La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió sobre una propuesta del Departamento de Defensa de Estados Unidos que, si recibe la aprobación del Congreso, podría restringir de forma significativa el acceso público a información que actualmente debe ser divulgada. La organización incluyó el caso en su informe sobre libertad de prensa como una nueva señal de presión sobre los mecanismos de transparencia gubernamental.
El proyecto pretende otorgar nuevas facultades a quien ocupe la Secretaría de Defensa para decidir que determinados documentos no sean publicados, incluso cuando no estén clasificados por razones de seguridad nacional. La medida afectaría información que hoy puede solicitarse mediante las leyes estatales de acceso a registros públicos o a través de la Ley de Libertad de Información, conocida por sus siglas en inglés como FOIA.
El punto de conflicto está en la categoría CUI
La propuesta permitiría al secretario de Defensa designar unilateralmente una amplia variedad de documentos de interés público como “información controlada no clasificada”, o CUI. Esta categoría no equivale formalmente a la información clasificada, pero puede imponer límites sobre su distribución, conservación y divulgación. En la práctica, el cambio trasladaría una parte decisiva de la discusión desde los procedimientos ordinarios de acceso público hacia una determinación interna del propio Departamento de Defensa.
La SIP sostiene que el riesgo principal no reside únicamente en la existencia de una nueva etiqueta administrativa, sino en quién tendría la capacidad de aplicarla y con qué criterios. Si una autoridad puede convertir información no clasificada en material restringido sin una revisión externa clara, la clasificación podría utilizarse para impedir el conocimiento de decisiones, contratos, evaluaciones, auditorías o actuaciones administrativas que tengan relevancia para la ciudadanía.
La organización advierte que, bajo ese escenario, “cualquier información que el Gobierno no quiera divulgar” podría ser designada como CUI y mantenerse reservada. Esa formulación expresa la preocupación central del debate: que una herramienta concebida para proteger datos sensibles termine funcionando como una excepción amplia frente a las obligaciones de transparencia.
Transparencia y seguridad no son conceptos equivalentes
El Departamento de Defensa maneja información cuya divulgación puede comprometer operaciones militares, capacidades tecnológicas, datos personales o relaciones con gobiernos aliados. La protección de esos contenidos constituye una función legítima del Estado. Sin embargo, la existencia de información sensible no elimina la necesidad de establecer límites precisos, controles independientes y mecanismos para impugnar decisiones de reserva.
La diferencia entre clasificar información por motivos de seguridad nacional y restringir información no clasificada resulta determinante. En el primer caso existen procedimientos específicos y categorías formalmente reconocidas. En el segundo, una definición extensa de CUI podría ampliar el margen administrativo para negar solicitudes sin demostrar que la publicación produciría un daño concreto.
Por eso, la discusión no se limita a la relación entre periodistas y autoridades militares. También involucra a investigadores, organizaciones de derechos civiles, legisladores, tribunales, organismos de control y ciudadanos que necesitan consultar registros para evaluar cómo se utilizan los recursos públicos. Una reducción del acceso documental puede dificultar la verificación independiente de decisiones oficiales y debilitar la rendición de cuentas.
El impacto sobre el periodismo de investigación
El acceso a documentos públicos suele ser una pieza esencial para reconstruir hechos que no aparecen en comunicados oficiales. Las solicitudes amparadas en la FOIA permiten contrastar versiones, identificar cambios en políticas, conocer los criterios empleados por una agencia y seguir el destino de fondos públicos. Cuando una institución puede cerrar ese acceso mediante una categoría administrativa de alcance incierto, la investigación periodística queda más expuesta a depender de filtraciones o de fuentes que no siempre pueden ser corroboradas.
La consecuencia también puede ser preventiva. Aunque un documento no sea formalmente secreto, los reporteros podrían dejar de solicitarlo o publicar información relacionada por temor a enfrentar disputas legales, restricciones profesionales o acusaciones de manejo indebido. Ese efecto de incertidumbre reduce la capacidad de la prensa para fiscalizar a una de las áreas más poderosas del Gobierno federal.
La SIP ha señalado de manera recurrente que la libertad de prensa no depende solo de la ausencia de censura directa. También exige que los medios puedan acceder a información suficiente para investigar y que las instituciones públicas expliquen sus decisiones. Desde esa perspectiva, una norma que amplíe las zonas de reserva puede afectar la libertad informativa aun cuando no prohíba expresamente la publicación de noticias.
La decisión del Congreso definirá el alcance real
La propuesta todavía enfrenta el proceso legislativo, por lo que su contenido y sus efectos podrían cambiar antes de una eventual aprobación. El Congreso tendrá que determinar si las nuevas facultades incluyen criterios objetivos, plazos de reserva, revisiones periódicas y vías eficaces de apelación. También deberá precisar si la designación como CUI puede aplicarse de manera general o únicamente a documentos que contengan riesgos identificables.
La calidad de esos controles será decisiva. Una definición demasiado amplia, combinada con decisiones unilaterales y una supervisión limitada, podría convertir la excepción en la regla. En cambio, requisitos de justificación, revisión independiente y publicación de estadísticas sobre las solicitudes rechazadas permitirían evaluar si la herramienta protege información legítimamente sensible o si se utiliza para evitar el escrutinio público.
El caso coloca nuevamente en el centro una tensión permanente de las democracias: la protección de la seguridad nacional debe convivir con el derecho de la sociedad a conocer cómo actúan sus instituciones. Para la SIP, el peligro consiste en que una reforma presentada como mecanismo de control de información termine ampliando el secreto más allá de lo necesario. La decisión del Congreso determinará si la categoría CUI se mantiene como una salvaguarda delimitada o se convierte en una vía adicional para restringir el acceso a información de interés público.
