Inicio / Noticias / Internacional / La salida de Colombia del Grupo de La Haya reabre el debate sobre su política exterior frente a GazaEl anuncio de Colombia de retirarse del Grupo de La Haya, y de abandonar simultáneamente la copresidencia que ejercía junto con Sudáfrica, no es una modificación protocolaria menor. La decisión, comunicada el 15 de octubre por el canciller Omar Bula, altera la posición de uno de los países latinoamericanos que habían asumido un papel visible en la coordinación internacional relacionada con la guerra entre Israel y Palestina. También introduce una tensión difícil de resolver: cómo defender el multilateralismo y el derecho internacional sin quedar asociado, según la interpretación del Gobierno colombiano, a una estrategia de aislamiento político contra Israel.El Grupo de La Haya fue constituido el 31 de enero de 2025 por Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica. Su propósito declarado era respaldar las posiciones de organismos internacionales de justicia y coordinar respuestas frente a la situación palestino-israelí. En ese marco, la copresidencia colombiana representaba algo más que un cargo administrativo: expresaba la voluntad de varios países del sur global de trasladar el centro de la discusión desde las alianzas militares y diplomáticas tradicionales hacia las obligaciones derivadas del derecho internacional.Una ruptura con el lenguaje político que había acompañado la copresidenciaLa explicación oficial se concentra en el enfoque del grupo. Bula afirmó que Colombia solicitó su retiro porque se trataría de una coalición «creada para aislar y atacar a Israel», una orientación que el Gobierno rechaza. Esa formulación delimita la diferencia entre dos formas de entender la presión internacional. Para los integrantes del grupo y sus simpatizantes, recurrir a mecanismos jurídicos, restricciones de cooperación o medidas coordinadas puede ser una manera de hacer efectivo el derecho internacional cuando las instituciones políticas no consiguen detener la violencia. Para la Cancillería colombiana, en cambio, esa misma coordinación puede transformarse en una política de señalamiento unilateral que debilite la posibilidad de negociar.El cambio resulta significativo porque Colombia no se había presentado hasta ahora como un actor indiferente frente a Gaza. La defensa de los derechos de la población palestina, las críticas a los daños contra civiles y la reivindicación de la solución negociada habían ocupado un lugar relevante en el discurso exterior del Gobierno. Por eso, la salida no equivale necesariamente a un abandono de esas preocupaciones, pero sí indica que Bogotá quiere separar su respaldo a la justicia internacional de una plataforma que considera políticamente desequilibrada.La distinción tendrá que demostrarse con decisiones concretas. Mantener el compromiso con la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, apoyar investigaciones judiciales o promover corredores humanitarios exige acciones verificables, no solo una declaración de independencia diplomática. Si Colombia abandona un espacio de coordinación y no lo reemplaza con iniciativas dentro de Naciones Unidas, tribunales internacionales o canales de mediación, sus críticos podrán interpretar el giro como una reducción de su influencia y no como una defensa más equilibrada del multilateralismo.El contexto regional: del activismo diplomático a la búsqueda de autonomíaLa política exterior colombiana ha oscilado entre la alineación con socios occidentales, la solidaridad latinoamericana y una mayor autonomía frente a las grandes potencias. Esa oscilación se hizo especialmente visible con la guerra en Gaza, porque el conflicto obliga a los gobiernos a administrar simultáneamente consideraciones humanitarias, relaciones comerciales, cooperación militar y presión de sus electorados. La decisión de retirarse puede leerse como un intento de corregir el rumbo después de una etapa en la que el Gobierno buscó darle a Colombia un perfil más activo dentro del sur global.La autonomía, sin embargo, no significa actuar en un vacío. Colombia forma parte de Naciones Unidas, está vinculada por tratados de derechos humanos y tiene una trayectoria de participación en mecanismos regionales de solución de controversias. Cuando un país preside un grupo internacional, sus decisiones también son observadas por aliados, organismos judiciales y organizaciones humanitarias. El costo de modificar la línea no se limita a la imagen: puede influir en la confianza con la que otros Estados acepten su mediación en asuntos latinoamericanos, incluidos Venezuela, la frontera colombo-venezolana y la implementación de acuerdos de paz.El caso de Sudáfrica ayuda a entender la dimensión política del episodio. Pretoria ha convertido la defensa de la causa palestina y el recurso a instancias judiciales internacionales en una de sus principales banderas diplomáticas. Colombia no necesariamente comparte toda la estrategia sudafricana, pero su copresidencia había servido para conectar esa agenda con América Latina. Al apartarse, Bogotá reduce el puente entre ambas regiones y deja a los otros siete países la tarea de preservar la continuidad de una coalición cuya legitimidad ya dependía de demostrar que no era únicamente un mecanismo de condena política.La primera consecuencia es institucional; la segunda, narrativaEn el plano inmediato, Colombia pierde capacidad para fijar prioridades, redactar comunicados y convocar reuniones en nombre del grupo. La salida de un copresidente puede ralentizar la coordinación, aunque