La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por un proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei que contempla penas de cárcel para quienes participen, con financiamiento o respaldo extranjero, en acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de “desinformación masiva”. El organismo considera que la amplitud de esas definiciones podría producir un efecto inhibitorio sobre periodistas y medios de comunicación en Argentina.
La advertencia fue incluida en un informe aprobado este domingo en Bogotá, durante la 82ª Asamblea General de la SIP. El documento sostiene que las tensiones entre el poder político y la prensa continúan en el país y relaciona la iniciativa legislativa con un contexto más amplio de ataques verbales contra periodistas, restricciones al acceso a la información pública y decisiones judiciales que han afectado coberturas informativas.
Una ley con conceptos difíciles de delimitar
La iniciativa, denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, prevé sanciones para quienes actúen por cuenta, orden o financiamiento extranjero con el propósito de influir en elecciones o alterar la opinión pública a través de campañas coordinadas. Para la SIP, el problema central no reside únicamente en la posibilidad de imponer penas de prisión, sino en la falta de precisión de expresiones como “desinformación”, “manipular la opinión pública” y “campaña coordinada”.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), cuyas objeciones fueron recogidas por la SIP, sostiene que esas categorías podrían abarcar investigaciones, publicaciones o coberturas legítimas si las autoridades las consideran perjudiciales para el Gobierno. El riesgo señalado es que periodistas y editores opten por no abordar asuntos controvertidos, especialmente aquellos vinculados con elecciones, seguridad, economía o relaciones internacionales, para evitar consecuencias penales.
En materia de libertad de expresión, la precisión legal resulta decisiva. Las conductas destinadas deliberadamente a cometer fraude, interferir en un proceso electoral o coordinar operaciones de manipulación pueden ser investigadas bajo reglas específicas. Sin embargo, cuando la ley utiliza conceptos amplios sin establecer criterios verificables para distinguir una operación ilícita de un trabajo periodístico, aumenta el margen de discrecionalidad de los funcionarios y de los tribunales.
El antecedente de las declaraciones oficiales
El informe de la SIP también menciona declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien el 25 de agosto sostuvo que la Justicia debía intervenir ante una publicación periodística que consideraba falsa y planteó la necesidad de una ley para castigar ese tipo de conductas. Milei respaldó posteriormente esa posición, reforzando la preocupación de las organizaciones periodísticas sobre el posible uso de una norma penal para responder a contenidos considerados desfavorables por el poder político.
La controversia plantea una tensión entre dos objetivos que pueden ser legítimos, pero no son equivalentes: combatir campañas coordinadas de manipulación y proteger el debate público frente a informaciones falsas, por un lado, y sancionar errores, críticas o investigaciones periodísticas, por otro. La diferencia depende de la prueba de la intención, la existencia de coordinación, la proporcionalidad de la respuesta y las garantías para que las autoridades no sean juez y parte frente a las publicaciones que las cuestionan.
Restricciones y episodios que preocupan a la prensa
La SIP señaló que persisten las controversias por las limitaciones al ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada. También registró denuncias sobre restricciones en la Cámara de Diputados y en el Ministerio de Economía. El acceso a funcionarios, documentos y espacios institucionales no es un asunto meramente operativo: condiciona la capacidad de los medios para verificar decisiones públicas y ofrecer información independiente a la ciudadanía.
Entre los episodios considerados más graves, el organismo recordó un hecho ocurrido en septiembre en la provincia de Formosa. Un juez condenó a cinco días de arresto, sustituibles por una multa, a cuatro integrantes del equipo periodístico del programa “Hambre de Futuro”, de La Nación+, por realizar entrevistas y filmar en la comunidad de San José. Para la SIP, el caso refleja cómo decisiones judiciales o administrativas pueden terminar afectando actividades periodísticas ordinarias, particularmente cuando se desarrollan en comunidades alejadas de los centros de poder.
La dimensión de los ataques contra periodistas
A petición de ADEPA, el informe incorporó datos sobre la intensidad de las descalificaciones públicas de Milei contra la prensa. Según la información presentada por la asociación, entre el 17 y el 23 de agosto el presidente republicó 335 mensajes dirigidos contra medios o periodistas, difundió 26 publicaciones propias y realizó 21 alusiones despectivas al periodismo durante intervenciones públicas.
El relevamiento identifica señalamientos contra al menos 16 periodistas, mencionados con nombre y apellido, y contra nueve medios de comunicación. La SIP considera que la reiteración y la exposición desde la cuenta y la voz del jefe de Estado pueden aumentar la presión sobre los profesionales señalados, incluso cuando no exista una orden directa contra ellos. En un entorno de alta polarización, una descalificación presidencial puede traducirse en hostigamiento digital, amenazas o pérdida de condiciones para desarrollar una cobertura normal.
El organismo también recordó el discurso pronunciado por Milei a finales de agosto en una escuela secundaria de Buenos Aires, donde sus palabras provocaron un abucheo de los estudiantes contra la prensa. El episodio generó un fuerte escándalo en Argentina y mostró que la disputa entre el Gobierno y los medios no permanece confinada a las redes sociales o a los intercambios entre dirigentes: también puede proyectarse sobre espacios educativos y públicos.
Una disputa que excede el texto legislativo
La preocupación expresada en Bogotá apunta, en última instancia, a la combinación de tres factores: una propuesta penal con conceptos abiertos, restricciones prácticas al acceso a la información y una retórica presidencial que identifica a sectores de la prensa como adversarios políticos. Cada elemento puede tener efectos distintos, pero juntos pueden modificar el comportamiento de los medios y reducir la disposición a investigar asuntos sensibles.
La 82ª Asamblea General de la SIP, iniciada el jueves en Bogotá, reunió a representantes de medios de América y España para debatir sobre libertad de prensa, inteligencia artificial, sostenibilidad económica y los desafíos del periodismo independiente. En ese marco, el caso argentino se presenta como una prueba relevante para determinar hasta dónde puede avanzar un Estado en la regulación de la desinformación sin convertir esa herramienta en un mecanismo de presión contra la crítica, la investigación y el control público del poder.
