La amputación de la mano de un estudiante de 15 años en Lens ha convertido la respuesta policial a las movilizaciones estudiantiles en una nueva crisis política en Francia. El menor resultó herido el 5 de octubre por la explosión de una granada aturdidora frente a su instituto. Su madre presentó una denuncia y la investigación deberá determinar las circunstancias exactas del lanzamiento y el cumplimiento de los protocolos policiales.
El caso no es aislado. Tres días antes, un joven de 16 años perdió un ojo durante el bloqueo de un centro de secundaria en Tours. En Argenteuil, otro estudiante de la misma edad sufrió daños parciales en la visión tras recibir el impacto de un proyectil LBD. Un alumno de 14 años resultó además herido en la mandíbula por un lanzagranadas Cougar, utilizado habitualmente por las fuerzas antidisturbios para dispersar concentraciones.
Una suspensión anunciada y después corregida
La gravedad de las lesiones llevó al ministro del Interior, Laurent Nuñez, a anunciar la suspensión de este armamento durante el movimiento estudiantil. Sin embargo, el Gobierno rectificó posteriormente y autorizó su empleo en las protestas del 17 de octubre. Ese cambio alimentó las dudas sobre la coherencia de la política de orden público y sobre el margen real de decisión de los mandos policiales en escenarios de alta tensión.
Durante aquella jornada, un joven de 17 años perdió la mano derecha por la explosión de una granada en Saint-Étienne. Otros dos, de la misma edad, perdieron la visión de un ojo en Mulhouse y Dijon. Los episodios coincidieron con movilizaciones contra los recortes presupuestarios, que han reunido a miles de estudiantes y han dejado unos 5.000 detenidos y varios centenares de heridos tras semanas de protestas.
El riesgo de unas armas concebidas para dispersar
Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Consejo de Europa reclaman desde 2019 la suspensión de los proyectiles LBD-40 y de las granadas GLI-F4. Estas últimas han sido sustituidas por las GM2L, pero la controversia continúa porque mantienen una combinación de explosión, ruido, destello y gas lacrimógeno capaz de causar lesiones graves.
Anja Bienert, del Programa de Policía y Derechos Humanos de Amnistía Internacional, cuestiona la precisión de los proyectiles de impacto cinético y señala que los agentes no siempre reciben formación y supervisión suficientes. En el caso de las granadas, el problema es doble: el gas debería provocar la dispersión de la multitud, mientras que la detonación puede aturdir a las personas e impedirles escapar. Esa combinación, sostiene, puede transformar una herramienta de control en un mecanismo de daño indiscriminado.
La cuestión central no es únicamente si un arma está clasificada como “no letal”. Esa denominación puede ocultar que un proyectil mal dirigido o una granada empleada a corta distancia produce amputaciones, pérdida de visión y lesiones permanentes. El criterio relevante debería ser la proporcionalidad entre la amenaza existente y el daño previsible del dispositivo utilizado.
De la contención al contacto directo
El abogado Arié Alimi, de la Liga de Derechos Humanos, sostiene que la doctrina francesa de mantenimiento del orden ha cambiado. Según su interpretación, antes se buscaba mantener la distancia entre agentes y manifestantes para evitar enfrentamientos; en los últimos años, la intervención se ha orientado con mayor frecuencia al contacto directo y a la neutralización rápida de individuos.
La experiencia de Jérôme Rodrigues ilustra las consecuencias de esa evolución. En enero de 2019, durante una protesta de los chalecos amarillos en París, recibió en el rostro el impacto de un LBD mientras sostenía un bocadillo y un teléfono móvil. Perdió el ojo derecho. Ocho años y medio después, el agente que disparó todavía no ha sido condenado y el juicio está previsto para junio de 2027.
Rodrigues forma parte de los 32 manifestantes que perdieron un ojo durante las protestas de 2018 y 2019, según datos presentados ante la Asamblea Nacional. Un estudio del sociólogo Matthijs Gardenier, de la Universidad de Montpellier Paul-Valéry, contabilizó además miles de heridos y seis personas con amputaciones de manos. Estas cifras explican por qué la discusión actual excede los incidentes concretos y alcanza a la formación, la cadena de mando y la rendición de cuentas.
Una tensión que también es institucional
La actuación policial se desarrolla mientras el Gobierno afronta un malestar social vinculado al coste de la vida, la financiación de los centros educativos y el deterioro de las aulas. Para las autoridades, la prioridad es impedir bloqueos y mantener abiertas las vías públicas; para los estudiantes y las organizaciones de derechos humanos, la respuesta armada agrava el conflicto y desplaza el debate desde las demandas sociales hacia la violencia en las calles.
El despliegue anunciado para la manifestación del 24 de octubre, con unidades como la RAID, la BRI, el GIGN y vehículos blindados Centaure, refleja la preocupación oficial por posibles disturbios. También revela una decisión política: tratar una protesta con fuerte presencia juvenil como un problema de seguridad excepcional. Esa estrategia puede contener una jornada concreta, pero corre el riesgo de aumentar la desconfianza si no va acompañada de reglas claras, investigaciones independientes y sanciones cuando se incumplan los protocolos.
Alimi propone tres cambios: incorporar técnicas de desescalada, prohibir las armas que puedan causar mutilaciones y aliviar las causas económicas del descontento. La primera medida afecta a la conducta policial; la segunda, al equipamiento; la tercera, a la raíz del conflicto. Sin actuar sobre las tres dimensiones, Francia seguirá afrontando cada protesta como una emergencia separada, mientras las lesiones acumuladas convierten el uso de armas “no letales” en uno de los principales problemas políticos de su modelo de orden público.
