colaborador muy cercano de Petro que supuestamente consumiría cocaína. La referencia fue interpretada como un señalamiento contra Armando Benedetti, entonces ministro del Interior y una de las figuras más influyentes del Gobierno. Benedetti ha reconocido que tuvo problemas de consumo y que recibió tratamiento para superar su adicción, pero esa admisión no prueba por sí sola las acusaciones específicas formuladas por Leyva contra otros funcionarios.
El debate se mezcló con la política antidrogas del Gobierno. Petro ha cuestionado la estrategia tradicional de lucha contra el narcotráfico, ha defendido un cambio de enfoque y ha señalado en distintas intervenciones que el alcohol puede causar más muertes que la cocaína. También ha planteado la discusión sobre una eventual regulación de esa sustancia. Sus opositores han utilizado esas posiciones para acusarlo de minimizar los riesgos del consumo, mientras que el Gobierno las presenta como parte de una crítica a las políticas prohibicionistas.
La JEP como telón de fondo institucional
La entrevista no se limitó al futuro judicial de Petro. Leyva fue consultado inicialmente por la situación de la JEP, institución creada para investigar los crímenes más graves del conflicto armado y juzgar a quienes se acojan al sistema de justicia transicional. La entidad enfrenta restricciones presupuestales y cuestionamientos sobre el ritmo y el alcance de sus decisiones, especialmente por el tiempo transcurrido desde la firma del acuerdo de paz en 2016.
La conexión entre ambos temas es principalmente política. La discusión sobre la JEP refleja las tensiones alrededor del legado del acuerdo de paz, mientras que las advertencias contra Petro trasladan el debate hacia su responsabilidad personal y su futuro después del poder. En ambos casos, la incertidumbre institucional puede ser aprovechada por los distintos sectores para reforzar sus posiciones, pero también puede aumentar la polarización si las afirmaciones no se acompañan de documentos, decisiones oficiales o evidencias comprobables.
Qué tendría que ocurrir para que la advertencia se convierta en un caso judicial
Una eventual investigación en Estados Unidos tendría que superar varias etapas antes de desembocar en una condena o una detención. Sería necesario identificar la autoridad competente, establecer la conducta investigada, determinar la jurisdicción aplicable y reunir pruebas suficientes para presentar cargos. Si se tratara de hechos ocurridos fuera del territorio estadounidense, también entrarían en discusión las reglas de competencia, la cooperación internacional y la posible inmunidad asociada al ejercicio de funciones oficiales.
Hasta que no aparezca información verificable sobre una acusación, una citación, una orden judicial o un comunicado de las autoridades correspondientes, la posibilidad de encarcelamiento mencionada por Leyva debe entenderse como una advertencia política y no como una conclusión legal. La frase, no obstante, añade presión a un expresidente que continúa en el centro de controversias nacionales e internacionales y muestra que sus antiguos aliados siguen desempeñando un papel relevante en la disputa pública sobre su legado y sus responsabilidades.
