Inicio / Noticias / Nacional / La reforma cívica de Brugada abre el debate sobre sanciones y proporcionalidadLa jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó una iniciativa para reformar de manera integral la Ley de Cultura Cívica local y aumentar las sanciones por faltas administrativas. El anuncio coloca en el centro una cuestión con efectos cotidianos: cómo hacer cumplir reglas de convivencia sin convertir las infracciones menores en una carga desmedida, especialmente para quienes tienen menos recursos para afrontar multas o trámites.La información disponible no detalla qué conductas cambiarían, cuánto aumentarían las sanciones ni si se modificarían mecanismos alternativos como el trabajo comunitario. Por ello, el alcance real de la propuesta dependerá del texto legislativo y de su discusión. Sin esos elementos, el incremento anunciado no permite anticipar resultados concretos, pero sí identificar los incentivos y riesgos que deberán evaluarse antes de su aplicación.Una herramienta de orden, si mejora el cumplimientoUna sanción más alta puede elevar el costo de incumplir una norma y, en ciertos casos, disuadir conductas que afectan a otras personas o deterioran espacios compartidos. Ese efecto no es automático: depende de que la regla sea conocida, de que la autoridad actúe de manera consistente y de que la consecuencia guarde proporción con la falta. Si las infracciones se detectan y tramitan con claridad, la reforma podría reforzar la previsibilidad de la convivencia urbana.También importa el diseño institucional. Una actualización integral podría servir para ordenar disposiciones que resulten confusas o difíciles de aplicar, siempre que el proyecto efectivamente precise conductas, procedimientos y responsabilidades. Reglas comprensibles facilitan que residentes, visitantes y agentes públicos sepan qué se exige y qué consecuencias existen. La claridad puede ser tan relevante como la severidad: una multa elevada, pero aplicada de manera irregular, difícilmente construye confianza o cumplimiento sostenido.El costo desigual de una misma multaEl principal riesgo distributivo es que una sanción fija pese de forma muy distinta según los ingresos. Para una persona con recursos limitados, el aumento puede comprometer gastos esenciales; para otra, quizá sea apenas un costo asumible. Si el proyecto no contempla criterios de proporcionalidad, opciones de cumplimiento no monetarias o mecanismos accesibles de revisión, la misma falta podría producir consecuencias sociales desiguales aunque la norma se aplique formalmente a todos.Hay además un riesgo de discrecionalidad. Cuando las categorías de infracción son amplias o las pruebas insuficientes, la decisión sobre a quién sancionar puede depender demasiado del criterio de cada agente. Una mayor cuantía intensifica el impacto de cualquier error y aumenta la importancia de notificar con precisión, permitir presentar pruebas y ofrecer recursos eficaces. Sin garantías operativas, el endurecimiento puede multiplicar controversias y erosionar la legitimidad que busca fortalecer.La capacidad administrativa también condiciona el resultado. Si los procedimientos de registro, cobro y resolución de inconformidades no están preparados, pueden acumularse expedientes, retrasarse respuestas y elevarse los costos de gestión. Una sanción que no se cobra de forma consistente puede perder su función disuasoria; una que se aplica con rapidez, pero sin controles suficientes, puede generar abusos. La eficacia exige tanto capacidad de vigilancia como supervisión independiente y datos públicos sobre resultados.La evaluación tendrá que ir más allá de recaudarPara valorar la reforma no bastará con contar multas impuestas o ingresos obtenidos. Conviene observar si disminuyen las conductas que dañan la convivencia, cuántas sanciones se revocan, cuánto tardan los recursos y cómo se distribuyen los efectos entre zonas y grupos sociales. También será relevante conocer si las alternativas a la multa son reales y accesibles. Esos indicadores permitirían distinguir una política preventiva de otra que solo aumenta el castigo sin corregir las causas del incumplimiento.La discusión legislativa será decisiva para despejar las incertidumbres: definición precisa de faltas, graduación de sanciones, criterios para valorar capacidad económica, garantías de defensa y mecanismos de rendición de cuentas. La iniciativa puede fortalecer la vida cívica si combina reglas claras, aplicación pareja y consecuencias proporcionadas. Si la severidad avanza más rápido que esas salvaguardas, el costo podría recaer con mayor fuerza en sectores vulnerables y en la confianza pública. El texto final y la forma de implementarlo determinarán cuál de esos escenarios prevalece.