no disuelva la coalición. El efecto dependerá de si los miembros restantes consiguen nombrar una nueva conducción, ampliar su base o convertir sus propuestas en medidas respaldadas por organismos con mayor autoridad. Un grupo pequeño puede influir si articula posiciones con resoluciones, litigios o decisiones nacionales; también puede volverse simbólico si sus declaraciones no producen consecuencias prácticas.La dimensión narrativa puede ser más duradera. El Gobierno presentará la retirada como una defensa de un multilateralismo no selectivo, mientras que sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos la describirán como un retroceso. La senadora Alejandra Omaña Ortiz, integrante del Pacto Histórico, sostuvo que Colombia abandona un espacio creado para exigir respeto por el derecho internacional y por la Corte Internacional de Justicia mientras continúan las violencias contra la población palestina. Esa crítica apunta a una contradicción central: denunciar la politización del derecho puede parecer razonable, pero retirarse precisamente cuando se discuten posibles crímenes graves también puede ser leído como una forma de evitar responsabilidades políticas.La disputa no se resolverá con la etiqueta de «proisraelí» o «propalestino». El punto decisivo será si Colombia mantiene una posición consistente ante ataques contra civiles, desplazamientos forzados, toma de rehenes, restricciones a la ayuda humanitaria y eventuales investigaciones sobre violaciones del derecho internacional humanitario, sin importar quién sea el responsable. Una política exterior creíble debe aplicar el mismo estándar a todas las partes. La salida del Grupo de La Haya eleva, por tanto, la exigencia de coherencia sobre cada pronunciamiento posterior de la Cancillería.El impacto interno: derechos humanos, coalición de Gobierno y opinión públicaLa controversia también afecta el debate colombiano sobre el lugar de los derechos humanos en la política exterior. Para una parte de la sociedad, la experiencia histórica del país —marcada por décadas de conflicto armado, desplazamiento y búsqueda de justicia— favorece una postura activa frente a las víctimas en otros escenarios. Desde esa perspectiva, apoyar mecanismos internacionales no es una desviación ideológica, sino una extensión de las lecciones aprendidas en procesos de verdad, reparación y rendición de cuentas.Para otra parte del electorado, la prioridad es evitar que Colombia se comprometa en disputas lejanas de manera que perjudique sus relaciones económicas o limite su margen de negociación. El Gobierno puede estar intentando responder a esa preocupación al marcar distancia de una coalición descrita oficialmente como orientada a «aislar y atacar» a Israel. Pero este cálculo tiene riesgos: si el cambio se percibe como una concesión coyuntural y no como una doctrina estable, puede intensificar la polarización y alimentar la impresión de que la política exterior depende de la coyuntura electoral.La referencia del Gobierno a la ONU ofrece una posible salida institucional. Bogotá podría trasladar su actividad a resoluciones, comisiones de investigación, debates sobre ayuda humanitaria y esfuerzos de mediación con un lenguaje menos confrontativo. Esa vía permitiría conservar una voz propia, aunque sería menos visible que la copresidencia de un grupo creado específicamente alrededor del conflicto. También obligaría a Colombia a aceptar que los resultados multilaterales son más lentos y que una posición equilibrada no siempre satisface a los sectores que reclaman medidas inmediatas.Qué puede definir el balance a largo plazoEl balance final dependerá de tres pruebas. La primera será la consistencia: Colombia deberá explicar cómo su defensa de la solución pacífica de controversias se traduce en acciones ante nuevas escaladas, independientemente de las alianzas de cada actor. La segunda será la capacidad de influencia: si la salida disminuye la presencia colombiana en foros judiciales y humanitarios, el Gobierno tendrá que mostrar qué mecanismos alternativos le permiten intervenir con eficacia. La tercera será la transparencia: las razones del retiro, los compromisos que permanecen vigentes y las instrucciones impartidas a la delegación colombiana en Naciones Unidas deberían quedar claramente documentados.El acuerdo anunciado entre Hamás e Israel sobre una primera fase de alto el fuego, con liberación de rehenes y excarcelación de prisioneros palestinos, muestra que las dinámicas diplomáticas pueden cambiar rápidamente. Un escenario de tregua no elimina las preguntas sobre la responsabilidad por los daños ya causados ni las necesidades de reconstrucción de Gaza. Tampoco vuelve irrelevante el debate sobre qué instituciones deben supervisar los compromisos. Para Colombia, ese entorno cambiante puede abrir una oportunidad de mediación, pero solo si su retiro del Grupo de La Haya no es interpretado como renuncia a exigir protección para los civiles.La decisión, en definitiva, reduce la presencia colombiana en una coalición concreta, pero no determina por sí sola el sentido completo de su política exterior. Su alcance histórico dependerá de lo que ocurra después: si Bogotá utiliza su distancia para promover una agenda jurídica aplicable a todas las partes, habrá defendido una autonomía con contenido. Si la retirada queda como un gesto aislado sin iniciativas equivalentes, prevalecerá la lectura de un repliegue. En un conflicto donde cada palabra tiene efectos diplomáticos y humanos, la credibilidad se medirá menos por el anuncio que por la continuidad de las acciones.