El Pentágono se enfrenta a una fuerte controversia por su decisión de retransmitir en directo la ejecución de Nidal Hasan, condenado a muerte por matar a 13 personas en 2009, durante un tiroteo en la base militar de Fort Hood. La medida convertiría el ajusticiamiento en la primera ejecución mediante pelotón de fusilamiento en las Fuerzas Armadas estadounidenses desde 1945.
Transparencia frente a espectáculo
Hasan, antiguo psiquiatra del Ejército, fue condenado en 2013. El caso ya estaba marcado por la gravedad del ataque y por el largo recorrido judicial de la sentencia. La retransmisión añade ahora una dimensión institucional: el debate no se centra únicamente en la aplicación de la pena capital, sino en si el Estado debe transformar un acto irreversible y reservado en un acontecimiento accesible al público.
Los defensores de la transmisión pueden presentarla como una fórmula de transparencia, especialmente en un procedimiento militar que despierta interés nacional. Sin embargo, la visibilidad no garantiza por sí sola una mayor rendición de cuentas. También puede diluir la solemnidad del proceso, exponer a las familias de las víctimas a una nueva cobertura mediática y convertir la muerte del condenado en un contenido de consumo masivo.
La elección del pelotón de fusilamiento refuerza además el carácter excepcional del episodio. No se trata solo de ejecutar una sentencia dictada hace años, sino de recuperar un método que las Fuerzas Armadas no emplean desde hace ocho décadas y hacerlo ante las cámaras. La decisión del Pentágono plantea así una pregunta más amplia: dónde debe situarse el límite entre el derecho de la sociedad a conocer una actuación pública y la obligación de evitar que la violencia estatal se convierta en espectáculo.
