La Sierra Norte de Guadalajara ha iniciado su recuperación tres meses después del incendio que comenzó en La Mierla el 16 de julio y calcinó más de 34.000 hectáreas. La emergencia concluyó oficialmente el 4 de septiembre, pero el reto actual es reconstruir las condiciones ambientales y económicas de una comarca formada por municipios pequeños y con recursos limitados.
Obras urgentes y protección del agua
La primera fase de intervención ya ha permitido reparar 56,71 kilómetros de caminos en 28 municipios y sustituir 82 señales verticales, especialmente en las carreteras CM-110 y CM-1001. Estas actuaciones responden a necesidades inmediatas de seguridad y acceso, aunque la Administración regional advierte de que podrían ser necesarios nuevos trabajos conforme avance la recuperación del terreno.
El plan autonómico moviliza 22,5 millones de euros: 16 millones para restauración natural, un millón para caminos y 3,5 millones para empresas y autónomos afectados. Ya han comenzado la construcción de 4.300 albarradas y se aplicarán tratamientos fitosanitarios en casi mil hectáreas. El objetivo prioritario es frenar la erosión y evitar que las cenizas y los sedimentos contaminen los embalses de Beleña y Alcorlo, una amenaza que convierte la gestión del suelo en un asunto también de seguridad hídrica.
La retirada de madera quemada empieza ahora, mientras los ayuntamientos tramitan su aprovechamiento. La regeneración del monte, sin embargo, no será inmediata: los primeros brotes se esperan para la próxima primavera. Hasta entonces, los ganaderos seguirán necesitando apoyo por la falta de pastos. El coste de alimentación alcanza unos 2,5 euros diarios por animal, una carga especialmente elevada para explotaciones como la de Fernando Moreno, con alrededor de 350 cabezas.
La respuesta económica también entra en una etapa decisiva. La convocatoria de ayudas cerró con 132 solicitudes, casi el 70 % procedentes del sector turístico, lo que revela el impacto del incendio sobre una actividad esencial para la comarca. Paralelamente, la investigación judicial ya ha iniciado las primeras declaraciones y cuenta con la Junta de Castilla-La Mancha como acusación particular. La recuperación, por tanto, no se limita a reparar infraestructuras: exige sostener a la población mientras el territorio vuelve a ser habitable y productivo.
