El acceso a la vivienda se ha convertido en una dificultad que ya no afecta únicamente a los jóvenes. Cada vez más personas mayores de 40 años, incluso con empleo y una situación económica relativamente estable, encuentran obstáculos para comprar o alquilar un inmueble. Los precios elevados, el coste de las reformas, las exigencias de las entidades financieras y los requisitos impuestos por los propietarios están ampliando el perfil de quienes quedan excluidos del mercado residencial.
El caso de Sherezade Goya y su pareja refleja esta situación. A sus 41 años, ambos buscan una vivienda en propiedad, pero calculan cada paso con cautela ante el importe de la operación. “Me siento así, tengo 41 años y te preguntas: ¿puedo asumir este gasto?”, explica. El problema no termina cuando encuentran un piso que encaja con sus necesidades: una vivienda que les gusta puede dejar de ser viable cuando se suman las obras y las reformas necesarias.
Una compra que depende de dos ingresos
Goya acaba de aprobar una oposición, un logro que, en principio, debería aportar mayor seguridad laboral. Sin embargo, esa estabilidad no garantiza el acceso a una hipoteca. La pareja reconoce que está buscando casa, aunque considera que el proceso es difícil incluso compartiendo los gastos. “Lo hacemos en pareja; de otra manera no nos lo podríamos permitir”, señala.
La capacidad de compra queda condicionada por varios factores al mismo tiempo: el precio de la vivienda, los ahorros disponibles para afrontar la entrada y los gastos asociados, el coste de las reformas y la evaluación que realiza el banco sobre la solvencia de los solicitantes. En ese contexto, contar con un contrato estable puede no ser suficiente. La entidad financiera debe valorar también el nivel de endeudamiento y el riesgo de que la cuota mensual comprometa una parte excesiva de los ingresos.
La pareja asegura que ha recibido una respuesta negativa de su banco: “Nos ha dicho que no”. El rechazo ilustra una de las principales barreras del mercado actual. El deseo de comprar y la capacidad de pagar una cuota no siempre coinciden con los criterios utilizados para conceder financiación. Cuando la operación depende de dos salarios, cualquier variación en los ingresos, una deuda previa o la necesidad de realizar obras puede alterar el resultado.
El alquiler exige más garantías y más ingresos
La presión también se extiende al mercado del alquiler. Terese Sánchez, de la inmobiliaria TenTuEspacio, explica que las dificultades afectan tanto a los jóvenes como a los mayores de 40 años. Según su experiencia, los candidatos deben presentar cada vez más condiciones para acceder a una vivienda, mientras los precios alcanzan niveles que reducen el margen de los hogares.
Una pareja que acaba de visitar un piso cuenta que el alquiler solicitado asciende a 2.000 euros y que las condiciones son “muy estrictas”. Aunque ambos trabajan, describen la búsqueda como complicada por la cantidad de requisitos. La petición de nóminas, contratos, avales, seguros o garantías adicionales puede dejar fuera a personas con ingresos, pero sin suficiente ahorro o con una trayectoria laboral que no encaja en los criterios del arrendador.
Esta selección más exigente no solo afecta a quienes tienen salarios bajos. También perjudica a hogares que necesitan destinar una proporción elevada de sus ingresos al alquiler en zonas donde la oferta es limitada. La consecuencia es que disponer de empleo no garantiza encontrar una vivienda adecuada ni poder asumirla sin recortar otros gastos esenciales.
Propietarios que retiran sus viviendas del mercado
Sánchez señala además que algunos propietarios han decidido retirar sus anuncios de alquiler debido a la inseguridad jurídica que, a su juicio, generan los cambios normativos continuos. Esa percepción introduce otro elemento de tensión: mientras los inquilinos reclaman precios asumibles y contratos estables, algunos dueños consideran que alquilar implica riesgos o una mayor dificultad para recuperar el inmueble en caso de conflicto.
La retirada de viviendas reduce la oferta disponible y puede aumentar la competencia entre los candidatos. No obstante, la valoración de la seguridad jurídica es un asunto discutido y depende de la perspectiva de cada parte. Para los inquilinos, una mayor protección puede ser necesaria ante el encarecimiento y la precariedad residencial; para los propietarios, las obligaciones y limitaciones percibidas pueden influir en su decisión de alquilar o vender.
Del inversor al comprador que busca su primera casa
La profesional inmobiliaria observa también un cambio en el perfil de la demanda. Según explica, ya no predominan los inversores, sino personas que pretenden adquirir su primera vivienda o comprar una segunda residencia en una zona costera. Muchos visitantes realizan sus cálculos y abandonan la agencia con expectativas, pero después comunican que el banco no les ha concedido la hipoteca.
Ese desfase entre la intención de compra y la financiación disponible puede enfriar operaciones y prolongar la permanencia de los hogares en el alquiler. También favorece que algunas personas retrasen la emancipación, renuncien a cambiar de vivienda o mantengan durante más tiempo soluciones compartidas. La dificultad no se limita, por tanto, a la falta de inmuebles: también está relacionada con la imposibilidad de convertir una demanda real en una operación financiable.
Compartir vivienda a los 50 años
Mercedes representa el extremo más severo de esta tendencia. A sus 50 años, no ha podido comprar ni alquilar una vivienda independiente y paga 400 euros por una habitación. “No puedo ahorrar, no llego a final de mes”, afirma. Su situación muestra cómo el alquiler compartido, tradicionalmente asociado a estudiantes o trabajadores jóvenes, se está convirtiendo también en una alternativa para personas adultas que no consiguen acceder a un hogar propio.
Cuando una parte importante de los ingresos se destina a la vivienda, la posibilidad de ahorrar para una entrada, afrontar una mudanza o responder a un imprevisto desaparece. El problema se vuelve circular: sin ahorro resulta difícil comprar, y con un alquiler elevado tampoco se genera la capacidad económica necesaria para hacerlo. Los testimonios recogidos muestran así una transformación del problema residencial: la edad y el empleo ya no bastan para asegurar el acceso a una vivienda, mientras el mercado exige simultáneamente más ingresos, más garantías y una mayor capacidad de ahorro.
